El ministro de Hacienda y Administraciones responde con un impuesto del 1,5% a pagar por las entidades financieras a las amenazas de multas por ayudas ilegales a la banca por parte de la Comisión Europea. «El Estado español va a imponer a las entidades financieras un pequeño impuesto por todo lo que no han pagado, […]
El ministro de Hacienda y Administraciones responde con un impuesto del 1,5% a pagar por las entidades financieras a las amenazas de multas por ayudas ilegales a la banca por parte de la Comisión Europea.
«El Estado español va a imponer a las entidades financieras un pequeño impuesto por todo lo que no han pagado, y si después hay problemas y quiebran, como siempre lo pagarán los ciudadanos españoles». Así resume Sergio Salgado, de 15MpaRato, el último anuncio hecho desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la reforma de los llamados ‘activos financieros diferidos’, una herramienta económica utilizada por las entidades financieras, con el aval del Estado, que estaba desde abril bajo investigación por parte de la Comisión Europea.
Los activos fiscales diferidos son una figura a través de la que el Estado permite a las entidades financieras deducirse los gastos afrontados en un ejercicio sobre los impuestos a pagar en los siguientes. Como explica Octavio, miembro de 15MpaRato: «Si, por ejemplo, un banco tiene pérdidas en un ejercicio de 100 millones de euros, al estar en números negativos no pagaría impuestos. Si en ejercicio siguiente, la misma entidad tiene unos beneficios de 200 millones, por ejemplo, a la hora de pagar el impuesto de sociedades se descontaría el equivalente de impuestos de los 100 millones de pérdidas del ejercicio anterior». Hasta ahí, la práctica es legal, señala Octavio, y se practica en más países de la Unión Europea.
A raíz de la crisis de las hipotecas basura, en diciembre de 2010, el Foro de Estabilidad Financiera y el G20 promovieron una reforma de la normativa internacional, bajo el nombre de Basilea III, que entró en vigor en enero de 2014. Con ella se restringía el tipo de activos que podía considerarse como activos fiscales diferidos para que sólo incluyera a los fondos de máxima calidad, aquellos con los que la entidad pudiera contar de forma inmediata para hacer frente a imprevistos. Fuera quedaban alrededor de 40.000 millones de euros en créditos fiscales de entidades españolas, entre los que se incluyen hipotecas basura o inmuebles que han perdido gran parte de su valor.
En España, la respuesta a este obstáculo fue la aprobación de varios decretos que suavizaban las requerimientos de la normativa internacional, manteniendo que los activos fiscales diferidos, ahora denominados créditos fiscales, siguieran computando en el capital de la entidad, recuperando también la carga del impuesto de sociedades y manteniendo el aval del Ministerio de Hacienda, aunque no se esperen beneficios en el futuro e, incluso, si la entidad quiebra.
«La trampa de esto es que los bancos meten en sus cuentas anuales como activos buenos activos que realmente son pérdidas», explica Octavio. «Los activos fiscales diferidos son de dos tipos: los que vienen de pérdidas y los que vienen de ganancias, como los planes de pensiones millonarios de los altos directivos, que al jubilarse cobran 300.000 o 500.000 euros. Estos activos se convierten en activos fiscales diferidos, por los que la entidad no paga impuestos. Esto es legal porque el régimen fiscal lo permite, aunque sea un abuso», continúa.
En abril de este año, la Comisión Europea lanzó una investigación sobre el funcionamiento de esta figura en España, Italia y Grecia, anunciando multas millonarias por lo que la institución consideraba una ayuda ilegal a la banca por parte de los respectivos gobiernos. La pasada jornada, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunció una reforma del Impuesto sobre Sociedades, que se tramitará como enmienda en la Ley de Presupuestos Generales de 2016. La solución planteada por el Ministerio de Hacienda español, y que hasta ahora ha sido aceptada por la Comisión Europea, es imponer a las entidades financieras un impuesto del 1,5% sobre los activos con impuestos deducidos de más, manteniendo el aval del Ministerio sobre estos activos.
Desde 15MpaRato explican que esta nueva norma anunciada con Guindos, y con el visto bueno de la Comisión Europea, se aplicaría sobre 28.000 de los 40.000 millones de activos diferidos, los correspondientes a los que se ha aplicado base impositiva negativa entre 2008 y 2014. El pago del 1,5% daría como resultado 419 millones de euros a pagar para continúen computando como capital de máxima calidad. «Donde está esta última estafa es que, aunque para desgravarse impuestos utilizan los números del impuesto de sociedades, que es del 30%, a la hora de pagar para que estos activos sigan acogiéndose a estas ventajas sólo pagan el 1,5%. Es un pequeño paraíso fiscal», concluye.