Traducido para Rebelión por Daniel Escribano
Una calle londinense dio nombre a la declaración firmada en 1993 por los primeros ministros del Reino Unido y de la república de Irlanda: la calle Downing, en cuyo número 10 tiene su residencia oficial el primer ministro británico.
Allí firmaron John Major y Albert Reynolds el documento que sirvió de punto de partida para el proceso de paz irlandés. Fundamentalmente, el Reino Unido reconocía, de la mano de Major, que no tenía intereses estratégicos en Irlanda del Norte y, en consecuencia, en caso de que esa parte de Irlanda siguiera siendo parte del Reino Unido sería porque así lo habría querido la mayoría de sus habitantes y que sería parte de la república de Irlanda, en cambio, si eso decidía la mayoría. La república de Irlanda, de la mano de Reynolds, se comprometió a dejar de reivindicar la soberanía sobre los seis condados y a reconocer que siguieran siendo parte del Reino Unido mientras así lo quisiera la mayoría de norirlandenses. Las dos partes se comprometieron también a realizar las modificaciones necesarias en sus respectivas legislaciones para cumplir la decisión de los norirlandeses.
El número 10 de la calle Downing está lejos de la residencia del presidente del Gobierno de España, 1261 kilómetros en línea recta. Desde el palacio de La Moncloa hasta la calle Downing, 1653, en caso de seguir el camino que propone el servicio viamichelin.es.
También el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, está muy lejos de acordar cosas semejantes al compromiso que realizara en su momento John Major en torno al derecho a decidir de los norirlandeses, si reparamos en lo que dijo a Ibarretxe el pasado 16 de octubre.
Sin embargo, reculando en el tiempo, en el contexto de un proceso de soluciones recién fracasado, el propio Rodríguez Zapatero o su partido han adoptado posturas no muy lejanas al compromiso que le ha pedido Ibarretxe: en el acuerdo con ETA, en la declaración oficial en el Congreso español y en las bases para el acuerdo de las conversaciones políticas de Loyola, suscritas por el PSE-EE.
Soberanía única. En lo atinente al respeto a la decisión de la sociedad vasca, Zapatero tendrá que prometer a Ibarretxe algo más de lo que prometió a los catalanes en el célebre mitin del 12 de noviembre de 2003 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Entonces Rodríguez Zapatero prometió al candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña Pasqual Maragall que apoyaría el proyecto de Estatuto que estaba elaborando el Parlament de Cataluña tal y como éste lo aprobara, y el tiempo ha dado la razón a quienes no le creyeron. El lehendakari le exige que se comprometa a respetar lo que decida la ciudadanía vasca, pero también a que ese compromiso se refleje en el ordenamiento jurídico, entre otras razones para que no suceda lo que pasó en Cataluña.
Una vez convertido en presidente del Gobierno de España dejó claro que mantenía la doctrina de la soberanía única española, como por ejemplo el 1 de febrero de 2005 en el esclarecedor debate en el Congreso español con el propio Juan José Ibarretxe, cuando el lehendakari llevó el proyecto de nuevo estatuto político aprobado por el Parlamento vasco a las Cortes. Con la frase «si vivimos juntos, decidimos juntos» Zapatero expresó que decidir sobre el futuro de la ciudadanía vasca corresponde «a todos los españoles»: «esta cámara es la sede de la soberanía del pueblo español».
Mes y medio después se le oyó una declaración favorable a la decisión de la ciudadanía vasca. Sus palabras no estaban forzosamente en contradicción con lo defendido en el Congreso un mes y medio antes, puesto que mencionó los límites y procedimientos constitucionales, pero era la primera vez que pronunciaba una frase de ese tipo. Lo hizo el 16 de marzo de 2005, en la entrevista realizada en La Moncloa por el jefe de los servicios informativos de ETB, Jaime Otamendi: «el pueblo vasco decidirá, tiene derecho a decidir, a eso se le llama referéndum, está recogido en nuestro ordenamiento y el referéndum se hace para ratificar un modelo político. Y para hacer eso es necesario un acuerdo».
El acuerdo con ETA. Aún no habían empezado las conversaciones secretas entre el Gobierno de España y ETA, pero sí los contactos a través de los mediadores. En noviembre de 2004 Zapatero recibió la carta de ETA, empezaron entonces las tareas de los mediadores internacionales y en junio de 2005 se realizó la primera reunión entre las dos representaciones. Según la versión de ETA, después de numerosas reuniones, las dos representaciones concluyeron el acuerdo definitivo en febrero de 2006.
En aquel acuerdo, según el documento recogido en el libro publicado por Gara sobre el proceso de negociación, el Gobierno de España prometió que respetaría «las decisiones que tome libremente la ciudadanía vasca sobre su futuro», siempre que éstas se tomaran «sin violencia ni amenazas» y respetando «los procedimientos y normas legales». En el apartado de explicaciones, el acuerdo dice que «el futuro de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra corresponde a sus ciudadanos», sabiendo que hay «dos comunidades autónomas» y teniendo en cuenta «esos ámbitos institucionales» al materializar el acuerdo. Evidentemente, el Gobierno de España jamás ha corroborado haber firmado ese acuerdo.
Tres meses después de la declaración del alto el fuego de ETA, el 29 de junio de 2006, Rodríguez Zapatero realizó la declaración que daba inicio oficialmente al proceso de paz. En la rueda de prensa posterior a la comparecencia en el Congreso se comprometió a respetar la decisión de la ciudadanía vasca: «les digo que el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales y en ausencia de todo tipo de violencia y coacción».
La organización armada explicó posteriormente que la declaración la pactaron, palabra por palabra, los representantes del Gobierno de España y de ETA, pero que Zapatero no cumplió lo pactado. La parte atinente al derecho a decidir la dijo tal y como la aprobaron las dos partes, pero al mencionar también los límites de la Constitución española y el ámbito del Estatuto de Guernica ─y omitir, en cambio, algunos pasajes de lo acordado─, la organización armada denunció que el Gobierno de España había faltado a su palabra, a pesar de que Batasuna hiciera una valoración muy positiva de la declaración de Rodríguez Zapatero.
Los papeles de Loyola. Ahí se acaban las declaraciones de Rodríguez Zapatero o de sus representantes que podrían estar cerca del compromiso que le propone Ibarretxe. Pero mientras el Gobierno de España dialogaba con ETA, el PSE-EE, como es sabido, hacía lo propio con Batasuna y PNV, intentando pactar las bases para un acuerdo político.
Que en las conversaciones de Loyola se dieron pasos adelante en el camino de las bases políticas del acuerdo lo reconocen las tres partes. ETA ha dicho en su órgano, Zutabe: «Como ya es públicamente conocido, las tres partes llegaron a un primer texto para un acuerdo, pero cuando Batasuna puso sobre la mesa para concluir el acuerdo político la condición de entrar en el detalle de un nuevo marco jurídico-político, el PSOE y el PNV se negaron a profundizar en el acuerdo».
El PNV ha dicho una y otra vez que el acuerdo se consiguió y el PSE-EE, si bien no ha hecho declaraciones de ese tipo, ha sugerido que conviene con la versión del PNV. A finales de julio los diarios del grupo Noticias y los media de EITB publicaron los contenidos de ese acuerdo.
Según el borrador que publicaron los diarios del grupo Noticias, los representantes del PSE-EE, con Jesús Egiguren como presidente del partido, llegaron a aprobar una declaración que decía que el País Vasco lo componen Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Lapurdi, la Baja Navarra y Zuberoa, así como a comprometerse a defender que «las decisiones que sobre el futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca sean respetadas por las instituciones del Estado». Según ese borrador, el «acuerdo resultante» debería garantizar que, además de poder ser defendidos, todos los proyectos políticos sean también realizables, «en igualdad de condiciones», si la mayoría de los ciudadanos así se expresara y «mediante procedimientos legales». Pero el acuerdo también decía que esos procedimientos legales podrán cambiarse en el futuro «para que no sean una limitación a la voluntad popular, sino garantía de su ejercicio».
Nadie firmó nada y los negociadores actuaban en nombre del PSE-EE, no directamente en nombre del PSOE o del Gobierno de España. Y, sin ir más lejos, otros socialistas del País Vasco meridional, los del PSN, han aprendido ─y mostrado─ bien dónde reside el centro de decisión. Precisamente el presidente del Gipuzkoako Buru Batzar del PNV, Joseba Egibar, en la entrevista publicada en Berria el pasado 7 de octubre, puso en cuestión que Rodríguez Zapatero estuviera dispuesto a aceptar lo aprobado por el PSE-EE en Loyola: «algunos dicen que el PSE-EE fue demasiado lejos en esos compromisos y que el PSOE no aceptaría muchas de las frases o supuestos compromisos que ahí aparecen. Eso debe considerarse».
* Imanol Murua es periodista político y colaborador habitual del diario Berria.