En menos de 24 horas, un hombre ha asesinado a sus dos hijas de dos y seis años en Castellón, otro ha matado a su pareja en Bilbao y un tercero a su expareja en Maracena (Granada).
- El común desenlace, independientemente de que haya denuncia o no, pone sobre la mesa que «somos una sociedad que no está sabiendo resolver un problema principal», explica Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres
- «El sistema de valoración de riesgo está fallando y, consecuentemente, todo el sistema de protección», explica Gema Fernández, abogada de Women’s Link.
Con estos últimos, la estadística oficial de casos mortales por violencia machista en lo que va de año asciende a 37 mujeres y tres menores, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Además, 25 niñas y niños se han quedado huérfanos por esta causa.
Las expertas y colectivos feministas hacen hincapié en que no se trata de casos aislados y exigen la implementación total de las medidas que contiene el Pacto de Estado contra la Violencia Machista con el objetivo de garantizar la protección de todas las víctimas. «Cada vez que conocemos este tipo de noticias, somos conscientes de que somos una sociedad que no está sabiendo resolver un problema que es principal», explica Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. Un problema que, según el CIS hecho público este mismo martes, solo un 1,9% de la población sitúa entre los tres principales, muy por detrás de la situación en Catalunya o la inmigración.
A primera hora de la mañana del martes se conoció que un hombre había asesinado durante la madrugada a sus dos hijas de dos y seis años en Castellón. El hombre, que se suicidó posteriormente, había sido denunciado por la madre de las menores, que se había separado el año pasado. El caso, sobre el que unas horas después han trascendido algunos detalles judiciales, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que los menores sean tenidos en cuenta como víctimas directas de la violencia que sufren sus madres, tal y como reconoce la Ley de Protección a la Infancia desde 2015.
Soleto apunta directamente al sistema judicial y asegura que «se toman decisiones que ponen en riesgo el bienestar y la vida de los niños y niñas. Seguimos constatando que, para la justicia, un maltratador sí puede ser un buen padre». Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2017 el régimen de visitas del padre solo se suspendió en un 2,8% de las órdenes de protección adoptadas. Por su parte, la patria potestad lo fue en un 0,4% y solo en un 0,8% se tomaron medidas destinadas a proteger al menor «para evitar un perjuicio o peligro». 27 menores han sido asesinados por violencia machista desde que hay datos oficiales, en 2013.
Precisamente, el caso del padre que ha asesinado a sus dos hijas en Castellón ilustra el periplo judicial al que muchas veces se enfrentan las mujeres que denuncian violencia de género. Y es que hubo dos procedimientos abiertos: el primero, a raíz de un parte médico, fue archivado porque la mujer no denunció. Días después, el Juzgado de Familia reguló el régimen de visitas y dos semanas más tarde, la mujer denunció por amenazas.
La orden de alejamiento solicitada por la víctima fue denegada en un par de ocasiones, con la conformidad de la Fiscalía, y la mujer recurrió la decisión. Sin embargo, posteriormente desistió de continuar y el procedimiento fue archivado. Durante los procedimientos, existió una diligencia policial de valoración de riesgo de la víctima que resultó bajo.
Valoración del riesgo «insuficiente»
«Nos encontramos ante un caso en el que había dos denuncias previas por violencia de género, una de ellas procedente de un parte médico de lesiones, y, aún así, el agresor ha sido capaz de asesinar a sus hijas para hacerle daño a la madre. Que un caso como este haya sido valorado como de riesgo bajo nos está indicando claramente que el sistema de valoración de riesgo está fallando y, consecuentemente, todo el sistema de protección», asegura Gema Ferández, abogada de la organización Women’s Link.
Justo sobre la evaluación policial se ha pronunciado el Ministerio Fiscal en su última memoria, en la que califica de «insuficiente» esta valoración como única herramienta para determinar el riesgo. De hecho, reivindica el uso de otro tipo de instrumentos como el Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo. Sin embargo, y según datos de la propia Fiscalía, solo se utiliza en un 2% de las órdenes de protección solicitadas en las cinco comunidades que dependen del Ministerio de Justicia. Una situación que, según las propias autonomías y el CGPJ, es extensible al resto del territorio.
A pesar de que Soleto reconoce que la violencia machista «es una carrera de fondo y algo con lo que sabemos que no vamos a acabar de un día para otro», hace hincapié en la «urgencia» de llevar a cabo «una evaluación precisa de cuáles son los sistemas de detección de riesgo y protección de la mujer para garantizar que se produce».
Las expertas reivindican poner el foco en los fallos del sistema que relacionan con que, por un lado, la mayor parte de víctimas no denuncien y, por otro lado, con que las que lo hacen no tengan garantizada su protección. De hecho, y precisamente para reforzar los sistemas de detección de la violencia más allá del ámbito judicial y policial y el acompañamiento de las víctimas, el Gobierno aprobó a principios de agosto una de las medidas claves del Pacto contra la Violencia Machista: la acreditación de la situación de violencia independientemente de que se haya denunciado o no. Finalmente, el Ejecutivo decidió que el decreto pasara a ser tramitado como una Proposición de Ley que ya tramita el Congreso.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Gloria Poyatos, apuesta además por fortalecer el ámbito educativo y reivindica formación judicial para todos los operadores jurídicos. «En lo judicial hay carencias, pero hay que mirar más allá, con perspectiva», explica haciendo referencia a que «desde todos los ámbitos hay que empezar a dejar de lado los mensajes que devalúan a la mujer, porque ese tipo de discursos son los que sostienen los casos más graves».
Huérfanos sin pensión garantizada
Al igual que la madre de las niñas asesinadas en Castellón, la mujer asesinada en Bilbao, el último caso producido este martes, había presentado con anterioridad una denuncia por amenazas, por lo que la Ertzaintza, que ha detenido a su pareja, trabaja con la hipótesis de que se trata de un caso de violencia machista.
En ambos casos, los hechos denunciados fueron amenazas, algo sobre lo que el Consejo General del Poder Judicial ha llamado la atención en varios informes. El organismo incide en que la mayor parte de asesinatos machistas están precedidos de denuncias de amenazas y control, no de agresiones físicas graves, y lamenta que estos hechos puedan ser minusvalorados. Este tipo de denuncias, dice el CGPJ, «pueden hacer pensar que no revisten mayor gravedad o peligro para la integridad física de la mujer, pero todas ellas fueron víctimas de muerte violenta».
Según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que aún no ha incorporado el caso de Bilbao a sus estadísticas oficiales, solo ocho mujeres de las 37 asesinadas este año había interpuesto una denuncia contra su agresor. Entre las que no acudieron a la Policía o los juzgados se encuentra la mujer asesinada en Maracena (Granada) este mismo martes. La víctima llamó al 112 desde su domicilio, donde los médicos ya la encontraron muerta. Su pareja ha sido detenido como presunto autor del crimen.
Tanto ella como la mujer asesinada en Euskadi tenían hijos menores de edad -uno la primera, dos la segunda-, que se quedan huérfanos y a la espera de que el sistema les otorgue o no las pensiones de orfandad que les corresponden. Y es que este tipo de ayudas no están todavía garantizadas y las organizaciones lamentan la falta de respuesta de las instituciones respecto a estos menores. De hecho, hace más de un año el Congreso inició los trámites para la aprobación de una proposición de ley que corrija esta situación, pero se encuentra paralizada.
«Existen muchas posibilidades de que estos niños no tengan acceso a la pensión de orfandad», explica Soleto. La fundación que dirige, Fundación Mujeres, gestiona el Fondo de Becas Soledad Cazorla, una iniciativa que ofrece ayudas a los niños y niñas que se quedan huérfanos por violencia machista para suplir las carencias institucionales. «Exigimos el compromiso de las fuerzas políticas para hacer efectiva esta medida con la mayor celeridad posible y para que no vuelva a haber en España un niño que se quede en una situación de indefensión por este motivo».