El escándalo producido por la decisión del Pleno del Tribunal Supremo de invalidar una sentencia firme de la sala de lo Contencioso del mismo Tribunal ha tenido la gran virtud, no sólo de mostrar «quién manda aquí»1, sino de hacer inocultable la podredumbre que impregna a «las más altas instancias del Estado». La indignación razonable […]
El escándalo producido por la decisión del Pleno del Tribunal Supremo de invalidar una sentencia firme de la sala de lo Contencioso del mismo Tribunal ha tenido la gran virtud, no sólo de mostrar «quién manda aquí»1, sino de hacer inocultable la podredumbre que impregna a «las más altas instancias del Estado».
La indignación razonable no debiera llevarnos a tratar esta sentencia como un caso aislado. Tampoco como la manifestación esencial del problema. Esta sentencia se une a la lista de escándalos protagonizados por ese Tribunal. Cada vez más gente de a pie sabe que eso ocurre cada día en multitud de tribunales y despachos oficiales y que, si no son suficientes las «puertas giratorias», se recurre a presiones directas más violentas.
Eso sucede aquí, en cualquier país de la UE y en cualquier estado del planeta en el que el poder real máximo resida en una plutocracia que controla los bancos y las grandes multinacionales y que tiene los poderes del Estado a su servicio. Se llama capitalismo.
Lo que evidencian casos como este es que verdaderamente, en algo, «Spain is different». Aquí la cosa es más burda, como recuerdan los tribunales de derechos humanos o los de otros países de la UE. Ni siquiera hay que molestarse en guardar las apariencias. Permanece en las cúpulas de los aparatos del Estado la misma prepotencia impune que implantaron a sangre y fuego los vencedores de la guerra civil, que se ha mantenido desde la Transición bien guardada por el PSOE y el PP, y que hoy exhibe, insultante, el rey emérito.
Y esa tarea sigue pendiente, viva y apremiante, después de cuarenta años.
Pero el caso del pago del impuesto de las hipotecas, no sólo muestra la vergüenza de la corrupción evidente del «más alto Tribunal».
Quienes – como el PP, y una ristra de tertulianos y «expertos»- argumentan que la sentencia debe aceptarse porque si se hiciera pagar el impuesto a los bancos se encarecería el precio de las hipotecas, están mostrando una realidad incontestable: el poder de los bancos es absoluto.
Y este inmenso negocio, desde el estallido de la crisis financiera y por obra y gracia de la Unión Europea y de su Banco Central (BCE), se hace sobre todo con dinero público.
El BCE con competencia exclusiva para imprimir y prestar dinero tras la desaparición de los bancos centrales de los países miembros, no puede comprar deuda pública de los Estados y sólo puede vender dinero a los bancos. El tipo de interés actual es del 0,25%.
El artículo 123 de su Reglamento prohíbe taxativamente al BCE adquirir deuda pública, pero cuando pese a todo hacen el favor de comprarla es a cambio de nuevas privatizaciones y reformas laborales, recortes en las pensiones, etc. ¿Cabe alguna duda de a quién representan?
El negocio se cierra cuando los Estados se ven obligados a comprar dinero a los bancos privados a cambio de deuda pública al tipo de interés «de mercado», es decir, abonando para obtener dinero un interés mucho más elevado que el pagado por los bancos al BCE. Y la deuda pública aumenta y aumenta. Así, mientras los servicios y prestaciones públicos se desmoronan, La Troika y los bancos dicen que se debe a que «vivimos por encima de nuestras posibilidades y gastamos más de lo que ingresamos». Los acreedores del Estado son los grandes bancos, de aquí y de fuera.
Y es el Estado, en este caso el español, quien con dinero público extraído de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de las becas, etc, ha rescatado a unos bancos que ya han anunciado que no devolverán los más de 60.000 millones de euros que oficialmente reconocen haber recibido.
Son esos mismos bancos los que como hienas han arrojado, y arrojan, a la calle -y muchas veces al suicidio- a cientos de miles de familias obreras que no consiguen con sus míseros salarios, o desde el paro, pagar su hipoteca o su alquiler. El resultado: un millón setecientos mil desahucios desde que empezó la crisis y cerca de tres millones de viviendas vacías.
Y las decisiones las toman exactamente los mismos consejos de administración que se autoadjudican salarios astronómicos y exhiben beneficios record cada año.
Además, es a esos bancos a quienes como «prioridad absoluta» el Estado debe pagar la deuda pública contraída, tal y como obliga el artículo 135 de la Constitución y el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro de 2013. Para eliminar cualquier escapatoria, la Ley 2/20122 que desarrolla los marcos legislativos anteriores establece la tenaza de la reducción del gasto público que debe asegurar el pago de esa deuda.
Ese marco jurídico-político permite la intervención, real y directa, de la llamada Troika (UE, BCE y FMI), sobre los presupuestos de todas las administraciones públicas y de la Seguridad Social.
Curiosamente esa humillante intervención, a la que se van sometiendo dócilmente todos los gobiernos desde 2011, incluido el actual con su variopinto apoyo parlamentario, no les parece lesiva para la soberanía a tantos exhibidores de banderas y defensores de la patria. Pero lo más grave, es que se oculta sistemáticamente que los programas políticos y las promesas de cambio que construye con desparpajo el «relato» de PSOE y Unidos Podemos son rigurosa y estrictamente papel mojado en el vigente marco jurídico-político de la UE y del Euro. El ejemplo de Syriza ahorra más argumentos.
Esta esperpéntica situación, responsable directa de la miseria y la desesperación de millones de personas, es la que -contra toda lógica- parece intocable e inamovible, y ante la que doblan la rodilla, derechas y supuestas izquierdas.
Obviamente, esa sacrosanta intangibilidad de los auténticos pilares del poder se asienta sobre el desconocimiento por parte de la mayoría del funcionamiento del siniestro engranaje de la dominación. Y se alimenta cuando ante situaciones como la actual, que muestran al desnudo el omnímodo poder del capital, la izquierda institucional señala solamente a sus esbirros, en este caso al Tribunal Supremo. El magnate del automóvil, Henry Ford decía que si la gente supiera como funciona el sistema financiero habría una revolución antes de mañana. ¿A quién sirve el silencio acerca de la mano que mece la cuna?
La crisis, mejor dicho, las consecuencias de la crisis, arrojadas brutalmente sobre las condiciones de la inmensa mayoría, arrancan máscaras y, aún a pesar de todos las maniobras de confusión, la realidad se abre camino. Ante la conciencia de cada vez más gente se abre paso la necesidad de plantear objetivos políticos indispensables, de los que no se habla en las instituciones.
La expropiación de la banca, negar el pago de la deuda y salir del Euro y de la UE, constituyen la única alternativa, la condición sin la cual no hay cambio posible.
Notas:
1 Titulo del artículo que escribí el 24 de octubre tras conocerse la decisión del Presidente del Tribunal Supremo de suspender y reconsiderar la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. http://insurgente.org/angeles-maestro-quien-manda-aqui/
2 En este enlace puede consultarse la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5730
Aqui el Informe realizado por red Roja sobre la misma Ley: http://www.redroja.net/index.php/noticias-red-roja/noticias-cercanas/1910-informe-de-red-roja-sobre-la-ley-organica-22012-el-final-de-cualquier-soberania-y-el-arma-de-destruccion-masiva-de-los-servicios-publicos
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.