A finales de el pasado mes de enero, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, anunciaba que el Gobierno estaba estudiando la posibilidad de invertir una parte del Fondo de Reserva de las pensiones en renta variable, es decir, en acciones que cotizan en bolsa, cosa que se haría mediante gestores privados […]
A finales de el pasado mes de enero, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, anunciaba que el Gobierno estaba estudiando la posibilidad de invertir una parte del Fondo de Reserva de las pensiones en renta variable, es decir, en acciones que cotizan en bolsa, cosa que se haría mediante gestores privados (léase bancos y agentes financieros).
El Fondo de Reserva es una hucha a la que se destinan los superávits que año tras año viene registrando la Seguridad Social. Se creó en el año 2000, con 603 millones de euros, y se espera que a finales de 2007 alcance un volumen de casi 50.000 millones de euros, una cifra que se acerca al 5% del PIB. Una cifra descomunal y por tanto muy apetecible para los especuladores financieros.
Granado explicó que para ello, para poder proceder a la entrega de dinero público a gestores privados, debía modificarse la ley, «excesivamente rígida», cosa que se haría de acuerdo con los agentes sociales Y sí, los agentes sociales se han puesto de acuerdo. CEOE, Cepyme, CCOO y UGT dieron su visto bueno al proyecto, y el gobierno aceleró sus planes, que en esencia consisten en la privatización de la gestión de una parte muy importante (30%) de los fondos públicos acumulados en la hucha. El argumento que el gobierno ha utilizado es el de obtener mayor rentabilidad de esos fondos, invertidos ahora mayoritariamente en deuda pública española y extranjera. Un argumento no muy sólido, pues la rentabilidad obtenida hasta la fecha está muy, muy cerca de la rentabilidad media de los fondos de inversión que actúan en bolsa, el 5 %.
En abril, pues, la decisión estaba tomada. Falta concretar algunos detalles, por ejemplo si esos miles de millones se entregarán a dedo o mediante concurso público, pero en cualquier caso lo que no está en duda es que bancos, aseguradoras y otros intermediarios financieros se harán con el pastel.
Buena parte del dinero, pues, se invertirá en bolsa, directa o indirectamente. Y aquí, la palabra invertir es un eufemismo. En bolsa no se invierte, se especula. Invertir, en el lenguaje corriente, está asociado a la creación de riqueza. Pero en la bolsa no se crea nada: el dinero pasa de unas manos a otras. Lo que unos ganan (en general los especuladores de gran tamaño) otros lo pierden (en general, los pequeños ahorradores, por sistema desinformados). Es un movimiento de dinero de suma cero. Tras los periodos de ganancias, vienen los de pérdidas, técnicamente llamados realización de beneficios.
Beneficios que unos sacan a costa de otros, claro.
En cualquier caso, resulta chocante que un partido que se dice de izquierdas se lance a especular con dinero público. No sé qué pensaría de eso el viejo Pablo Iglesias, pero presumo que se llevaría las manos a la cabeza.
Y no sólo deprime ver a un gobierno especulando: es que además hay un riesgo. Aunque no es probable, dada la facilidad con que las altas esferas manejan el tráfico de información, existe el riesgo de que, si la bolsa se derrumba (vaya usted a saber, cualquier día el déficit estadounidense nos da un buen susto), nos encontremos con que del Fondo de Reserva de pensiones se han volatilizado unos cuantos miles de millones.
El asunto está pasando casi inadvertido, tal vez porque en las alturas todos aspiran a sacar tajada. Que yo sepa, sólo ATTAC ha puesto el grito en el cielo, amenazando con fomentar la movilización ciudadana contra esta medida absurda y francamente sospechosa.
Y la verdad, ya está bien. De especulación y de tomaduras de pelo.