El instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlasca, decidió ayer imputar al secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, un delito de integración en lo que él define como «el entramado ETA-Batasuna». Después de haberlo llamado a declarar y de interrogarlo al respecto, el magistrado redactó un auto en el […]
El instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlasca, decidió ayer imputar al secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, un delito de integración en lo que él define como «el entramado ETA-Batasuna».
Después de haberlo llamado a declarar y de interrogarlo al respecto, el magistrado redactó un auto en el que sostiene que las conversaciones telefónicas en las que basa su acusación «no son suficientemente explícitas» y que «en el momento actual no se puede concretar la participación» de Díez Usabiaga en los hechos que le imputa.
Primer escándalo: ¿cómo un juez puede formular una acusación para la que él mismo reconoce que no existe suficiente base?
Punto 2. El magistrado se refiere a la hipotética participación del líder sindical vasco en el «entramado ETA-Batasuna». Pero no hay ningún artículo del Código Penal que persiga la integración en «entramados». Lo que el Código castiga es la pertenencia a banda armada, lisa y llanamente. Dicho de otro modo: con independencia de que prefiera no formularlo con demasiada claridad, tal vez por pudor, lo que el juez está imputando al dirigente de LAB es un delito de integración en banda armada. Lo cual encierra el segundo escándalo de este asunto: ¿cómo puede un juez dejar en libertad, sin tomar ninguna medida cautelar, a alguien que, según él, es un terrorista?
Punto 3. La acusación de Grande Marlasca se apoya en unas conversaciones telefónicas, intervenidas por orden judicial, en las que Díez Usabiaga se habría referido a la posibilidad de que la izquierda abertzale presentara a las pasadas elecciones autonómicas unas «listas blancas» (esto es, integradas por personas sin vinculación con Batasuna). Según el juez Grande, tal propósito, que más tarde se materializaría en la presentación de las listas de Aukera Guztiak, respondería a un deseo de ETA, lo cual -siempre según él- convertiría en agente de la organización terrorista a cualquier impulsor de la iniciativa. Pero si hablar a favor de esa posibilidad, según él, constituiría un delito, se supone que mucho más habría de serlo materializarla. Lo que nos conduce directamente al tercer escándalo: ¿por qué llama a declarar y procesa a alguien que habló de ello, pero no a los que finalmente formaron parte de esas «listas blancas»? ¿Desde cuándo es más grave hablar que hacer?
Punto 4. En el momento en el que Díez Usabiaga -y cientos de miles de personas más en Euskadi, incluyéndome a mí mismo- habló de la posible presentación a las elecciones de una plataforma de electores de la izquierda abertzale que no estuviera prohibida, eso ni tenía ni podía tener nada de delictivo. Tanto da que a ETA le pareciera oportuno: también le complace que LAB sea un sindicato con mucho respaldo, y hasta ahora a ningún juez se le ha ocurrido promover la ilegalización de LAB (aunque todo puede andarse). Para que pudiera hablarse de delito, Grande Marlasca tendría que probar que Rafa Díez actuó siguiendo instrucciones explícitas de ETA, dirigidas específicamente a él y recibidas personalmente por él. No siendo el caso, lo que el magistrado de la Audiencia Nacional está planteando, de hecho, es la penalización de toda idea que pueda sintonizar con los propósitos de ETA. Asunto que, aunque jurídicamente grotesco, está en la esencia misma de la Ley de Partidos y del llamado pacto antiterrorista: hay ideas sospechosas. Ser independentista, en concreto, es ya sospechoso, per se.
Ése es el cuarto escándalo.
Pero todos los escándalos que tienen su origen en los despachos de ese triste e impersonal edificio de la calle Génova, en Madrid -un poquito más abajo de la sede central del PP; un poquito más arriba de la casa natal de José Antonio Primo de Rivera-, no son, en el fondo, sino manifestaciones parciales del mismo escándalo general, que es la propia existencia de la Audiencia Nacional, jurisdicción especial donde las haya y espacio donde unos jueces y unos fiscales de opereta, infinitamente politizados, se dedican a tratar de remodelar a su guisa la política vasca. Que no se deja, y así le va.