El 11 de septiembre del 2001 produjo un cambio a escala global, a partir del cual todos fuimos más inseguros. Exactamente un año después, como parte del ejercicio de su hegemonía mundial, Estados Unidos dio a conocer su nueva Directiva de Seguridad Nacional, más tarde conocida como Doctrina Bush, cuyos elementos esenciales son: 1. El […]
El 11 de septiembre del 2001 produjo un cambio a escala global, a partir del cual todos fuimos más inseguros.
Exactamente un año después, como parte del ejercicio de su hegemonía mundial, Estados Unidos dio a conocer su nueva Directiva de Seguridad Nacional, más tarde conocida como Doctrina Bush, cuyos elementos esenciales son:
1. El ataque preventivo, por el cual se atribuyen el derecho de intervenir de forma rápida y decisiva en cualquier país que consideren como amenaza potencial a su seguridad.
2. El cambio de régimen como práctica para derrocar gobiernos que no son de su agrado e imponer, en nombre de la democracia, regímenes que garanticen los intereses de la potencia ocupante.
A pesar de los descalabros en Irak, el imperio no ha cambiado el tono guerrerista de su discurso y reitera su adhesión a los principios de la ideología neo-conservadoras de imposición de la «democracia» y la utilización agresiva del poder militar norteamericano en el exterior para lograr esos fines. La «propagación de la democracia» es para esta escuela de pensamiento misión esencial y el cambio de régimen su resultado verdadero.
En el caso de Cuba desde su llegada al poder la Administración Bush, constituida por los sectores más derechistas de la oligarquía política norteamericana, con predominio de los neo-conservadores y con el apoyo de los sectores más extremistas de Miami, ha venido diseñando la preparación de «un caso sobre Cuba» que eventualmente le sirva para justificar una agresión militar, utilizando para ello cuatro elementos principales. Cuba como: 1) Violadora de los Derechos Humanos; 2) Promotora del terrorismo; 3) Amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos; 4) Factor de desestabilización en la región.
1) Las presiones para presentar a Cuba ante la Comunidad Internacional como uno de los mayores violadores de los Derechos Humanos son objetivo principal de este esfuerzo. En está dirección se inscriben el obsesivo proceder para la condena a Cuba en Ginebra y su colocación en cuanto informe prepara el Departamento de Estado, que va desde la condena a la supuesta falta de libertad religiosa, hasta el tráfico de personas, con la acusación de «principal destino del turismo sexual».
2) La inclusión cada año de Cuba en la lista que confecciona el Departamento de Estado sobre los que ellos designan como países terroristas. El secretario de Estado Colin Powell ha sido el más categórico sobre la significación de la lista: «le hemos dicho a Cuba vía ese informe que esas actitudes no son tolerables y que actuaremos, lo hicimos en Afganistán y lo hicimos en Irak».
3) El desarrollar una campaña sistemática para presentar la Isla como amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos por una supuesta capacidad para producir armas biológicas, en la que se inscriben entre otros las reiteradas declaraciones de John Bolton, subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, ninguna de las cuales han sido desmentidas por los principales voceros de la Administración, a pesar de carecer de fundamento.
Bolton, figura prominente del movimiento neo-conservador declara que, «la amenaza cubana a la seguridad de Estados Unidos ha sido subestimada» y en marzo de 2004 ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, subrayó además la especificidad cubana por estar a 90 millas del territorio continental, y «su condición de violador de los derechos humanos, el estar en la lista de países terroristas, dar abrigo a los mismos», y añadió que «la Administración creía que Cuba permanece como una amenaza terrorista y de armas biológicas para los Estados Unidos». Funcionarios del Departamento de Estado declararon que estas aseveraciones tenían el respaldo de la Comunidad de Inteligencia.
4) La capacidad cubana para desestabilizar la región, socavar el proceso democrático y promover el anti-americanismo, es la más reciente de las acusaciones buscando ampliar el expediente de «amenazas» y sumar a gobiernos afines en el área.
En enero de este año el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, declaró que Estados Unidos tenía información sobre la implicación cubana en derribar gobiernos. El secretario de Estado Powell, unos días más tarde lo apoyó, al opinar que «Cuba ha estado tratando de hacer cada cosa posible por desestabilizar parte de la región». También se sumó la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, para decir que la Isla continuaba agitando las dificultades en otras partes de la región.
Posteriormente, en testimonio ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara, para evaluar la seguridad hemisférica, el General James T. Hill, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, conceptualizaba la amenaza como emergente y advertía que «algunos líderes de la región explotan frustraciones profundas por el fracaso de las reformas democráticas, para reforzar sus posiciones radicales, alimentar el sentimiento antiestadounidense y minar nuestros intereses en la región».
El «cambio de régimen» siempre ha sido la política de Estados Unidos con relación a Cuba, la diferencia después del 11 de septiembre, es que antes estas acciones se realizaban de forma encubierta y ahora se proclama abiertamente como política oficial de un gobierno que además la ha puesto en práctica en Afganistán e Irak.
Han pasado en el caso cubano del eufemismo de apoyar el «tránsito a la democracia» a la necesidad de actuar «de manera ágil y decisiva» «para terminar de una vez para siempre con todos los vestigios del régimen y evitar la sucesión», la cual vinculan directamente con la desaparición de Fidel.
En ese marco y siguiendo la misma lógica política es que se produce el plan del Gobierno norteamericano «para asistir a una Cuba Libre», el cual pretende legitimar internacionalmente el derecho de Estados Unidos a derrocar el Gobierno cubano e instaurar un régimen que responda a sus intereses hegemónicos.
La llamada Comisión «para asistir a una Cuba Libre» preparó este plan dirigido a privar a Cuba de su independencia y soberanía, mediante la intensificación de la agresión económica y política para provocar la desestabilización interna y propiciar la intervención militar directa. Su propósito es revertir la Revolución, restaurar el capitalismo de corte neoliberal y perpetuar la dominación imperial sobre la Nación Cubana.
Diversos han sido los planes de Estados Unidos contra Cuba: guerra económica, invasión, planes de asesinato contra Fidel y otros dirigentes, actos de terrorismo, permanente agresión propagandística, promulgación de nuevas leyes. El actual pretende integrar todos los anteriores y contempla tanto las acciones para el derrocamiento del Gobierno cubano, como la organización de la sociedad bajo la intervención norteamericana.
El informe define como ellos consideran que debería ser el funcionamiento estatal, sus mecanismos represivos, el sistema político, la organización social, el ordenamiento jurídico, la estructura económica con su proceso de privatización y lo que consideran «pieza clave» para ello: el proceso de devolución de las propiedades. Todo ello dirigido, regulado y controlado por la potencia ocupante. Es algo así como la ampliación de la Ley Helms Burton con la enmienda Platt reciclada.
Algunos han reducido la significación del plan a los intereses electorales de Bush en la Florida, pero sería un gran error no valorar en toda su dimensión lo que constituye su sentido principal: arrebatar a la nación cubana su independencia, privarla de su soberanía y proceder a la anexión del país.
El Presidente de Estados Unidos encargó a la Comisión identificar medios adicionales para poner fin rápidamente al régimen cubano. Al constituir la Comisión aclaró que «no estaban esperando» simplemente por la caída del gobierno cubano, sino que «estaban trabajando ya» para el logro de ese fin, para lo cual entre otras acciones destinarían 59 millones de dólares en los próximos dos años. Se trata de los fondos que se asignan abiertamente a partir de la Sección 109 de la Helms Burton. Los que se entregan en virtud de la Sección 115 a través de la CIA y otras agencias son mucho más cuantiosos pero secretos y quizás los conozcamos cuando dentro de 20 o más años se desclasifique esa información.
Capítulo 1. Aceleración de la transición en Cuba.
Este Capítulo está dedicado al «cambio de régimen» con una política «más activa integrada y disciplinada para socavar las estrategias de supervivencia del régimen y fomentar acciones que acelere su fin».
Los autores señalan que con anterioridad las políticas hacia Cuba se aplicaban independientemente las unas de las otras. La guerra económica se desarrollaba sin que al mismo tiempo se prestara todo el apoyo que necesitaba la subversión y esto, a su vez, no se conectaba con las trasmisiones ilegales y el trabajo internacional para sumar a otros a esa política, por lo que se plantearon articular una estrategia que integrara los diferentes instrumentos a su disposición, vertebrados en un «compromiso nacional» para poner fin a la Revolución.
En este capítulo se identifican seis tareas interrelacionadas que tienen como componentes principales el desarrollo de la actividad subversiva dentro del territorio nacional con el fortalecimiento de la «oposición» mediante su promoción, entrenamiento y financiamiento, y un aumento sustancial de los fondos que para esos fines asignan a sus agentes. Además, impedir la continuidad de la dirección cubana previsto en la Constitución, intensificar el bloqueo para reducir las entradas de divisas, y desarrollar nuevos métodos para la realización de las transmisiones ilegales, organizar una amplia campaña de desinformación en el exterior y fomentar el aislamiento internacional de la Revolución mediante esfuerzos multilaterales.
Para llevar a cabo sus propósitos el gobierno de Estados Unidos designaría un Coordinador de la Transición en el Departamento de Estado, quien se encargaría de la planificación y coordinación de las acciones de las diferentes agencias del Gobierno para la ejecución de este plan.
El nombramiento de este procónsul, es uno de los ejemplos de la ampliación de la Helms Burton, la que en su Sección 203 establecía la figura de un funcionario coordinador, el cual sería nombrado cuando el Presidente de Estados Unidos determinara que se encontraba en el poder un gobierno contrarrevolucionario en la etapa «democrática».
En Irak, Paul Bremer fue nombrado como tal después de la ocupación militar, el Bremer para Cuba actuaría desde ahora para poner fin a la Revolución y dirigir el proceso posterior.
El despliegue inmediato de un avión militar para las transmisiones ilegales, constituye una de las acciones más provocativas y peligrosas. Una medida como ésta solo se ha tomado anteriormente durante situaciones de guerra, y significa una clara violación de la soberanía cubana, del derecho internacional y de las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Un aspecto sobresaliente del plan presidencial es el ataque directo a la familia cubana al restringir aún más los viajes de los emigrados a su país de origen o el envío de ayuda económica a sus familiares, tomándose, además, la atribución de definir quién es y quién no es familia, excluyendo de la misma a tías, tíos, primas y primos, y otros parientes «no cercanos».
Capítulo 2.- Satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y servicios humanos.
A partir de este capítulo el informe se dedica por entero a las medidas que tomaría el gobierno de Estados Unidos una vez que bajo la ocupación comenzara a administrar la colonia e implementar la restauración capitalista.
Cuba evidencia cuánto puede lograrse en salud, educación y bienestar social, pese a las limitaciones materiales debido al criminal bloqueo de Estados Unidos. Los cubanos acceden por igual y de forma gratuita a atenciones en estas esferas que serían un sueño para la mayoría en los países del Tercer Mundo y para decenas de millones en los propios Estados Unidos.
Los servicios de salud y educación serían privatizados y dejarían de ser universales y gratuitos según el plan diseñado. En la salud contemplan la posibilidad de que algunas empresas privadas e instituciones de caridad ayuden a sufragar parte de los gastos de atención «básica» de las personas que no pudieran pagarlos. En el caso de la educación, establecen la reapertura de antiguas escuelas elitistas y facilitar el desarrollo de la educación privada y su extensión a todos los niveles de enseñanza, así como establecer el cobro de la educación pública.
En este capítulo se propone la eliminación del sistema de seguridad social, ya que «la economía cubana y el presupuesto del Gobierno después de la transición no serán capaces de sostener el nivel inmerecido y los relajados requerimientos de elegibilidad que el Sistema Comunista permitía».
Los costos de los servicios sociales serían financiados con fondos no sólo del Gobierno interventor y los contratistas que estarían esquilmando los recursos del país «sino también de fundaciones filantrópicas, organizaciones especializadas y, empresas que inviertan en el futuro de Cuba».
Capítulo 3.- Establecimiento de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y la justicia y la reconciliación nacional.
Este es uno de los capítulos más abarcadores del proyecto de dominación: la policía, el ejército, el gobierno hasta nivel local, el sistema judicial, el Parlamento, partidos políticos, sindicatos, las iglesias y organizaciones religiosas, asociaciones cívicas y profesionales. Nada escapa a la previsión imperial.
Anticipando el rechazo que traerían las medidas que se proponen realizar, otorgan a la organización de la represión prominencia sobre el resto de los asuntos. Así, definen como «prioridad inmediata» la organización por el gobierno de Estados Unidos de «una fuerza de policía profesional». Consideran esta la «variable clave» de la que «dependerá más que de cualquier otra la posibilidad del cambio de régimen».
La potencia administradora de la nueva colonia se propone cambiar leyes y reglamentos, nombrar jueces, diseñar el sistema electoral y finalmente hacer una nueva constitución que consagre el derecho del ocupante y de su gobierno títere.
Capítulo 4.- Establecimiento de las instituciones esenciales de una economía de libre mercado.
El restablecimiento de los derechos de propiedad privada es concebido en el informe como «uno de los mayores retos del período de transición», especialmente el proceso de devolución de las propiedades el que consideran «asunto especialmente complejo», en particular lo relativo a la propiedad residencial, calificándolo como su «nudo gordiano». Entre los reclamantes se incluyen no solo los ciudadanos de Estados Unidos, sino también a los antiguos explotadores cubanos que posteriormente adquirieron la nacionalidad norteamericana e incluso a aquellos que permanecen como residentes o nacionales de otros países.
La devolución de las propiedades es presentada como la «pieza clave» para iniciar la recuperación económica, ya que según el informe «inversionistas potenciales no querrán involucrarse en Cuba mientras que los asuntos de los derechos de propiedad y la devolución, permanezcan sin ser resueltos» y en consecuencia, «mientras más tiempo este tema permanezca pendiente, más tiempo demorará la recuperación económica de Cuba».
En el informe se definen los diferentes tipos de propiedad sujetas a devolución: comerciales, agrícolas y residenciales y a partir de la experiencia de los ex países socialistas se adelantan «soluciones».
Para quitar sus viviendas y sus tierras a los cubanos, crean una Comisión del gobierno de Estados Unidos para la Devolución de las Propiedades: Commission on Restitution of Property Rights (CRPR) para que «pueda realizarse un proceso expedito». Reconocen que las «propiedades residenciales serán un asunto sumamente complejo» y «lleva el potencial de una importante insatisfacción política por parte de un amplio segmento de los cubanos», pero que debería hacerse en menos de un año.
Constituirán el Comité del gobierno de Estados Unidos para la Reconstrucción Económica: U.S Government Standing Committee for Economic Reconstruction (SCER) que tendrá a su cargo el regreso de Cuba a la economía de mercado con las recetas neoliberales que tanta miseria han causado en América Latina y otras regiones del mundo. Este Comité entre otras tareas tendría el establecimiento de una nueva política fiscal y monetaria, la liberación del control de precios, incluidos los energéticos, la eliminación de las cooperativas, la privatización total de la economía y la entrega del país a las instituciones financieras internacionales.
Las promesas de recuperación económica mediante la restauración del capitalismo de signo neoliberal extremo, no pueden evitar reconocer que el proceso será «lento y desigual» y recordar que en otros países la llamada transición al modelo de libre mercado ha sido «lenta, dolorosa y políticamente sensible».
El ajuste neoliberal incluye «la revisión radical» del presupuesto nacional, lo cual implica «determinar la necesidad económica y la viabilidad de los numerosos programas sociales».
Concluyen que «el esfuerzo de reconstrucción será largo y costoso… y la carga no debe necesariamente recaer en su totalidad sobre los Estados Unidos». «Tomará tiempo construir las instituciones nacionales», por lo que proponen compartir con la comunidad internacional de donantes, las instituciones financieras internacionales y los organismos de desarrollo de las Naciones Unidas el elevado costo que prevén para la nueva posesión.
Capítulo 5.- Modernización de la infraestructura.
Para llevar a cabo la reconversión del país resulta necesario modificar la infraestructura económica. La solución que se proponen es la privatización de los servicios públicos, la asistencia del Banco Mundial y otras instituciones similares, la venta de equipamiento norteamericano y la intervención en todas las ramas de la economía cubana.
La codicia imperial lo abarca todo: la aviación, los aeropuertos, operaciones marítimas, ferrocarriles, carreteras, energía, transporte público, minería, telecomunicaciones, recursos hidráulicos y muchos otros sectores.
El informe prevé la implementación de estas medidas en los primeros 90 días del nuevo régimen, apoyado jurídicamente en la concertación de acuerdos entre el poder interventor y el gobierno designado para lograr la apropiación de los recursos naturales, garantizar jugosos contratos para las empresas norteamericanas y controlar así la totalidad de la vida económica del país.
Capítulo 6.- Identificación y corrección del deterioro ambiental.
El informe considera que «las políticas de protección ecológica que han estado en vigor son obviamente deficientes a juzgar por la calidad de la tierra, el agua y el aire, y los hábitats naturales de la isla en la actualidad».
Este capítulo es una muestra de la manipulación y el absoluto desconocimiento de Estados Unidos sobre Cuba. En esta esfera, como en otras muchas partes del documento, el pensamiento imperial se detuvo en 1959, ignorando la institucionalización en el país de la cultura del medio ambiente con leyes, programas y proyectos concretos. Cuba además, ha firmado 26 convenciones, tratados y protocolos relacionados con la diversidad biológica.
CONCLUSIONES
Nos encontramos ante un plan del gobierno de Estados Unidos que demuestra hasta donde el imperio está dispuesto a llegar para privar a la Nación cubana de su independencia y soberanía. Resulta obvio que para ello, se requiere de la intervención militar y proceder a la instauración de un gobierno de ocupación que ejecute los minuciosos planes trazados en lo que a partir de ese momento se convertiría en su protectorado.
Para lograr sus propósitos contra Cuba, el gobierno norteamericano acompaña sus acciones con el diseño de un amplio plan propagandístico de «diplomacia pública» para el cual ha destinado 5 millones de dólares adicionales. El mismo presenta a Cuba como un país violador de los derechos humanos, que alberga terroristas y realiza espionaje en Estados Unidos, fomenta la inestabilidad en América Latina y produce armas biológicas de exterminio masivo con las que amenaza la seguridad nacional norteamericana.
Intentan presentar una imagen que deslegitime internacionalmente al Gobierno cubano y proyecte un país que brutaliza a sus ciudadanos, y que funciona al margen de la comunidad internacional para crear así las condiciones que justifiquen una agresión armada.
El presidente de esta Comisión, el secretario de Estado Colin Powell, se encargó de resumir recientemente la esencia de la política contra cuba. Cuando le preguntaron porque no «liberaba» a Cuba al igual que se hizo en Irak, respondió que «no siempre se usan inmediatamente las opciones militares» y que las mismas estaban antecedidas por otros instrumentos: «aislamiento, sanciones, presiones, actividad económica, aunque aclaró que «algunas veces no existe otra solución apropiada que no sea el uso de la fuerza militar».
Hace unas semanas, el general Abizaid, jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, pidió a un grupo de soldados que regresaban de Irak no dejar el ejército, «necesitamos su experiencia en la guerra global contra el terrorismo» y añadía «el país va a enfrentar más guerras como esta en los años por venir».
31/08/2004