Decía un senador pinochetista, refiriéndose al gobierno de Salvador Allende, que «cuando la democracia se pone democrática, no sirve». Aquí debe residir la explicación de que la española fuera una transición modélica y de que se hable de la norteamericana como la democracia más perfecta del mundo. Ambas han superado con éxito las pruebas de […]
Decía un senador pinochetista, refiriéndose al gobierno de Salvador Allende, que «cuando la democracia se pone democrática, no sirve». Aquí debe residir la explicación de que la española fuera una transición modélica y de que se hable de la norteamericana como la democracia más perfecta del mundo. Ambas han superado con éxito las pruebas de estrés, que las acredita como democracias que no se ponen democráticas. El hecho de que los tres españoles más adinerados dupliquen en riqueza a los 9 millones menos acaudalados, que el 10% supere en patrimonio al 90% restante y que todos los grandes medios de comunicación privados pertenezcan a grandes corporaciones nacionales y transnacionales comprometidas con el bipartidismo imperante convierte a la democracia española en una de las más sólidas y estables. O al menos eso era lo que nos parecía a muchos hasta la irrupción del fenómeno «Podemos», que ha provocado gran conmoción en los centros de poder.
Por primera vez en más de 35 años la democracia española corre el peligro de ponerse democrática, de ahí que hayan saltado todas las alarmas. Mientras los dos grandes partidos del sistema se han ido turnando en el poder, España ha venido experimentando importantes avances en desigualdad social, fraude fiscal, desempleo, deterioro de derechos (salud, educación, dependencia, pensiones), privatización de empresas rentables, socialización de pérdidas (como las producidas por la crisis bancaria), pobreza, exclusión social, aumento de la deuda pública y emigración involuntaria, sin riesgo alguno de que el modelo pudiera incurrir en default democrático (que es lo que ocurre cuando una democracia se pone democrática). A ello ha contribuido poderosamente el «modélico» sistema mediático español, que colabora codo con codo con los grandes partidos del sistema.
Hasta el movimiento 15M y la irrupción de Podemos, los españoles disfrutamos de un imaginario colectivo perfectamente consolidado, gracias a la «independencia» e » incondicional voluntad de servicio público» de los grandes medios de comunicación (todos bajo el control de grandes corporaciones). Con ellos aprendimos que la política estaba repleta de honorables personajes (como Jordi Puyol y tantos otros), que existían líneas rojas que no se podían traspasar, que no hay alternativas al neoliberalismo y que el austericidio es el camino para salir de la crisis. Gracias a la estrecha colaboración entre todos ellos, se evitó que incurriéramos en la peligrosa disonancia cognitiva, hasta que la sagacidad y compromiso de hombres como Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero (con la ayuda de redes y mareas sociales), por una parte, y la actitud un tanto díscola de unos pocos medios de comunicación, por otra, han introducido una elevada cantidad de ruido en el sistema, que lo ha torpedeado en su línea de flotación. Este extraño maridaje entre la Tuerka y Público o entre los líderes de Podemos e IU con la Sexta (propiedad del grupo Planeta, al que pertenecen también medios fuera de toda sospecha por su militancia más que conservadora, como Antena3 y La Razón) se ha convertido en el nudo gordiano de un sistema en descomposición, donde unos esperan evitar el estallido social y que España se rompa por las costuras, haciendo creer a los descontentos que los problemas tienen solución en las urnas, y otros pretenden aprovechar el momento histórico para lideras los cambios necesarios y un nuevo proyecto constitucional.
De cómo jueguen sus cartas unos y otros va a depender el resultado de la contienda entre David (Podemos) y Goliat (los grandes medios de la Galaxia Goebbels, incluidos los que apoyan circunstancialmente a la nueva formación política, pero que ni siquiera ahora dan puntada sin hilo cada vez que tienen oportunidad de asaetearles por la espalda, como ocurrió en el programa Salvados y la manipulación que del mismo hizo Antena3 o en las capciosas críticas al programa económico). El hecho de que ni siquiera mencione a los políticos de los grandes partidos como protagonistas relevantes de la contienda reside en que, como producto mediático de un mundo en descomposición que son (¿quién iba a imaginar hace tan solo unos meses la escasa o nula coincidencia entre la clase política que ha venido gobernando este país desde 1978 y el personaje que los grandes medios de comunicación burgueses les asignaron en esta farsa de democracia?), no constituyen el principal adversario de Podemos, papel que corresponde a los responsables de que una sarta de mentiras, repetidas hasta la saciedad, se hayan convertido en pensamiento único. Por tanto, el éxito de ese proyecto alternativo llamado Podemos (o su versión más abierta a los movimientos sociales, llamado Ganemos) no va a depender tanto de su postura crítica hacia esos actores (incluso extras) inmersos en casos de corrupción y responsables sólo inmediatos de la crisis sistémica que padecemos como de su postura crítica hacia quienes mueven los hilos de la política y de la conciencia de los españoles, hacia los creadores de opinión pública, haciendo del pensamiento crítico y de las redes sociales la única tabla de salvación posible.
Ahora que Podemos se ha convertido en la primera formación en intención de voto directo, la preocupación máxima en todas las instancias de poder consiste en demostrar dos cosas: que su proyecto es inviable y que Podemos es ETA, el populismo chavista y el toro que mató a Manolete. Sobre la inviabilidad del proyecto político parece que hay pruebas irrefutables, como conceder una renta básica a las personas que carezcan de ingresos. ¿En qué cabeza cabe que sea lícito exigir a esos tres españoles que duplican en patrimonio a los 9 millones de españoles más pobres mayor colaboración con un sistema fiscal justo, solidario y progresivo, establecido en la Constitución de 1978, que brilla por su ausencia? Los 40.000 millones de fraude fiscal y los 10 puntos por debajo en presión fiscal en el IRPF y el impuesto de sociedades (en relación con otros países de la UE-15) es un donativo voluntario que los españoles hacemos, a propuesta del señor Montoro, a los grandes empresarios de la marca España para que continúen sin desmayo con las reformas laborales, los recortes en las prestaciones por desempleo y la jibarización de las pensiones. Poco importa si en algunos países de la UE la ejemplaridad de los empresarios consiste en cumplir fielmente sus obligaciones tributarias y la responsabilidad de los partidos gobernantes en atender las necesidades de quienes no tienen ingresos con alguna modalidad de renta básica. A Podemos se le podría criticar (por inviable en el momento presente) si su propuesta fuera garantizar una renta básica a los cuarenta y pico millones de españoles, pero no por pretender dedicar 11.000 millones a asegurar una renta básica a los hogares donde no hay ingresos y otros supuestos plenamente justificados, en una de las naciones con mayores desigualdades de Europa.
Otra de las grandes vulnerabilidades del proyecto Podemos sería pretender realizar una auditoría de la deuda. Esto pondría en peligro la confianza de los mercados, que un día inundaron España de euros, con motivo del mayor tsunami inmobiliario de la historia de este país, por el que millones de españoles pudieron disfrutar del derecho a una vivienda sobrevalorada (por culpa de la burbuja), sin otro requisito que firmar irreflexivamente el compromiso de devolución del dinero recibido, intereses incluidos, un dardo envenenado que ha arruinado a muchos compatriotas y amenazado el bienestar de toda la sociedad. No es posible que, a quienes invirtieron con tanta generosidad y confianza en el ladrillo, en las autopistas, en los aeropuertos y en tantas actividades de carácter «prioritario» para el bienestar de los españoles ahora vean peligrar su dinero. ¿Quién dijo que el riesgo de una inversión debe asumirlo el inversor? Ya es un principio más que consolidado en la doctrina neoliberal que las pérdidas deben ser socializadas y las empresas públicas con beneficios privatizadas. Con tal propósito, PP y PSOE procedieron a la actualización de la carta magna en la última reforma constitucional. Ahora, incluso los medios que han estado apoyando a Podemos, nos dirán que no se puede cuestionar la legitimidad de una deuda cuyo impago comprometería las pensiones de ciudadanos europeos o de nuestros compatriotas (ya que el dinero de la seguridad social está invertido en deuda pública), ocultando deliberadamente que el pago de la deuda ilegítima lo que compromete es el derecho a la salud, a la educación, a que los dependientes puedan tener una vida digna o a que en el futuro los presupuestos del estado puedan contribuir a la financiación de las pensiones públicas, además de formar parte de las reglas del juego de los planes de pensiones privados la aceptación del riesgo a la hora de invertir el dinero.
La subida del salario mínimo y el establecimiento de un salario máximo es otra demostración más del «populismo» de Podemos. Poco importa que los franceses (al otro lado de los Pirineos) tengan un salario mínimo que duplica con creces al español o que nuestra constitución establezca en su artículo 128 que la riqueza, en todas sus modalidades y cualquiera que sea la titularidad, estará subordinada al interés general. Por lo que parece, el interés general nada tiene que ver con el establecimiento de una renta mínima y de una renta máxima (sin cuya aprobación no es posible poner freno a las desigualdades ni límites al crecimiento). Tampoco el adelanto de la edad de jubilación a 60 años sería viable. Tendría sentido en una sociedad donde el desempleo fuera un problema grave, la constitución reconociera el derecho a una jubilación digna y existiera la posibilidad de financiar las pensiones parcialmente con cargo a los presupuestos generales del estado. Pero todo el mundo sabe que esto nada tiene que ver con la realidad española.
¿Y qué decir de la nacionalización de sectores estratégicos, como la banca y el energético o la consolidación de servicios públicos universales, como la sanidad y la educación? Una banca pública dependiente de las instituciones supondría desandar el proceso de privatización del sector financiero, gracias al cual los mercados han hecho de la deuda el negocio más rentable (con la colaboración del BCE) y un arma de destrucción masiva contra las políticas públicas y la pequeña y mediana empresa. Tampoco procede deshacer la privatización de las empresas energéticas, cuya elevada rentabilidad deja muy alto el pabellón de la marca España, o lograr un sistema de sanitario universal, gratuito y centrado en la protección de la salud ahora que ya estaba encarrilada la privatización y progresiva homologación con el deslumbrante modelo norteamericano, que dedica el 18% del PIB (casi uno de cada 5 dólares) a salvaguardar pésimos indicadores de salud (en USA la morbilidad se ha convertido en un estilo de vida muy lucrativo para un puñado de grandes corporaciones) y deja fuera a uno de cada seis norteamericanos.
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