La noticia, si bien ya no sorprende a alguien medianamente familiarizado con las hostiles relaciones de Washington hacia La Habana, no deja de advertir hasta donde los sectores reaccionarios de Miami tienen todavía poder e influencia en el gobierno de la Unión como para imponer al menos parte de sus agrios criterios. Se trata de […]
La noticia, si bien ya no sorprende a alguien medianamente familiarizado con las hostiles relaciones de Washington hacia La Habana, no deja de advertir hasta donde los sectores reaccionarios de Miami tienen todavía poder e influencia en el gobierno de la Unión como para imponer al menos parte de sus agrios criterios.
Se trata de que, según fuentes de prensa, en días recientes el Congreso asumió la política de trueque en el caso de Cuba para anular del proyecto de presupuesto nacional la enmienda de los legisladores de los grupos ultraderechistas de la Florida, encaminada a hacer volar en pedazos las autorizaciones para viajes de ciudadanos cubanos a la Isla y el intercambio normal con sus familias, tal como la dispuso el presidente Barack Obama años atrás.
La decisión de Obama se convirtió, acaso, en la única medida práctica de un titulado «giro de la política» hacia la mayor de las Antillas anunciado al inicio de su mandato hace casi cuatro años atrás, y dejaba fuera de juego las restricciones que George W. Bush había impuesto mucho antes a los vínculos entre los cubanos de un lado y otro del Estrecho de la Florida.
Y es que en materia de trato hacia Cuba nada sustancial ha variado en los casi 48 meses de ejercicio del actual presidente, que sin dudas intentará su reelección para este 2012 al frente de la potencia donde las ínfulas hegemónicas, la agresividad externa y la galopante crisis económica, conjugan un panorama peligroso y desastroso a la vez.
Pero hablábamos de trueque a escala congresional, y a cambio de soslayar las solicitudes de entorpecer nuevamente las relaciones entre los cubanos en EE.UU. y sus familias en la Isla, el cuerpo legislativo norteamericano debió pasar raya a la enmienda de la representante republicana Jo Ann Emerson destinada a acabar con el contrasentido de los pagos de nuestro país, en efectivo y por adelantado, de alimentos adquiridos por excepción en el mercado estadounidense.
Esta práctica, instituida de manera sumamente controlada a raíz de devastadores ciclones que afectaron a Cuba, se coloca dentro de las acciones comerciales internacionales como suerte de figura contrahecha.
Cuba debe abonar con antelación, y billete sobre billete, los suministros de alimentos que adquiere en los Estados Unidos, a lo cual se unen trabas y complicaciones impuestas para el traslado de esa carga a la Isla.
Para La Habana no existen vínculos normales entre titulados socios comerciales, tales como créditos, formas más cómodas de abonar sus compromisos y posibilidades libres de transportación, por lo que resulta vergonzante escuchar en ocasiones a algunas voces estadounidenses referirse a «la flexibilidad» hacia la Isla a partir de tan controvertidas y atípicas ventas.
Es evidente que primó entre los congresistas, en ese afán sempiterno de no crear fricciones con la ultraderecha de Miami fue, por un lado, no complicar la aprobación del presupuesto a partir de la citada enmienda sobre viajes a la Isla y trato entre las familias separadas.
Y de otro, no cuestionar, al menos por ahora, la medida sobre el particular puesta en marcha por el actual ejecutivo años atrás, lo cual añadiría nuevas complicaciones a las sesiones legislativas de cierre del año.
Por lo demás, si bien hay sectores en los Estados Unidos lamentándose de que las ventas a la Isla sigan bajo su actual régimen anómalo, lo cierto es que el bloqueo a la mayor de las Antillas no se ha movido un ápice, a pesar de que por dos décadas consecutivas recibió el rechazo de la aplastante mayoría de las naciones que integran la Asamblea General de la ONU.