El Juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha declarado «ilegal» la huelga del Metro del 29 y 30 de junio de 2010, jornadas en las que no se cumplieron los servicios mínimos decretados por el Gobierno regional. La sentencia, estima la demanda en proceso de concepto colectivo interpuesta por Metro de Madrid contra […]
El Juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha declarado «ilegal» la huelga del Metro del 29 y 30 de junio de 2010, jornadas en las que no se cumplieron los servicios mínimos decretados por el Gobierno regional.
La sentencia, estima la demanda en proceso de concepto colectivo interpuesta por Metro de Madrid contra los sindicatos con representación en el suburbano madrileño (CCOO, UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato de Conductores, Sindicato Libre, Sindicato de Técnicos y Sindicato de Estaciones), el comité de huelga y el comité de empresa.
El responsable de CCOO en Metro, Ignacio Arribas, ha dicho que la sentencia es «injusta» y ha anunciado que será recurrida.
En Metro de Madrid, sin embargo, hay «satisfacción». Un portavoz, que ha recordado que la dirección deberá decidir ahora si abre otro proceso para solicitar una indemnización por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de los servicios mínimos.
Los servicios mínimos
El tribunal señala que el servicio que presta Metro de Madrid es de «interés general» y rechaza los argumentos de los demandados de que en otras ocasiones los servicios mínimos establecidos por el Gobierno fueron anulados por los tribunales por ser excesivos.
Sobre este asunto incide en que, aunque los servicios mínimos sean impugnados «han de ser cumplidos al menos en parte», lo que ocurrió fue por causa imputable únicamente a los trabajadores de Metro.
La sentencia también señala que u n elevado número de usuarios se vieron «impedidos o enormemente dificultados» en sus desplazamientos para acudir a su puesto de trabajo, volver a su residencia, acudir a centros sanitarios y educativos, entre otros.
El motivo de la huelga fue la reducción salarial del cinco por ciento acordada por el Gobierno en el ámbito estatal y trasladada a la Comunidad de Madrid.