José Manuel Sariego y la Alcaldesa, Paz Fdz. Felgueroso, arremeten contra la juez al verse presuntamente implicados en la «Operación Marea» contra la corrupción. En el Auto se llega a la conclusión de que la constante adjudicación de múltiples contratos a Almacenes Pumarín por parte del Ayuntamiento de Gijón, se ha beneficiado a miembros del […]
José Manuel Sariego y la Alcaldesa, Paz Fdz. Felgueroso, arremeten contra la juez al verse presuntamente implicados en la «Operación Marea» contra la corrupción.
En el Auto se llega a la conclusión de que la constante adjudicación de múltiples contratos a Almacenes Pumarín por parte del Ayuntamiento de Gijón, se ha beneficiado a miembros del Consistorio y del mismo partido político, cuyos familiares son trabajadores de dicha empresa.
A raíz de las dos primeras detenciones el 24 de enero de 2011, dentro del caso «Operación Marea» contra la corrupción, que afecta a la Administración y Gobierno de Asturias, y que llevó a la cárcel al Consejero de Educación, José Luis Riopedre, a dos altos cargos de la Administración del Gobierno y a dos empresarios, todos ellos por presuntos delitos relacionados con el suministro de materiales de modo irregular por estas dos empresas, tanto en la adjudicación como en determinadas comisiones a los implicados, el concejal Pecharromán realizó unas declaraciones en las que manifestaba que esta trama de corrupción investigada «podría tener ramificaciones en las administraciones locales, concretamente en el Ayuntamiento de Gijón, destacando la coincidencia de que una de las comerciales de Almacenes Pumarín sea la mujer del concejal de coordinación y supervisión de organismos autónomos municipales del Ayuntamiento de Gijón»
La juez, Ana López Pandiella, que ahora ha sobreseído esta querella, es la misma que admitió a trámite e inició la investigación, bajo secreto de sumario, de la «Operación Marea».
En el escrito no sólo se desestima la querella presentada por José Manuel Sariego, Primer Teniente de Alcalde y Secretario General del PSOE, contra el concejal Pecharromán por el presunto delito de injurias y calumnias, sino que en el Auto se hace un largo repaso a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a recibir información.
Así, cuando se refiere a la participación política cabe reconocérsele una mayor amplitud a las libertades de expresión y de información, tal como se recoge en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no sólo con críticas inofensivas «sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar.»
Afirma la juez que son requisitos legitimadores, en este caso, «la relevancia informativa y veracidad de la existencia de un caso de corrupción a nivel autonómico en el que aparecen implicadas diversas empresas y cargos políticos del partido [PSOE] en el que milita el querellante [Sariego]»
Por otra parte, de entrada, dice el Auto, no podría haber delito de calumnia porque en sus declaraciones el querellado [Pecharromán] no imputa ningún delito específico a los querellantes [Sariego y su mujer], por tanto, faltando la imputación de un delito concreto, no puede hablarse de calumnia en el sentido penal.
En cuanto al delito de injurias, se requeriría la utilización de frases peyorativas con una patente mala fe y con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio de la verdad y, en ausencia de todo esto, no cabe hablar de delito de injurias.
Es muy importante señalar que la querella de Sariego y de su esposa, no desmiente en ningún momento los hechos a los que el querellado hace referencia, en especial que su mujer, María del Mar, empleada de Almacenes Pumarín, tuviera papel destacado en las ventas de su empresa a las distintas Administraciones, como tampoco desmienten la sospecha de que la relación entre el PSOE de Gijón y las empresas investigadas sea muy estrecha, ni siquiera intentan despejar sospechas acerca de la dimisión del ex Consejero y de su directora general. Es evidente que la imputación consistente en utilizar el cargo para obtener beneficios personales, para amigos o familiares, no puede decirse que se haya producido con temerario desprecio de la verdad, ya que sus manifestaciones nacen de la información veraz (no discutida ni cuestionada) que transmiten los medios sobre las detenciones practicadas en la «Operación Marea».
La habitual adjudicación de contratos por parte del Ayuntamiento de Gijón a Almacenes Pumarín, empresa en la que trabaja como comercial la mujer del teniente de alcalde Sariego, pudiera ser o no legal, pero parece lógico que desde el punto de vista de cualquier ciudadano se puede interpretar que la contratación con dicha empresa pudiera ser «de muy dudosa moralidad pública» dada la posibilidad de que unos y otros pudieran beneficiarse directamente o indirectamente.
En resumen, se llega a la conclusión de que la constaste adjudicación de múltiples contratos a Almacenes Pumarín por parte del Ayuntamiento de Gijón se ha beneficiado a diversos miembros del Consistorio y del mismo partido político, cuyos familiares figuran como trabajadores de dicha empresa.
Añade el Auto, que desde el punto de vista de la ética democrática no parece ser una conducta adecuada y digna del respecto ciudadano, sobre todo si se quieren transmitir criterios de de rigor y de legalidad, cuando se insiste en adjudicar contratos casi siempre a la misma empresa en la que miembros del partido tienen a familiares trabajando en ella. Por tanto no se miente vilmente ni se comete un delito de injurias. Es una cuestión de matices ante la actuación legal o ilegal del Ayuntamiento de Gijón y de los querellantes, el concejal Sariego y su mujer.
En el debate o contienda pública y política que afecta a los intereses de la ciudadanía, como lo requiere el pluralismo político, el derecho al honor se debilita proporcionalmente en cuanto sus titulares son y ejercen funciones públicas, obligados por ello a soportar que sus derechos subjetivos resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general.