La familia del joven gitano fallecido hace dos años tras ser reducido a la fuerza por agentes de seguridad y de la policía eleva su caso al Constitucional. En Europa, se suceden las manifestaciones tras la muerte de un Stanistav Thomas, un hombre gitano que murió por asfixia después de que un agente aplastara la rodilla contra su cuello.
Han pasado casi dos años desde que Eleazar García acudiera a ver un partido de fútbol y perdiera la vida. Dos años de pulso por parte de los familiares del joven para que lo que pasó aquel 8 de septiembre sea investigado y juzgado por un tribunal. Eleazar había ido junto a su padre y un amigo a ver jugar a la selección española en Gijón. Salió del recinto para comprar unos refrescos, sin llevar consigo el ticket de entrada.
Eleazar era gitano y tenía discapacidad mental. Cuando quiso acceder a la cancha, los guardias de seguridad se lo impidieron, también varios agentes de policía que acudieron después. Fue inmovilizado con violencia. Poco después yacía muerto en un centro de salud. A la familia no le permitieron ver el cuerpo en un principio, les dijeron le había dado un paro cardíaco, que no había pasado nada, que se fueran para casa. Lo mismo que dictaminó la audiencia provincial de Gijón el pasado mes de marzo: lo de Eleazar era una muerte natural, no había nada que juzgar. El 23 de junio la familia del joven pedía amparo ante el Tribunal Constitucional.
“Este largo proceso es desgarrador, no tengo otro adjetivo que utilizar, se nos hace el corazón a jirones, pero hay que continuar, tenemos que continuar porque, como comprenderás, no lo podemos dar nosotros esto por zanjado”, apunta Diego García, tío de Eleazar y portavoz de la familia, en conversación con El Salto. “Hay testigos oculares que vieron cómo le agredieron, cómo le cogían por el cuello y le daban patadas”. García habla de abuso y vejación, del dolor de que a su sobrino, “que fue a ver un partido de la selección española con toda la ilusión del mundo, nos lo encontramos a renglón seguido metido en una caja”.
La jueza de instrucción lo vio claro: entre lo que le pasó a Eleazar en la cancha y su muerte, hay un nexo. La actuación de los guardias de seguridad y de la policía debía ser investigada. Pero la sala número 8 de la Audiencia Provincial de Gijón no vio tal relación: la autopsia hablaba de muerte natural, y los hechos previos no eran causa ni tenían relación con su fallecimiento. Ante este falso cierre la familia pide justicia.
“No podemos obviar los acontecimientos y el desenlace luctuoso de la muerte de mi sobrino bajo esas circunstancias de terror y de pánico que le llevaron a que le reventara el corazón, porque claro, murió por un paro cardiaco, pero hay que aclarar las circunstancias”, recuerda su tío, quien afirma que, pese a todo, siguen confiando en la justicia. “Esperamos que los jueces del Constitucional les enmiende la plana a los jueces del juzgado provincial de Gijón”. Y concluye: “queremos la recusación del juez por parcial, porque siempre se ha negado a cualquier tipo de instrucción, a cualquier tipo de requerimiento por nuestra parte”.
A la familia de Eleazar le dijeron que el joven estaba borracho y que se mostró agresivo, una serie de justificaciones para haberle reducido entre varios agentes, “cosas que a nosotros nos agravan el dolor”. Afrontan el desgarro con el apoyo del pueblo gitano, que se ha estado manifestando durante estos dos años para reclamar justicia, también de los colectivos racializados.
La iglesia evangelista de Filadelfia y el letrado Marco García Montes, que lleva el caso, son otros de los respaldos que García reconoce como fundamentales. Las asociaciones de familiares de personas con diversidad funcional, o el propio Estado son, sin embargo, grandes ausentes a la hora de enumerar apoyos. Con todo, piensan seguir dando la pelea en instancias superiores, llegar a Europa, si el Constitucional también les falla. “Llegaremos donde tengamos que llegar. Tenemos que hacerlo: esto no puede quedar así”.
Sin juicio
Tanto la forma en la que murió Eleazar como que se le niegue un juicio para dirimir responsabilidades sobre su fallecimiento son un claro ejemplo de racismo institucional. Un diagnóstico que comparten la familia y los colectivos que la apoyan: un antigitanismo estructural inserto en la mirada de guardias de seguridad y de la policía que lo vieron como un elemento peligroso y así lo trataron, y en la de la judicatura, que desestimó el caso.
La activista y coautora del libro de reciente publicación Antigitanismo, 13 miradas(Traficantes de Sueños, 2021), Patricia Caro, ha estado trabajando en torno al Pacto de Estado contra el Antigitanismo, una apuesta que pretende combatir este racismo contra el pueblo gitano desde las instituciones. La creación de una subcomisión que avance en la elaboración de esta política estatal fue aprobada el pasado marzo. A partir de septiembre, cuando quede formalmente constituida, avanzará con la misión de consolidar un marco que permita transformar un racismo que permea la sociedad española.
“Lo que va a hacer la subcomisión del pueblo gitano es abrir un espacio para personas que son expertas y ahí desde luego se va a abordar el antigitanismo en todas sus formas de expresión, incluido el antigitanismo en cuanto a los estereotipos que hay en los tribunales y la necesidad de formación ante ello”, explica Caro. La incorporación del antigitanismo en el Código Penal es otro de los grandes temas. Al no existir aún, “no se reconoce que estos policías han asesinado a este chico, pero mucho menos se reconoce que haya sido por ser gitano, y esto es gravísimo”. Para Caro, es el hecho de que Eleazar fuera gitano el que determinó su muerte: “si hubiera sido blanquito con los ojos azules, con las mejillas rojas, ¿habrían sentido ellos el mismo miedo, o habrían tenido la necesidad de reducir a esa persona de esa manera?, pues seguramente no”.
El tío de Eleazar coincide: “Hay un déficit y una lacra con nuestro pueblo, y el que quiera negar la mayor se está poniendo una venda en los ojos. Hay racismo institucional normalizado, y luego está algo que me molesta mucho que es la condescendencia: estos son gitanos y qué van a hacer, pegarán cuatro gritos y ya está, igual se creían ellos que nosotros íbamos a obrar así”. Caro lo explica en estos términos: “juzgar el caso de Eleazar sin la perspectiva del antigitanismo es como juzgar el asesinato de una mujer por su expareja sin contar con el criterio de género, hace falta avanzar en esto”.
La activista Celia Montoya ha estado activa en la organización de protestas y movilizaciones para exigir justicia por Eleazar, y entiende que pedir amparo al constitucional es algo necesario: “Es importante ver si en ese enrevesado camino de los procesos judiciales que parecen tan antihumanos se llega a que verdaderamente se haga justicia. La familia debe seguir intentándolo para conseguir al menos agotar todas las posibilidades porque ya no les queda otra cosa. Esperemos que así puedan descansar o respirar con un poco más de libertad”. Montoya cree que con su esfuerzo, la familia está contribuyendo a crear jurisprudencia, pero también conciencia en la sociedad.
Caro tiene la convicción de que al final la familia encontrará justicia. “Los tribunales españoles tendrán que decidir qué es lo que quieren hacer, si quieren ellos impartir justicia o si van a impartir justicia a la fuerza porque las instancias europeas les saquen los colores y los equiparen a tribunales de países como Hungría o República Checa, que son países muchísimo más racistas de manera explícita a lo que tenemos en España”, valora, para luego reflexionar: “O quizás es que no somos tan diferentes, en cuanto a racismo, de estos países, y este es un ejemplo”.
Una mirada europea
Murió después de que un policía aplastara con la rodilla su cuello pero no era un afroamericano ni estaba en Estados Unidos, se llamaba Stasnilav Thomas y fue asesinado por la policía el pasado 19 de junio en República Checa. Quienes llevan casi dos años saliendo a las calles por Eleazar, se han concentrado los últimos días también en Madrid o Barcelona para reclamar justicia para este hombre gitano checo.
“La muerte de Stanislav Thomas ha sido exactamente igual que la de George Floyd, han utilizado la misma técnica coercitiva de ponerle la rodilla en el cuello. Este caso, al ser tan parecido al de Floyd, está removiendo más las conciencias”, apunta Montoya, que señala que son varias las ciudades europeas en las que el pueblo gitano ha salido a manifestarse. No solo la sociedad civil ha estado presente: tanto Amnistía Internacional como el Consejo de Europa han señalado al Estado checo y su policía por vulneración de los derechos humanos y de la propia ley checa. “Esto, en el caso de Eleazar, ¿por qué no ha pasado? No lo sé”.
Montoya recuerda además cómo a las víctimas gitanas se las deshumaniza: “Para saber el nombre de Stanislav han necesitado dos días de investigación, tras la presión de los primos y primas europeos. De hecho hay un hashtag que dice: di su nombre”. Una mezcla de violencia y deshumanización que para esta activista apuntan a un escenario muy peligroso: “No son casos aislados”, recuerda.
La apuesta por la lucha contra el antigitanismo se intensifica en Europa en un contexto de auge de la ultraderecha y los discursos racistas. En este marco, Caro cree que España debe tomarse en serio que este pulso, el que confronta al racismo estructural e institucional contra el pueblo gitano, es fundamental para el presente y el futuro del estado y el continente. “Una de las cuestiones más clave y estratégicas para enfrentar a la extrema derecha es el fortalecimiento de la cohesión social en la UE, algo que no se puede hacer si hay una parte muy importante — recuerdo que hablamos de 12 millones de personas— que son absolutamente masacradas por su pertenencia étnica, aún formando parte de la población y la sociedad europea”.
La activista recuerda que son ya conocidas las derivas que trae el fascismo. Frente a ello: “El acceso a la justicia y conseguir reparación es fundamental. No existe una cohesión social si no hay acceso a la justicia, y si los tribunales no permiten ni siquiera que se juzgue el asesinato de Eleazar pues es una exclusión del sistema de justicia, la vulneración de un derecho fundamental”
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/eleazar-stanislav-antigitanismo-a-juicio