Batallas de todo tipo. Batallas de ideas, las calles de las ciudades como un campo de batalla, el campo como escenario de batalla, la justicia social como campo de batalla, la política como un reverdecido campo de batalla, la conquista de la paz como un campo de batalla. La Constitución Política del 91, última reforma […]
Batallas de todo tipo. Batallas de ideas, las calles de las ciudades como un campo de batalla, el campo como escenario de batalla, la justicia social como campo de batalla, la política como un reverdecido campo de batalla, la conquista de la paz como un campo de batalla.
La Constitución Política del 91, última reforma constitucional y uno de los fracasos políticos más grandes de la historia reciente del país, que buscaba poner fin al conflicto armado, jamás fue un tratado de paz, sino otra carta de batalla. Sin embargo, establece en el preámbulo la necesidad de alcanzar la paz y conquistar la justicia social, «…con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo…»
Así las cosas, podría decirse que ya allí está planteada la necesidad de alcanzar la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (Art. 22 C. P.), en tanto que la paz es el fin mismo de toda sociedad democrática. Y la justicia social, la apertura política, la participación democrática de la ciudadanía, y las garantías políticas que pongan fin a la eliminación del opositor, son los medios para construir el Estado Social de Derecho, morada donde se realiza la sociedad democrática.
Ningún otro propósito tienen los diálogos hoy, que la paz entendida como el fin del conflicto armado para lograr la justicia social, a 25 años de ese gran fiasco político que fue la Constitución del 91, y ante una gigantesca tragedia humanitaria.
Porque en lugar de la unidad nacional, la sociedad se ha polarizado extremadamente poniendo en riesgo la convivencia democrática y pacífica. En lugar del derecho y respeto por la vida, las muertes violentas ascienden a 220.000 asesinatos entre 1958 y 2012, 80% de los cuales son civiles, y cuyo mayor responsable es el Estado a través de las Fuerzas Armadas, policía nacional y el paramilitarismo, habiendo cometido el 80% de los asesinatos; y las guerrillas y otros actores armados del restante 20%, según el Informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro Nacional de la Memoria Histórica, publicado en 2013.
En lugar de trabajo digno, se profundiza la precarización laboral y se mantienen bajos los salarios; en lugar de justicia e igualdad, millones de familias viven en condiciones de pobreza extrema, al punto que somos uno de los países más inequitativos y con la peor distribución de la riqueza entre las naciones del continente y del mundo. El hambre puro y físico sigue matando miles de niños, no solo en la Guajira y el Chocó, sino también en la capital y las grandes ciudades. 18 muertes diarias, entre niños y ancianos, asociadas a la desnutrición, según estudio reciente de la Universidad Nacional.
En lugar de velar por la honra de sus ciudadanos, miles han sido perseguidos, acusados de terroristas, apátridas, traidores, encarcelados, vigilados, espiados, chuzados, su integridad y privacidad violadas sin recatos. En lugar de velar por la seguridad, propiedad y los bienes de millones de familias de campos y ciudades, éstas tuvieron que abandonar sus casas, animales, fincas y bienes para huir de la muerte o tuvieron que ceder al chantaje de quienes se quedaron con sus tierras a precios impuestos bajo la amenaza. En lugar de defender los intereses, derechos, verdad, justicia y reparación de millones de víctimas que ha arrojado el conflicto armado, el Procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, se aprovecha de su investidura constitucional para defender a paramilitares, terratenientes y narco-ganaderos que han sido los principales victimarios y expropiadores.
Entonces la Constitución Política del 91, por más que plasme en el papel escrito una serie de derechos y principios, no deja de ser una hoja de papel que da expresión escrita a los factores reales de poder en Colombia, como planteó el connotado abogado y socialista Ferdinand Lasalle en su obra, Qué es una Constitución?
En Cartas de Batalla, una crítica del constitucionalismo colombiano, el abogado y profesor de derecho, Hernando Valencia Villa, plantea que el «reformismo constitucional es una estrategia ideológica preventiva del cambio social y generadora del consenso político que distingue al régimen desde hace casi doscientos años». Nada más acertado.
Porque si bien la Carta del 91 introdujo una serie de cambios jurídicos, políticos, sociales y económicos, también es cierto que dejó por fuera un factor real de poder; las guerrillas (FARC- ELN) con las que busca la paz el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese intento fallido de reformismo constitucional confirma la tesis de Cartas de Batalla, ya que se generó un consenso en las clases dominantes con cierto apoyo de sectores populares y de izquierda en aquel momento, que se creyeron el cuento del cambio a partir de una nueva carta y un falso tratado de paz.
Atrás queda el fallido intento del ex presidente César Gaviria (1990 – 1994), de pactar un acuerdo de paz como el que hizo con el M-19, el EPL y otras guerrillas en los años 90s. El mismo astuto presidente que le abrió el camino al neoliberalismo cuando lanzó su arenga, Bienvenidos al futuro de la economía de mercado, doctrina incorporada como norma en la Constitución del 91, y que se identifica como la política económica del Estado. «La actividad económica y la iniciativa privada son libres…la libre competencia económica es un derecho de todos…el Estado impedirá que se obstruya o restrinja la libertad económica…El gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia…» Artículos 333 y 336 de la C. P.
La paz como derecho supremo y fin de toda sociedad democrática, la justicia social y las garantías políticas para la participación ciudadana y de la oposición, abren hoy un nuevo escenario para que el constituyente primario dé el toque de cierre al largo conflicto armado en Colombia. ¿Cómo y quiénes conforman ese nuevo sujeto del cambio?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.