No hay plena conciencia en nuestro país que las derechas españolas gobernantes están situadas, en el panorama político europeo, en la ultraderecha, siendo las políticas neoliberales que imponen de las más duras y con consecuencias más negativas para el bienestar de la población dentro de la comunidad europea. Sus políticas de recortes de las transferencias […]
No hay plena conciencia en nuestro país que las derechas españolas gobernantes están situadas, en el panorama político europeo, en la ultraderecha, siendo las políticas neoliberales que imponen de las más duras y con consecuencias más negativas para el bienestar de la población dentro de la comunidad europea. Sus políticas de recortes de las transferencias públicas del Estado del Bienestar, como las pensiones, son las más acentuadas en la Unión Europea (cuya mayoría de gobiernos, por cierto, son también de derechas). Si no se lo creen léanse un informe de la Comisión Europea (liderada, por cierto, también por las derechas europeas) titulado Ageing Report 2018, en el que se detalla la situación de las pensiones en la Unión Europea (UE). Y verá que de todas las reformas de las pensiones realizadas por los gobiernos de la UE, las que han impuesto medidas más drásticas y más antisociales son las hechas por el gobierno del Partido Popular, presidido por el Sr. Rajoy. Como consecuencia, España es prácticamente el único país de la UE que actualiza las pensiones cada año siguiendo una fórmula que no tiene en cuenta ni la evaluación del nivel de vida del país (incluyendo el nivel de inflación), ni la evolución de los salarios. La única variable que tal fórmula considera es el estado de las finanzas de la Seguridad Social, estableciéndose un límite en el incremento de las pensiones que no puede nunca superar el IPC más de un 0,5% ni ser inferior a un 0,25% de dicho índice. Dentro de estos límites, la variación del nivel de las pensiones dependerá de la lectura que se dé al estado de las finanzas. Puesto que la mayoría de los ingresos a la Seguridad Social proceden de las cotizaciones sociales, cuyo número y cantidad depende en gran medida de los salarios y de la cantidad de asalariados y contribuyentes, el descenso de estos tendrá un impacto devastador en la sostenibilidad de las pensiones. Las mismas derechas españolas que han desarrollado reformas tan antisociales de los beneficios del sistema de pensiones, son las que han realizado reformas del mercado laboral conducentes a bajar los salarios y a aumentar la precariedad. Ningún otro país ha aplicado medidas tan draconianas. En la mayoría de los países de la UE, la actualización de las pensiones se realiza según, entre otras variables, la evolución de la inflación. No así en España.
Hay que subrayar que todos aquellos partidos políticos miembros de las familias conservadoras y liberales europeas (como el PP, Ciudadanos y el PDeCAT) han promovido recortes de los fondos públicos del Estado del Bienestar, privatizando sus servicios públicos. Un claro ejemplo es el gobierno de Convergència (ahora PDeCAT), que ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático, primero con Unió Democràtica (que ahora es parte de la candidatura del PSC) y últimamente con ERC, y que ha sido uno de los gobiernos que han realizado los recortes y privatizaciones más acentuadas de los servicios públicos del Estado del Bienestar, como la sanidad, en España. Pero, de las políticas neoliberales, las más duras han sido las realizadas por el gobierno Rajoy (seguidas de las propuestas por Ciudadanos y el PDeCAT).
El ataque frontal a las pensiones
Como consecuencia de estos cambios aprobados por el gobierno Rajoy, la Autoridad Fiscal, una agencia estatal independiente de control fiscal, ha indicado que las pensiones en España perderán un 7% de su poder adquisitivo en 2022. CCOO calcula que será incluso más del doble de este porcentaje en los próximos 10 años: un 15%. En realidad, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que la pérdida será de un 30% en 2050 para los nuevos pensionistas. Sea como sea, este porcentaje, según la fórmula aprobada por las derechas españolas, conservadoras y neoliberales (una de las más conservadoras y neoliberales en la UE), define un futuro para los pensionistas más que preocupante. Repito, una vez más, que en ningún país ha habido un ataque tan brutal a las pensiones como en España. Y lo que es también más que notable es que esta realidad apenas ha tenido visibilidad mediática, ya que los medios se han centrado en temas que para el establishment político-mediático del país son esenciales, como el conflicto de banderas y nacionalismos entre el gobierno central y los periféricos. Mientras tanto, los pensionistas españoles y catalanes tendrán un futuro más que cuestionable.
Los principales afectados por estas políticas neoliberales son los que votan en mayor porcentaje a los partidos que las realizan
La otra realidad digna de mencionar es que los sectores de la población que votan más a las derechas (todas ellas neoliberales) son los grupos -los ancianos- más negativamente afectados por las reformas de las pensiones, que los están dañando. En esta situación, los grupos más afectados por las políticas públicas neoliberales del PP y de Ciudadanos son los que les votan más masivamente. ¿Por qué?
Dos son las razones. Una es que la gran mayoría no están informados de lo que está ocurriendo. La mayoría de la población anciana conoce la realidad a través de las televisiones, que están instrumentalizadas predominantemente por las derechas. Y la otra es el mal llamado «patriotismo» que creen garantizado por las derechas, a las cuales consideran erróneamente como las que mejor defienden la «unidad de España» (o «la felicidad en el futuro independiente»). En este aspecto, la identificación de los distintos nacionalismos con las derechas da una enorme ventaja a las derechas. Las izquierdas, supuestamente internacionalistas, van dejando frecuentemente el tema nacional a las derechas. De ahí que la justa indignación hacia la pérdida de identidad resultante de la globalización, o de la europeización, o de las amenazas nacionalistas de todo tipo, vaya canalizándose a través de los partidos de derechas.
La solución a este hecho no es separar el tema social (tema de izquierdas) del tema nacional (tema de derechas), sino entrar en el tema nacional a través del tema social. Es decir, redefinir lo que es patria y nación, identificando ambas con los intereses de la población (de la cual las clases populares son la mayoría), equiparando nación y patria a seguridad, bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población.
Las preguntas que las izquierdas deberían promover son: ¿cómo pueden las derechas españolas y catalanas presentarse como defensoras de la nación o de la patria española o catalana cuando sus políticas públicas están, a la vez que beneficiando a las rentas superiores, dañando el bienestar de la mayoría de la población tanto en Catalunya como en el resto de España?; ¿cómo pueden considerarse superpatriotas cuando sus reformas están dañando tanto a los pensionistas del país, a los que recortan las pensiones tras toda una vida de trabajo, cuando han construido este país?; ¿cómo pueden las derechas hablar de superpatriotismo cuando recortaron y privatizaron los servicios públicos de las clases populares tanto en Catalunya como en el resto de España? Es precisamente la denuncia de la utilización de las banderas por parte de los intereses económicos y financieros lo que debería ser la estrategia electoral de las izquierdas. Así de claro.
Fuente: http://www.vnavarro.org/?p=14374