Asistimos cada día al espectáculo repudiable de la corrupción de los grandes medios y de muchos periodistas; aunque sus nombres aparezcan en las conversaciones de los mafiosos… Tranquilos, que aquí no pasa nada… Algunos colegas me han preguntado por mi costumbre de designar a los nuevos medios como «independientes» y utilizar «dependientes» o «tradicionales» cuando […]
Asistimos cada día al espectáculo repudiable de la corrupción de los grandes medios y de muchos periodistas; aunque sus nombres aparezcan en las conversaciones de los mafiosos… Tranquilos, que aquí no pasa nada…
Algunos colegas me han preguntado por mi costumbre de designar a los nuevos medios como «independientes» y utilizar «dependientes» o «tradicionales» cuando hablo de aquellos que pertenecen a los grandes grupos de comunicación.
Muchos de ellos, no sé si por inercia de lo que conocieron alguna vez, se resisten a reconocer de forma expresa la dependencia de estos últimos y creo que también lo hacen por respeto y afecto a los compañeros que trabajan en esos medios. Lo que los honra, en este oficio de cainitas.
Por esto último creo que no deberían penar; yo también respeto y siento afecto, entrañable en algunos casos, por muchos de ellos que me han confiado, más de una vez, la repugnancia que le han producido informaciones que han publicado los medios para los que trabajan. No hay en ello menoscabo a su dignidad; cada uno conoce sus necesidades y las toreamos como podemos.
Eesto forma parte del sistema en el que nos ha tocado vivir y que muchos aspiramos a ver expirar algún día. Los trabajadores de muchas tiendas de ropa tampoco son responsables de que las prendas que venden sean el fruto del trabajo esclavo o de la explotación infantil en algunos países.
Habiendo aclarado esto, entremos en materia.
Quiénes son los traficantes
Si digo que los grandes medios privados están en manos de entidades financieras u otras igualmente estratégicas y que los medios públicos están secuestrados por las respectivas administraciones no creo que esté diciendo nada que asombre a nadie. Quienes durante años ejercieron su influencia de tapadillo y extorsionaban a los medios con sus líneas de financiación o con la publicidad de sus corporaciones hace ya un decenio que se han decidido por el control directo de ellos.
La escuadra de medios del Grupo Prisa tiene como accionistas a Caixabank, al Banco Santander y financieras transnacionales como HSBC y Amber Capital. El grupo Vocento, que edita Abc y varios medios locales, está en las manos de los herederos físicos e intelectuales de Emilio Botín.
El dueño del Grupo Godó (La Vanguardia, RAC-1, 8-TV, y participaciones en la SER), Javier de Godó, es vicepresidente de La Caixa.
Mientras que Unidad Editorial, dueña de El Mundo, Expansión y Marca, es propiedad del grupo italiano RCS, que pertenece a los bancos italianos Mediobanca e Intesa Sanpaolo.
Mientras que la familia Lara, accionista de referencia del Banco Sabadell, es propietaria de La Sexta, Antena-3, La Razón y accionista de El Periódico. Además, Planeta Corporación, de los mismos dueños, tiene intereses en más de sesenta empresas dedicadas a múltiples negocios y a través de la financiera Inversiones Hemisferio controla empresas como la farmacéutica Plasmia Biotech o la inversora Treva Investment.
Y así podríamos seguir hasta cubrir la totalidad de los medios de los grandes grupos; como bien los define el investigador Pascual Serrano estamos hablando de los traficantes de información.
Todos ellos se venden al mejor postor o defienden a sus accionistas hasta la inmoralidad o extorsionan a los políticos vulnerables hasta la inmundicia. Tenemos pruebas de toda esta basura a diario.
Cómo se trafica
Este mes pasado de mayo dos casos han certificado esta prevaricación de la obligación de informar a la ciudadanía. Gracias a la existencia de nuevos medios independientes (los despreciados «alternativos» de años atrás) nos pudimos enterar de los perversos tratamientos de dos noticias referidas a las actividades de dos corporaciones de las que mandan: Gas Natural FENOSA y el grupo Inditex.
La noticia que afecta a la energética que contó como consejero durante años al ex presidente Felipe González -hoy reemplazado en esa poltrona por la exministra socialista Cristina Garmendia- es muy fácil de contar. Ha sido sancionada por la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Generalitat de Catalunya, con una multa de 500.000 euros por encontrarla responsable de la muerte de una anciana de 81 años a la que habían cortado durante dos meses el suministro de electricidad por impago. La mujer, que vivía sola, falleció asfixiada en el incendio que produjeron en su casa las velas que usaba para alumbrarse.
Aunque fuera por puro morbo esta noticia podía haber encabezado la agenda de sucesos, sin embargo la historia no fue atractiva para ninguna de las cuatro cabeceras «senior» de la prensa española. «El Mundo» se animó a recogerla en un breve en la página 26; aunque sin explicar los motivos de la sanción. Apenas: «La Generalitat multa a Gas Natural Fenosa» y una breve explicación escondida bajo la noticia de unos coches deportivos de lujo que el exrey Juan Carlos ha cedido a Patrimonio Nacional.
Sin duda, FENOSA manda mucho y ellos obedecen mejor.
Hasta EFE perdió el pudor
Casi coincidente en el tiempo la agencia publica EFE nos despertó una mañana con este titular: «Zara deberá pagar 1,5 millones de dólares en Brasil por un caso de trabajo esclavo«. Sin embargo, algunas horas más tarde, la misma agencia que pagamos los españoles consideró que era más ajustado a su conveniencia cambiar ese titular por este: «Zara renueva y amplía el acuerdo de responsabilidad con la Fiscalía del Trabajo de Brasil«.
El caso es que los dos titulares dicen la verdad, la empresa del multimillonario Amancio Ortega había llegado a un acuerdo con la Fiscalía brasileña por la que se había comprometido a erradicar de sus factorías brasileñas condiciones laborales que se consideran equiparables a la esclavitud.
Solo que ese acuerdo era anterior y que el grupo Inditex no cumplió con ese compromiso y como señala un medio tan poco progresista como O Globo, debe pagar esos 1,3 millones de euros por «haber incumplido los compromisos acordados con las autoridades para mejorar las condiciones de trabajo«.
Como Zara ha aceptado la sanción impuesta por el gobierno brasileño antes de ir a juicio se contempla que esa multa se puede pagar mediante el desarrollo de proyectos que el Estado tiene en su agenda de programas sociales.
Sobraba esta aclaración, los escribas de confianza ya tenían como disimular el varapalo al emporio textil gallego. Así es que «La Voz de Galicia» se animó a publicar: «La multinacional española Zara renovó y amplió el acuerdo firmado con la Fiscalía de Brasil para combatir el trabajo esclavo.»
De vomitar…
El dinero de la compra de voluntades
Era seguro que esto de la transparencia le iba a fastidiar el chiringuito a más de uno y, dentro de la prensa, lo ha hecho con la opacidad que siempre ha rodeado la publicidad institucional. Un dinero que recuerda al de los fondos reservados, que tanto puede servir para silenciar bocas como para pagar investigaciones ilegales.
El dinero de la publicidad de la administración tiene el noble fin y deber de ser empleado para difundir la información de esas administraciones a sus administrados (nosotros), que tenemos derecho a exigirla y, además, somos quienes la pagamos. Esto en pura inocencia, porque desde siempre hemos sabido -hay bastante casuística al respecto- que la publicidad institucional es el recurso de muchos de los que gobiernan para comprar el altavoz o el silencio de los medios y, por otro lado, sitiar por hambre a la prensa independiente.
Decía que lo de la transparencia la podía fastidiar y la fastidió. Siempre que se dictan leyes justas y necesarias una parte de la ciudadanía cree en el objetivo para el que se han creado y, además, quiere ejercer el derecho que se le otorga.
Miren por donde, la gente de el digital «eldiario.es» ha hecho saltar todas las alarmas al reclamar a los ministerios del Estado español que les informe de cómo distribuyen los fondos de la publicidad institucional.
Eso, tras haber comprobado que todos presumen de facilitar esos datos en su web, pero solo en números globales; sin precisar cuánto se lleva cada medio y ver quienes son los agraciados y para quienes quedan las migajas y ni eso.
Como los ministerios dijeron al unísono que no con una respuesta orquestada, ese digital recurrió al Consejo de Transparencia; que le ha dado la razón. Ni con esa; ocho ministerios han recurrido esa decisión ante los tribunales en el afán de mantener el secreto de sus turbios repartos de dinero entre los amiguetes; aunque los blogs de estos fieles corruptos solo sean visitados por sus familiares.
Se dicen independientes
Recientemente el periodista y experto en comunicación Carlos Hernández reclamaba en un artículo que para terminar con esta penosa domesticación de los medios españoles «hay que investigar hasta el final la relación entre periodistas y corruptos» y hablaba de «acciones de medios que se compran con dinero de la caja B de un partido; directivos de grupos periodísticos que presionan para que no se investigue a políticos imputados que, casualmente, les habían beneficiado con desproporcionados contratos publicitarios; nombres de tertulianos que aparecen citados en las conversaciones que mantienen los mafiosos…»
Todo muy inquietante y repudiable, pero me temo que no avanzaremos demasiado mientras los directivos de las asociaciones profesionalistas sigan arrullando el sueño de una profesión adormecida con el sobado cuento de que tenemos un «gran periodismo» y de que la autorregulación de los corruptos es la garantía del derecho de la ciudadanía a estar informados.
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