Cuatro grandes compañías cotizadas en el Ibex -Santander, Telefónica, Endesa y BBVA- durante el primer trimestre del año obtuvieron un beneficio superior a todo el ahorro previsto para este año con el ajuste anunciado por el Gobierno español, que recortará pensiones, salarios de empleados públicos y gastos sociales. Entre estas cuatro empresas, según remitieron a […]
Cuatro grandes compañías cotizadas en el Ibex -Santander, Telefónica, Endesa y BBVA- durante el primer trimestre del año obtuvieron un beneficio superior a todo el ahorro previsto para este año con el ajuste anunciado por el Gobierno español, que recortará pensiones, salarios de empleados públicos y gastos sociales.
Entre estas cuatro empresas, según remitieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), alcanzaron un resultado de 6.646 millones de euros, que representa la mitad de los beneficios de todas las empresas del índice bursátil. El ahorro previsto por los recortes de gasto para este año se encuentra en torno a los 5.000 millones de euros.
Según los planes de Zapatero para los próximos dos años, la reducción salarial en el sector público ahorrará 6.750 millones, la congelación de las pensiones prevé ahorrar 1.500 millones y la reducción de las inversiones, otros 6.045 millones. El ajuste total alcanza los 15.000 millones, que se añaden a la reducción de 50.000 millones de déficit que el mandatario español prometió a Bruselas para el periodo 2012-2013.
Entre todas las empresas del Ibex, por su parte, han ganado en un trimestre más de 12.000 millones de euros, un 25% más que en el mismo periodo de 2008, y sólo 3.000 menos que todo lo que se quiere ahorrar en dos años. Las cuatro que más ganaron en el primer trimestre del año fueron el Santander, con 2.215 millones, Telefónica (1.656), Endesa (1.535) y BBVA (1.240). Además, también destacan los beneficios de Iberdrola, con 921,7 millones, y Repsol, con 688. Más de la mitad de las cotizadas aumentaron el resultado respecto a 2008, pero destaca Endesa que lo llegó a triplicar.
Precisamente, dos de los presidentes de esta grandes empresas se sumaron a las presiones sobre el Gobierno español para que adoptara las drásticas medidas de ajuste. Según «El Confidencial» no sólo el FMI, la Comisión Europea o el presidente de EEUU, Barack Obama, presionaron a Zapatero; también los presidentes del Santander y Telefónica, Emilio Botín y César Alier- ta, respectivamente, le telefonearon para reclamar medidas de recorte de gasto. Según la misma fuente, las presiones se han sucedido durante varias semanas con varios ministros.
Ayudas a los bancos
El ahorro en el déficit previsto para los próximos años también se ve superado por cifras como las ayudas públicas a la banca. El sector financiero ya ha recibido unas ayudas del Gobierno español de 61.000 millones y los ajustes que Rodríguez Zapatero se ha comprometido con la UE y el FMI suman 65.000 millones.
A juicio de ELA, «es un escándalo astronómico». El conjunto de estados de la UE, ahora ahogados por el déficit público, han aprobado ayudas por 3,7 billones de euros. El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, Txiki, y el responsable de Política Social, Mikel Noval, denunciaron ayer que los gobiernos de la Unión Europea «están al servicio de la banca y del poder financiero». Recordaron que en 2009, la UE de los Veintisiete aprobó una intervención pública en el sector bancario que alcanzó los 3,7 billones de euros, de los que 230.000 millones tendrían el destino del sector financiero del Estado español.
De esa cantidad total, Noval recordó que se han transferido ya 1,5 billones de euros en la UE-27, mientras que en el Estado español la ayuda directa que ha recibido el sector financiero alcanza los 61.000 millones. Como explicó el responsable de Política Social de ELA, esto significa que «la banca ha recibido una transferencia de 3.000 euros por cada habitante de la Unión Europea, lo que es similar al total de gasto público en Sanidad y en Educación», o un equivalente «al gasto público total realizado en 2009 por el conjunto de administraciones públicas en Alemania y en el Estado español», precisó Noval. En este caso, recordó que «las grandes cantidades de dinero entregadas a la banca son una de las razones más importantes que han llevado al aumento del déficit y de la deuda pública»
Muñoz, en este sentido, consideró «un escándalo astronómico que se pague a los banqueros para que sigan haciendo lo mismo y continúen especulando», mientras «se impone un recorte social de consecuencias incalculables para la mayoría de la población». El dirigente sindical consideró «injusto y obsceno» que «el Gobierno español entregue a los bancos para especular casi la misma cantidad que ha comprometido en el recorte social total, que suma 65.000 millones». Por eso, Muñoz acusó a los gobiernos de ser «títeres y marionetas de los poderes económicos, porque actúan al dictado del capital».
El esfuerzo a favor de las entidades financieras en el conjunto europeo supone ya el 12,7% del PIB, mientras que en el Estado español llega al 5,8% de la riqueza creada, pero «si se entregan los 230.000 millones aprobados, supondrá el 22% del PIB».
A juicio de la central, «hay alternativa a este desbarajuste como es incrementar la presión fiscal, porque hay margen para ello y porque en Hego Euskal Herria y en el Estado español está muy por debajo de la que se produce en la media de la UE».
Impacto del ajuste
En cuanto al ajuste presupuestario, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, sostuvo ayer que las medidas para recortar el déficit fiscal no tendrán un impacto sustancial sobre las previsiones de empleo para 2011, pese a que sí se rebajará unas décimas la previsión de crecimiento económico del 1,8% para el año próximo. Campa opinó que el impacto sobre el PIB de este año será mínimo, aunque reconoció la posibilidad de que el ajuste tenga algún efecto sobre el consumo.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que las nuevas medidas para reducir el déficit español, que ha respaldado, no suponen necesariamente una amenaza para la recuperación económica, y agregó que todo depende de la credibilidad del plan.
En su análisis sobre la situación fiscal mundial, el Fondo dice que el Estado español debe bajar su déficit en 9,4 puntos porcentuales en la próxima década, una de las reducciones más drásticas del mundo. Añadió que «un buen plan de ajuste» podría incluso acelerar la actividad económica.
El FMI instó a los países avanzados en general a reducir su déficit en 8,75 puntos porcentuales de su PIB en la próxima década. Para ello, recomendó elevar la edad de jubilación y disminuir los sueldos de los empleados públicos, la inversión social, los subsidios agrícolas y el presupuesto militar. También aconsejó subir los impuestos sobre bienes raíces, el tabaco, el alcohol, los combustibles y el IVA.
El Gobierno español agradeció la «responsabilidad» de UGT y CCOO en los dos últimos años después de constatar que ambos han convocado concentraciones el próximo 20 de mayo y una huelga el 2 de junio para los trabajadores del sector público.
El presidente del EBB, Iñigo Urkullu, criticó que Madrid pretenda que «paguen justos por pecadores», de modo que «quienes ya hemos hecho los deberes» tengan que asumir los mismos recortes que quienes han gastado por encima de sus posibilidades.
«Si hemos hecho mejor los trabajos, no creemos que tengamos que pagar la misma factura», lamentó el diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Pello González, quien reconoció que las medidas anunciadas por Zapatero afectarán a los guipuzcoanos.
Una nueva ola de pánico sacudió ayer los mercados financieros y dejó en caída libre a las bolsas y a la cotización del euro, debido a la desconfianza sobre la recuperación de la zona euro a pesar del plan de rescate aprobado el pasado domingo. La bolsa española registró la mayor caída desde octubre de 2008 (-6,64%). París cayó un 4,59%; Milán un 5,26%; Fráncfort un 3,12% y Londres un 3,14%. El euro cayó por debajo de los 1,2400 dólares, su nivel más bajo desde octubre de 2008, después de la caída de Lehman Brothers. El miedo de los inversores elevó el precio del valor refugio, el oro, y la onza llegó hasta el máximo histórico de 1.249,40 dólares. La incertidumbre se vio aumentada por informaciones de prensa sobre amenazas a la moneda única. El consejero económico del presidente de EEUU Barack Obama, Paul Volcker, llegó a mencionar la desintegración de la zona euro. «Obviamente, creo que se puede decir que el euro ha fallado y ha caído en una trampa manifiesta desde el principio, debido a la ausencia de una política presupuestaria común», afirmó.
A ello se añadió una información del diario «El País», desmentida por Madrid, París y Berlín, según la cual el presidente francés, Nicolas Sarkozy, habría amenazado con retirar al Estado francés de la zona euro para forzar a Angela Merkel a aceptar el plan de rescate de Grecia. También se rumoreó que el Banco Central Europeo (BCE) dejaría de comprar deuda italiana y española.
Precisamente, el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, afirmó que la compra de deuda pública y privada no constituirá riesgos para la inflación porque «no vamos a cambiar la orientación de la política monetaria». En una entrevista concedida al diario alemán «Handelsblatt», Trichet sostiene que «la liquidez adicional proporcionada a través de las compras de bonos de los gobiernos será retirada de nuevo». El presidente del Banco Central defendió la decisión de intervenir en los mercados de renta fija pública y privada ante el «abrupto deterioro» experimentado por los mercados entre el jueves y el viernes de la semana pasada. GARA
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró que el recorte salarial del 5% para los empleados públicos no afectará a los trabajadores del sector empresarial estatal al estar sujetos a la negociación colectiva.
El presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), Jokin Bildarratz, pidió ayer a los funcionarios, en una entrevista en ETB, «responsabilidad» a la hora de negociar sus convenios porque «tienen un empleo para todo la vida» y son «servidores públicos».
El director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, telefoneó ayer al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para decirle que las medidas que ha anunciado para recortar el déficit son «apropiadas y ajustadas» a la situación actual.
La mayoría sindical vasca -ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru- ha convocado huelga en el sector público vasco el 25 de mayo para responder a los recortes sociales del Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que serán asumidos por las administraciones autonómicas. En esa fecha estaba prevista una huelga en el sector de la enseñanza pública no universitaria, pero se ha reconfigurado para ampliarla ante «la grave agresión adoptada por el Gobierno español en contra de los intereses de la clase trabajadora y a favor de las decisiones de los poderes económicos».
Alrededor de 170.000 empleados del sector público de Hego Euskal Herria están llamados a responder «a una estrategia que pretende desmantelar los servicios públicos, el empleo público y que va a atacar a la sociedad en su conjunto como hemos visto en el paquete de medidas del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero», tal como explicó Izaskun Garikano, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de ELA. A la salida de la presentación de la convocatoria ante el Gobierno de Lakua, Garikano hizo un llamamiento a la sociedad porque «la clase trabajadora vasca necesita de unos buenos servicios públicos y que sean lo más amplios y potentes posible». Dijo que «tenemos muy claro que viene a recortar esos servicios públicos, a recortar empleo público y a desmantelar el sector público». A su juicio, las mejores medidas para salir de la crisis son «impulsar y fortalecer lo público», y recordó que el ataque comienza en el sector público, pero «afectará al conjunto de la sociedad vasca».
Arantxa Sarasola, secretaria de la Federación de Servicios Públicos de LAB, denunció «los recortes que se están produciendo en el ámbito de los servicios públicos y sociales», pero dijo que «no nos queremos quedar sólo en la denuncia, sino que existe una alternativa que se recoge en el decálogo de la mayoría sindical, que se presentó en setiembre del año pasado, y que recoge la apuesta por desarrollar los servicios públicos, porque hay dinero y hay riqueza para hacerlo. Lo que ocurre -prosiguió- es que está en manos de unos pocos, pero si hubiera voluntad política se podrían adoptar las actuaciones que necesita la sociedad de Hego Euskal Herria». Ana Pérez, de STEE-EILAS, recordó que la fecha elegida en principio se dirigió a una huelga en la enseñanza pública no universitaria por una pérdida de derechos que se está impulsando desde el Departamento de Educación, pero se ha extendido la convocatoria ante «la agresión global al sector público que ha marcado Rodríguez Zapatero».
La mayoría sindical reclama a las administraciones públicas, desde los ejecutivos de Lakua e Iruñea a las diputaciones y los ayuntamientos, que «se desvinculen y hagan frente a las medidas de recorte impuestas por el Gobierno español». Entienden que «es hora de atender las demandas expresadas por la mayoría sindical vasca y los trabajadores de Euskal Herria para que las decisiones sobre el modelo económico y social que queremos construir se tomen aquí».
El Gobierno de Lakua consideró «prematura», «desproporcionada» y «equivocada» la convocatoria, «ya que todavía se desconoce qué impacto concreto va a tener la aplicación de dichas medidas en la función pública del País Vasco».