Ha sido un golpe duro a la credibilidad del fiscal jefe Jorge Abbott el que la Corte Suprema haya aceptado a trámite la solicitud de su remoción del cargo hecha por un bloque opositor y democrático de parlamentarios de izquierdas y progresistas. Por mucho que aquél lo niegue y que su abogado – el ex […]
Ha sido un golpe duro a la credibilidad del fiscal jefe Jorge Abbott el que la Corte Suprema haya aceptado a trámite la solicitud de su remoción del cargo hecha por un bloque opositor y democrático de parlamentarios de izquierdas y progresistas. Por mucho que aquél lo niegue y que su abogado – el ex ministro concertacionista de justicia Luis Bates – diga lo único que puede decir en estos casos: que su defendido está «absolutamente tranquilo».
La Corte Suprema, al aceptar el documento de solicitud de destitución del fiscal Abbott por «negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones» abrió un período donde además de audiencias y de la designación de un ministro de la Corte a cargo del caso, habrán necesariamente debates y deliberaciones acerca de los tipos diferentes de justicia que existen para empresarios/políticos poderosos, y para ciudadanos comunes. Y también acerca de la impunidad de los crímenes de cuello y corbata y del carácter de la corrupción política que corroe la institucionalidad vigente, así como la manera de ponerle atajo en un gobierno neoliberal. Esto en el marco de las actitudes recientes de parlamentarios que rehusaron legislar contra el cohecho.
Será el momento donde ex fiscales que conocen la máquina por dentro intervengan a partir de su propia experiencia.
La diputada del Frente Amplio Claudia Mix, una de las promotoras de la iniciativa, insistió en que es un hecho «histórico» esto de la solicitud contra Abbott pues los y las parlamentarias hacen su pega con los instrumentos legales a su disposición, y la «Corte Suprema ratifica su independencia como poder del Estado» agregó. Sin embargo, se le olvidó a la diputada -para que se produzcan cambios reales- llamar a la ciudadanía a estar atenta y a movilizarse por la justicia y contra la corrupción y la impunidad en los casos SQM-Longueira-Contesse-Pizarro-Enríquez Ominami. Imposible no vincular los hechos que componen la realidad.
Los y las representantes de Revolución Democrática en el Congreso, que dieron claras muestras de no estar a la altura de las exigencias democráticas del momento pues no firmaron el documento presentado a la Suprema corte, salieron con frases grandilocuentes que en nada ayudan a intervenir en política, es decir actuar de manera concreta en la situación concreta; en la correlación actual de fuerzas con la percepción ciudadana crítica e indignada. Evaluaron mal las tropas de Jackson y Crispi. Tampoco llamaron a construir un movimiento social contra la corrupción y la impunidad si, tal como lo expresaron, «quieren acabar definitivamente» con ésta. Un poco de lógica política ayuda a la praxis.
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