Una delegación española visitó Guinea Ecuatorial la pasada semana. Con el telón de fondo de la querella presentada en la Audiencia Nacional contra Obiang y algunos de sus familiares y ministros, los diputados y senadores españoles llegan a la dictadura de Obiang, el noveno país más corrupto del mundo que pisotea sistemáticamente los derechos humanos. […]
Una delegación española visitó Guinea Ecuatorial la pasada semana. Con el telón de fondo de la querella presentada en la Audiencia Nacional contra Obiang y algunos de sus familiares y ministros, los diputados y senadores españoles llegan a la dictadura de Obiang, el noveno país más corrupto del mundo que pisotea sistemáticamente los derechos humanos.
Es el noveno país más corrupto del mundo según Transparency International. También es el cuarto mayor productor de petróleo del África subsahariana y, aunque su población debería contar con una renta per cápita similar a la del Estado español o Italia, la situación de pobreza es peor que la de Afganistán o Chad, tal como recordaba Arvind Ganesan, portavoz de Human Right Watch, durante la presentación de su último informe sobre Guinea Ecuatorial. El relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Manfred Nowak concluyó tras una visita en 2008 que en el país de Teodoro Obiang la tortura es una práctica habitual. Según la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (Asodegue), hay al menos 49 presos políticos. Con este panorama, ¿qué pintan un ex ministro de Franco, un senador del PNV y varios diputados del PP y del PSOE en Malabo en visita oficial?
Los informes anuales de la empresa española Repsol dedican muy poco espacio, apenas un par de párrafos, a sus actividades en la ex colonia española que cuenta con una producción de crudo de 395.000 barriles diarios en 2006. Según un reciente informe de Africa InfoMarket, entre enero y abril de 2009, las exportaciones españolas al país africano alcanzan un total de 51,97 millones de euros, lo que supone un aumento del 11%. La delegación española tambén pretende entrevistarse con las autoridades de la dictadura para hablar sobre los proyectos de inversiones, valorados en 4000 millones de dólares, que Unión Fenosa (ahora Gas Natural) pretende llevar a cabo en Guinea Ecuatorial. ¿Quién dijo aquello de que cuanto más libre mercado más democracia?
Sin embargo, la visita oficial española, aplazada en dos ocasiones, viene precedida por la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) en la Audiencia Nacional contra Teodoro Obiang y varios de sus familiares y ministros. Acusados por un supuesto delito de blanqueo de capitales valorado en más de 19.000 millones de euros, Obiang y su gobierno han contratado los servicios del abogado Jorge Trías Sagnier, ex diputado del PP. En el origen de esta querella está el informe, publicado en 2004, del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos sobre el blanqueo de capitales y la Banca Riggs, famosa por gestionar la fortuna del dictador chileno Augusto Pinochet. En este informe (traducido al castellano por Asodegue) se hace referencia a ciertas cuentas de familiares de Obiang en el Riggs. Y lo más interesante: señala que el gobierno español bloqueó la investigación de algunas transferencias de aquellas cuentas al Banco Santander, emparándose en el secreto bancario… Ahora, tras la querella presentada por la APDHE, se investigan los movimientos en el Estado español de la empresa Kalunga Company SA, radicada en Panamá (conocido paraíso fiscal) y vinculada a Obiang, el dirigente más rico de África (y el octavo del mundo) cuyo patrimonio en Francia también fue investigado por la justicia gala.
El gobierno de Obiang cuenta también con la colaboración de empresas de mercenarios como la española Servicio Global de Seguridad e Inteligencia, tal y como publicó DIAGONAL. Según la Agencia APA, Francia y Guinea Ecuatorial firmaron el pasado mes de junio un acuerdo de cooperación militar. La agencia rusa de información Ria Novosti informaba sobre la detención por parte de las autoridades nigerianas de un avión ucraniano que transportaba armas para el gobierno de Guinea Ecuatorial.
¿Qué hace Fraga con un sombrero panamá paseándose por la ex colonia española estos días? ¿Por qué el gobierno español bloqueó una investigación del Senado de EEUU para proteger a Obiang? No siempre ha sido tan amable. El pasado 7 de Marzo del 2004 un grupo de 64 mercanarios encabezados por el ex soldado de élite del ejército británico Simon Mann fue detenido en el aeropuerto de Harare (Zimbabue) donde se encontraban aprovisionándose de armas para partir hacia Guinea Ecuatorial. Según desveló Mann a una cadena de televisión británica desde la prisión ecuatoguineana de Playa Negra donde cumple condena, los impulsores de la intentona golpista fueron el hijo de la ex primera ministra del Reino Unido, Mark Tatcher, el millonario libanés residente en Londres Eli Calil y el opositor ecuatoguineano exiliado en España, Severo Moto. De hecho, según la versión de Mann, Moto era la persona elegida para ocupar la presidencia, algo que éste último niega categóricamente. El intento de golpe de Estado contaba, según Mann, con el apoyo del gobierno de José María Aznar, el cual tenía buenas relaciones con el exiliado Severo Moto y su partido. Un barco de guerra español navegaba oportunamente durante la intentona golpista frente a las costas de Guinea Ecuatorial. El actual gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero negó las acusaciones del mercenario que vinculaban a Aznar con el golpe. Pero un acuerdo del consejo de ministros en 2005 revocó la condición de refugiado político que Moto tenía desde 1986 al considerar que el exiliado realizó «una serie de actividades de planificación y organización de actos violentos en Guinea», entre ellas «la recluta de mercenarios y el tráfico de armas», basándose en un informe del Centro Nacional de Inteligencia. Tres años más tarde, el Tribunal Supremo consideró insuficiente dicho informe y decidió mantener la condición de asilado en España de Moto. Sin embargo, un mes más tarde, Moto, presidente del autodenominado Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio, fue detenido en el marco de una operación contra el tráfico de armas de guerra ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Su detención estaba vinculada al hallazgo en el puerto de Sagunto (Valencia) por parte de la policía de un vehículo con destino a Guinea Ecuatorial, en cuyo maletero fueron descubiertos un mosquetón, un Cetme y una pistola.
Guinea Ecuatorial es uno de esos países -junto a casos flagrantes como la dictadura medieval de Arabia Saudí- hacia los que el gobierno español antepone los intereses empresariales de unas cuantas grandes empresas frente a los intereses de la democracia, el desarrollo y la justicia social. Y allí está la delegación de diputados y senadores españoles (con la excepción de Izquierda Unida) asegurando esos intereses de las multinacionales, como Repsol, en la dictadura de Obiang, con corrupción, mercenarios y presos políticos adornando el atrezzo de las relaciones entre España y su ex colonia africana.