Las constituciones nunca han sido neutras. Ellas condensan y reflejan correlaciones de fuerzas entre intereses sociales, económicos y políticos y lo que se ha dado en llamar “proyectos país” bien diferentes. Tanto la columna vertebral de la constitución del 80, y la que el historiador Felipe Portales ha llamado la “Constitución del 2005”– aquella firmada por Ricardo Lagos– es la de una Constitución que corona un régimen económico del capital que fue instalado en Chile por los grandes intereses económicos mediante el Golpe de Estado cívico-militar-estadounidense de 1973.
Aquellos dos hitos constitucionales pos-golpe no pueden definirse como democráticos. Lo mismo aquel simulacro engañoso de consulta constituyente bajo el Gobierno de M. Bachelet que nunca ha sido denunciado como se debe. Hubo un déficit evidente de participación de las grandes mayorías ciudadanas y de trabajadores en la redacción de esas constituciones, y por lo tanto de legitimidad. Junto con una exclusión sistemática de las voces del pueblo en las grandes orientaciones económicas, sociales y ecológicas. Se trata de las que habrá que tomar en momentos cruciales, imprevistos, como el que Chile y el mundo están viviendo en estos tiempos de pandemia, reveladores de una crisis civilizatoria profunda.
La marginación de la ciudadanía trabajadora en la toma de decisiones de manera democrática fue conscientemente planificada por los sectores políticos que promovieron la constitución matriz del pinochetismo, y más tarde por los que adhirieron al neoliberalismo como fue el caso de la Concertación. En una Constitución está siempre en juego la cuestión del poder que en la realidad social se materializa en las relaciones económicas entre los propietarios del capital invertidos en sectores estratégicos de la economía y los que venden su fuerza de trabajo. Constitucionalmente hablando, esto se plantea de manera abstracta en la cuestión acerca de quién es el soberano, de quién y cómo se decide. Y de cuál es la manera más legítima, justa y por lo tanto democrática de hacerlo.
La teoría neoliberal tal como ha sido expuesta por Friedman y Hayek y continuada por sus seguidores chilenos transpira en la Constitución chilena. Aquella estipula que sus principios deben estar directamente al servicio del interés del “individuo”, es decir de los propietarios privados de las grandes empresas y de su expresión en el mercado donde actúan las fuerzas económicas de derecho privado, supuestamente en competencia transparente entre ellas. Ahí priman los derechos individuales formales y abstractos. Una “libertad” a la medida de los que pueden darse los medios para “creerse libres”. Los neoliberales alemanes (Ordoliberales) por su parte, insistieron en la tesis del “marco jurídico político” de una constitución: las instituciones políticas deben dar solo un marco para ordenar el sistema para que no se vuelva ingobernable con la participación ciudadana que va a luchar –necesariamente– por demandas y derechos sociales; y para eso postulan la llamada “economía social de mercado”. La democracia estrictamente procedimental y representativa es lo mejor para esos intereses, afirman. Son los representantes políticos de las castas elitistas y propietarias las que compiten entre ellas para manejar el poder. Y si el derecho de propiedad de los grandes medios de producción está amenazado, los neoliberales prefieren, como lo afirmó Hayek cuando se le objetó su apoyo a Pinochet, los gobiernos “liberales autoritarios” (fíjese en la contradicción en los términos).
En efecto, las constituciones neoliberales tienen por objetivo preciso impedir sistemáticamente la participación popular de las instituciones consagradas en ellas. El objetivo es alejarla del ejercicio del poder. Basta con analizarlas de una por una y veremos en ellas rasgos anti democráticos como la designación a dedo de los jueces de la Suprema, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Defensa del Estado, del Contralor de la República, de los comandantes en jefe de las FFAA, de los directores del Banco Central, etc. Parece hasta un despropósito plantearlo así, pero la democracia desde sus orígenes en Grecia fue considerada una aberración por las oligarquías propietarias: “cómo es posible que el “demos” (el pueblo pobre en la polis griega) quiera decidir quién gobierna y plantearse él mismo gobernar de manera directa e imponerle sus leyes a la oligarquía” (representada por el partido oligarca).
Hoy, las objeciones son distintas: ¡cómo puede haber una constitución que garantice y otorgue los derechos sociales como pensiones salud y educación de otra manera que no sea por el mercado y por el mérito individual (la meritocracia)!; ¡qué sabe el pueblo de economía! ¡cómo es posible que pueda haber plebiscitos para decidir si se nacionaliza o socializa el agua, los recursos minerales y la energía si estos nos pertenecen! ¡!Qué es eso de que no decidan los “expertos”! … Y, “en grandes territorios no funciona la participación popular ni las formas de democracia directa” escriben los intelectuales de la oligarquía en los medios a su servicio. Es el mismo “escándalo” democrático contra el que las minorías opulentas se han levantado siempre. El que pueda decidir el pueblo o una parte de él, como cuando se le negaba el derecho a voto a las mujeres. Para imponer su visión particularizada del mundo, las oligarquías, cuando así lo requieren, utilizan la fuerza para impedirlo. ¿No fue una de las razones del Golpe Militar el 11 de septiembre 1973 impedir el anuncio del Presidente Allende de un plebiscito para redactar un nueva Constitución?
El temor de los neoliberales y de sus aliados concertacionistas, de las oligarquías propietarias y de sus representantes en Chile es evidente, y fue la razón por la que nunca aceptaron la demanda de Asamblea Constituyente explica también Felipe Portales. No quieren una constitución que permita cambiar el modelo de captura oligárquica de la riqueza socialmente producida, ni tampoco enfrentar de manera democrática (de acuerdo a la doctrina del interés general) los grandes desafíos del futuro en un mundo convulsionado por la desigualdad social y de género; el excesivo poder de las grandes compañías tecnológicas y el capital financiero y extractivista que se expresa en los tratados internacionales; la opresión de los pueblos autóctonos; las pandemias resultado de la destrucción de los frágiles ecosistemas y de la biodiversidad. Y por último de lo que viene: el riesgo científicamente argumentado de colapso civilizatorio que amenaza al planeta bajo el régimen del productivismo depredador que podemos llamar capitaloceno.
No podemos ignorar que hay constituciones que se han esforzado por garantizar los derechos sociales escritos en el texto constitucional. Las hay. Para ello, como la Constitución italiana de 1947, con fuerte influencia de las fuerzas sociales que lucharon contra el fascismo, que estipula en su Artículo 4 que “La República reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo y promueve las condiciones que hacen efectivo ese derecho”. Sin embargo, escribe Franco Turigliato, “esto nunca ha sido concretizado porque no es compatible con el sistema capitalista” y, agrega el analista italiano, “entre 1968 y 1978 todas las grandes reformas a la sociedad capitalista italiana han sido arrancadas por durísimas luchas sociales y sindicales. Y es impresionante hacer el recuento, si las ponemos en relación con los principios constitucionales, que hasta ese momento eran letra muerta” (*).
Ahí está la verdad de la milanesa: las luchas sociales son el punto clave para lograr una sociedad más justa e instituciones legítimas, incluso las constituciones. Sin las movilizaciones que partieron en lo que fue ese gran acto de Rebelión Social iniciada 18/O no habría plebiscito. Ahí quedaron claras las demandas populares. Y sin embargo lo vimos, cómo la casta política toda firmó un pacto para capturar la potencia popular y canalizarla hacia una trampa manejada con Comisión técnica ad hoc por ella. Al entregarle el poder de veto a los sectores oligárquicos con 1/3 de los delegados. Lo que se ofrece en el Apruebo no es Asamblea Constituyente libre y soberana. El triunfo del Apruebo será una victoria popular sí, pero serán una vez más los partidos los que harán elegir sus delegados para pactar una nueva constitución que estará, en caso que no se revierta la espiral del silencio al servicio de los Piñera, Luksic, Matte Larraín, Angelini y de sus agentes parlamentarios. Nada de lo que garantiza un proceso constituyente democrático puede esperarse de la casta y de su pacto del 15 de noviembre como es requisicionar los medios de información (todos los canales de TV en manos de los grandes grupos económicos) para dar garantías a todos los puntos de vista de poder expresarse: los del movimiento sindical, del pueblo mapuche, del movimiento feminista, de las coordinadoras populares surgidas estos últimos meses. La misma pandemia actúa como un lastre para la movilización popular. Un proceso constituyente que comienza con el plebiscito es un ejercicio abierto de debate, de educación popular. Se discute, lee y piensa y después se vota.
Y sin embargo se mueve. Queda el proceso mismo que viene de la energía transformada en consciencia del 18/O. Del movimiento de la multitud que se constituye y potencia por sus propios afectos y voluntades como poder constituyente; como la afirmación de la dignidad, de la pérdida del miedo. Como la necesidad de construir futuros para enfrentar la adversidad. Proceso que se nutre de la lógica imperiosa de continuar planteando que el poder constituyente está en el pueblo. Que éste puede auto constituirse, converger y articularse para desarrollar su propia convocatoria con el fin de redactar una constitución democrática con formas de democracia directa que sea legitimada por el propio pueblo y cuyas cláusulas, principios y articulados sirvan de comparación con el engendro constitucional que podría salir del simulacro de constituyente oficial.
Estipular un quórum de dos tercios para el texto a ser aprobado en la segura futura convención es una trampa antidemocrática. Una continuidad del consenso neoliberal en política. Una burla a los principios y a la lógica democrática. Tener una propia Constitución del pueblo con una auténtica Asamblea Constituyente puede ser una manera de enfrentar el futuro incierto después de la seguidilla de decepciones a las que nos ha sometido la casta política en su conjunto. Es una opción para mantener vivo el ideal democrático de una constitución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo con mayoría ciudadana y trabajadora. De lo contrario nada será resuelto. Así pues, en toda nueva constitución debe poder garantizarse la paridad de género en todas las instancias de poder; el reconocimiento de los pueblos autóctonos y los derechos sociales fundamentales; además de poder plebiscitarse la propiedad de las grandes empresas y recursos estratégicos; establecerse constitucionalmente un plebiscito revocatorio de medio mandato de las autoridades de los tres poderes, establecer un solo parlamento ampliado y estipular el Plebiscito de iniciativa ciudadana con recolección previa de un número razonable de firmas para promover y aprobar nuevas leyes discutidas en un contexto de deliberación pública ciudadana informada.
(*) https://www.contretemps.eu/desastre-gauche-italie-turigliatto/