Sumar reabre el debate sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica dando voz al movimiento laicista y memorialista que reclama reformas legales para revertir esta situación.
Más del 80% del patrimonio histórico de nuestro país está en manos de la Iglesia Católica. Se estima que al menos 100.000 son los bienes inmatriculados hasta 2015, año el que se acabó con este privilegio de la jerarquía eclesiástica. Entre ellos no solo hay lugares de culto (catedrales, ermitas, iglesias), sino edificios civiles, cementerios, plazas públicas, fincas, kioscos, tierras de labranza y hasta ruinas con las que el episcopado español sigue haciendo negocio. La magnitud es tan grande que habría que tratarlo como “una cuestión de Estado”. Así lo creen las asociaciones que desde diferentes territorios llevan años trabajando para revertir esta situación y que este lunes se dieron cita en el Congreso de los Diputados en una jornada impulsada por el Grupo Plurinacional Sumar.
Hasta ayer el debate estaba en punto muerto. El anterior gobierno de coalición publicó en 2021 un informe que recogía todas las inmatriculaciones del periodo 1998-2015, un total de 34.961. Pero poco más se hizo. En el acuerdo entre el primer gobierno bipartito entre PSOE y Unidas Podemos se recogía el compromiso de devolver todos estos bienes al patrimonio público, pero “no ha habido suficientes avances” para “reparar un problema histórico” según aseveró el diputado Enrique Santiago, encargado de abrir la jornada que llevaba por título ‘Inmatriculaciones y Patrimonio Cultura. Una cuestión de Estado’.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida calificó estos hechos de “usurpación” y “apropiación indebida” y pidió la nulidad de todas las inmatriculaciones y una ley que otorgue potestad al Estado para proteger bienes de especial valor como los declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. “Debe haber una normativa estricta que no solo evite su apropiación indebida, sino que, al margen de quien sea su titular, obligue a su debida conservación, acceso público y que posibilite el disfrute por toda la sociedad”, aseguró.
El origen de este expolio se encuentra en la legislación franquista. Después de que el Gobierno de la II República decretara la titularidad pública de todos los bienes de la Iglesia salvo los templos para el culto religioso, la dictadura franquista otorgó en 1946 a los obispos la potestad para inmatricular bienes con la salvedad de los lugares de culto (artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946), equiparando así a la Iglesia con las administraciones públicas. A partir de eso momento valía “la simple firma de un obispo”, una sencilla certificación eclesiástica para apropiarse de miles de propiedades de todos los pueblos de España, como destacó en su intervención el presidente de Recuperando (Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica) José María Rosell.
La Iglesia continuó con el expolio las siguientes décadas, incluso después de la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución. Los obispos eran verdaderos fedatarios públicos, podían inscribir inmuebles a su antojo con la necesaria colaboración de registradores y notarios. Ya en 1998, el Gobierno de Aznar dio una nueva vuelta de tuerca al permitir la inscripción de los lugares de culto; y en 2015 una nueva reforma legal del Gobierno del PP impidió a los obispos continuar con esa prerrogativa, pero no lo declaró inconstitucional, permitiendo así que la Iglesia se quedará con todo lo inmatriculado. Unos 100.000 inmuebles, de los que solo se ha hecho inventario del periodo que va de 1998 a 2015, y de los que solo mil han sido los reconocidos por la Iglesia como apropiación indebida tras la negociación llevada a cabo por el Gobierno.
LA INSCRIPCIÓN DE LA MEZQUITA POR UN OBISPO
Para el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez, se trata de “un escándalo jurídico” además de social, económico y político. Mientras la Catedral de Lisboa (Portugal), la Abadía de Westminster (Inglaterra), o Notre Dame de París (Francia) son propiedad del Estado, la Mezquita-Catedral de Córdoba “está inscrita a nombre de un obispo”, resaltó. Para este jurista se impone la necesidad de declarar nulas todas las inmatriculaciones y atenerse, por ejemplo, al cumplimiento de una resolución de 2014 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que declaró ‘arbitrario’ el procedimiento de la inmatriculación de una iglesia cisterciense por el Obispado de Palencia al otorgar privilegios a la Iglesia católica.
“El fallo establece jurisprudencia sobre las inmatriculaciones en general, ya que el procedimiento al amparo del artículo 205 de la Ley Hipotecaria constituye una flagrante violación de los derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos. Dicha sentencia condena al Estado español a una elevada indemnización, al considerarlo el responsable de la inmatriculación contraria al derecho europeo, al otorgar la autoridad fedataria indebidamente a la Iglesia católica”, señalan desde el Grupo Sumar.
Respecto a la Mezquita-Catedral de Córdoba, considerada Patrimonio de la Humanidad desde 1984, la Iglesia decidió apropiarse en exclusiva de este monumento de singular valor en 2006, a través de la inscripción realizada por el obispo cordobés Juan José Asenjo a nombre de la Diócesis de Córdoba.
En marzo del 2016, un informe del secretario del Ayuntamiento de Córdoba concluyó que ‘nadie puede adquirir su propiedad ni registrar su titularidad’ al ser un monumento fuera del alcance del comercio humano. En septiembre de 2018, este mismo ayuntamiento hizo público un informe encargado por la institución a una comisión de expertos bajo el liderazgo de Federico Mayor Zaragoza. El trabajo constata de manera contundente que la Mezquita-Catedral nunca fue propiedad de la Iglesia e insta al Gobierno a actuar en consecuencia.
LOS COMUNALES DE NAVARRA
En Navarra, donde el trabajo de la asociación de Recuperando es especialmente activo se han constatado un total de 1.952 bienes inmatriculados. Según destacó la abogada Cristina Contreras, de la Plataforma en defensa del Patrimonio de Navarra, estamos hablando de 3,4 millones de metros cuadrados incluyendo lo que allí se conoce como ‘bienes comunales’ que son de dominio público. De esas casi dos mil inmatriculaciones, el 63% no son lugares de culto, sino tierras de labranza, cementerios, fincas. Ahora “son bienes del Vaticano” en lo que esta jurista califica de “privatización gigantesca.
La coordinadora recuperando, que agrupa a más de 30 asociaciones patrimonialistas de diferentes comunidades autónomas presentó en estas jornadas una serie de propuestas para revertir esta situación y promover en la actual legislatura los cambios legales necesarios. En primer lugar, para la reversión de todos los bienes inmatriculados declarando su nulidad; su catalogación, en su caso, como dominio público; así como el establecimiento de un modelo de gestión del patrimonio cultural.