«Defensores y defensoras de derechos humanos demuestran una valentía extraordinaria frente a los ataques y asesinatos»

La alianza de medios independientes AMI, La Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ), el Grupo de Investigación Kavilando y CEDINS, continúa profundizando sobre los temas relevantes de Nuestra América. En esta oportunidad Julia Lima coordinadora de Protección para las Américas de Front Line Defenders nos habla de la situación de des protección de los defensores de derechos humanos lideres que defiendes sus territorios, naturaleza, cultura, ante la arremetida de una lógica extractivista ¿Quiénes deben responder? ¿cómo activas dinámicas de protección efectivas?, asuntos tratados en su último informe titulado “Defensores y defensoras de derechos humanos demuestran una valentía extraordinaria frente a los ataques y asesinatos” 2023.

La entrevista completa la puede ver y escuchar acá: https://youtu.be/ZPBIwzLVv_M A continuación, una versión editada para su lectura.

Alfonso Insuasty (AI)

Bien sean todos bienvenidos, bienvenidos a esta nueva jornada de entrevistas para profundizar sobre los conflictos esenciales que nos aquejan en nuestra américa. Hoy nos referiremos a la compleja situación de los defensores de Derechos Humanos.

El reciente informe de Front Line Defenders (FLD) habla de 401 personas defensoras asesinadas en 26 países por su labor de defensa de derechos en el 2022, 5 países puntean: Colombia, Ucrania, México, Brasil y Honduras, representan el 80% de los asesinatos. Colombia representa el 46% del total. Para trabajar este tema, agradecemos que nos haya aceptado la invitación. Julia Lima, quien es coordinadora de protección para Suramérica de FLD.

Julia Lima (JL).

Hola Alfonso, Hola a todos y todas que nos escuchan, un gusto estar aquí y poder conversar un poquito sobre el trabajo que venimos haciendo y sobre los alarmantes números. EI datos de nuestro informe anual que recién sacamos. Muchas gracias.

AI. Bien Julia, este es un informe que se emite año tras año. Cuéntanos un poco de la entidad que emite el informe y de esta periodicidad.

JL. Claro, FLD es una organización ubicada en Dublín, en Irlanda, pero que trabajemos en todo el mundo acompañando la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos y más bien desarrollando distintas estrategias para apoyar y fortalecer la protección de esas personas cuando están enfrentando situaciones de riesgo. Entonces el análisis global que sacamos anualmente es un reflejo un poco del trabajo que viene haciendo la organización en las distintas partes del mundo. Los tipos de casos que venimos acompañando se refieren a los ataques, hostigamiento hacia las personas defensoras de Derechos Humanos, analizamos el contexto político, el contexto legal que permiten esos escenarios de hostigamiento hacia las personas defensoras. Es un reflejo del trabajo de localización, además generamos estrategias de denuncia y visibilidad de los casos que se sistematizan en el mundo, en este trabajo cruzamos también aportes de organizaciones aliadas alrededor del mundo. Contamos con estrategias narrativas y de memorial espacios para honrar a estos defensores que sufren ataques, nombrar y reconocer a las personas defensoras asesinadas debido a su labor alrededor del mundo, esto lo hacemos con distintas organizaciones que monitorean también la situación de violencia y ataques letales a los defensores.

En el caso particular de Colombia, por ejemplo, me parece muy importante reconocer que Somos Defensores, es una de las organizaciones que participan de este ejercicio. Ahora bien, en el contexto de Colombia, hay un enfoque muy fuerte de las organizaciones en documentar los casos buscando se reconozca la dimensión del conflicto de y de la violencia hacia los defensores en tiempos de ataque. Y bueno, intentamos también alertar un poco las tendencias a las autoridades y la sociedad civil en general buscando rutas para fortalecer estrategias de respuesta ante estas situaciones que están enfrentando las personas defensoras.

AI. ¿Cuéntanos un poco de la metodología, cómo se levanta la información para dar con los resultados que ahora nos vas a contar?

JL. Pues los equipos que estamos alrededor del mundo articulamos acciones con organizaciones en terreno, así como yo estoy en Sudamérica tengo otros colegas también trabajando en todas las regiones del mundo que acompañamos a lo largo del año. Así trabajamos con organizaciones y personas defensoras que están directamente en terreno, con organizaciones aliadas. Y bueno, la idea también es la protección, así gestar redes de apoyo y acompañamiento de los casos, que es muy importante. Entonces, el informe refleja las tendencias de los casos, la dimensión de la criminalización, del hostigamiento, de la amenaza en los casos que acompañamos directamente. Monitoreamos e incidimos en casos que a lo largo del año visualizamos, denunciamos, llamamos a la responsabilidad de las autoridades. Son casos que acompañamos muy cerca, de eso se trata nuestra labor, fortalecer directamente la protección de los defensores.

Y en el caso particular de las cifras de personas defensoras asesinadas, es una iniciativa en que, como les comentaba, el enfoque principal es reconocer quiénes son las personas defensoras, qué hacían, por qué luchaban, dónde estaban, buscamos reconocer la labor de estas personas.

AI: Bien, vamos a las conclusiones más importantes, ¿cuáles son esos datos, esas cifras y esos hallazgos de este informe?

JL. Bueno, creo que en aspectos generales es importante también reconocerlo a nivel global y es que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una labor de riesgo en el mundo, un dato muy absurdo que personas colectivas, comunidades que están reivindicando los derechos básicos sus derechos a la vida, a sus territorios, a la participación política, una diversidad de derechos, estén expuestas a sufrir muchos tipos de represalia, de hostigamientos, de criminalización. Los datos reflejan que algunos en los contextos en que los defensores están más expuestos a violencia, ocurre principalmente en casos donde se trabaja por la defensa de la tierra, del territorio, del medio ambiente, estamos hablando de defensores indígenas, afrodescendientes, comunidades rurales.

Se denuncian también a empresas extractivas, sus impactos ambientales, la ausencia de fiscalización del Estado hacia estos proyectos, esa es una tendencia en América latina, pero también en otras partes del mundo, como en Asia y en África.

Yo creo que este es un patrón que se viene repitiéndose en los informes anuales.

Estamos hablando de un contexto de luchas colectivas, un contexto de reivindicación de derechos y también de lucha en contra de modelos económicos, modelos políticos que no refleja lo que la mayoría de las comunidades quieren.

AI: ¿Qué han hecho los estados frente a esta realidad en términos de defensa?

JL. El informe trae algunos hallazgos generales, podemos decir desde el acompañamiento muy cercano que hacemos de los casos, que se debe seguir demandando a los actores involucrados en los contextos de riesgo que actúen, que responden a estas situaciones de inseguridad, de violencia, porque se trata de una red compleja de actores que son responsables por las situaciones de riesgo que están enfrentando los defensores.

Los estados deben y pueden responder en la dimensión raíz de los conflictos, deben entonces regular las actividades extractivas que sacan las comunidades de sus territorios o que aumentan las tensiones en los mismos, poniendo en duda la soberanía de los pueblos.

También se exige que fiscalicen las denuncias por amenazas, que acompañen las personas defensoras, que desarrollen políticas de protección, que fiscalicen las acciones de las empresas.

Podemos decir que hay un patrón de impunidad en nuestra región, ausencia de respuesta del Estado ante estos contextos y que no hay una lógica de fortalecimiento del Estado en respaldo de esta realidad de los pueblos.

Hay una ausencia de respuesta y por el contrario se ve un refuerzo de este modelo que exactamente pone al Estado como uno de los actores más relevantes. Se pide a la par al Estado poder responder adecuadamente y sanar esa situación que viven las personas defensoras en la región.

AI: Perfecto vemos en Latinoamérica que también hay unos números muy preocupantes, México, Honduras, Colombia, Brasil. ¿Qué nos puedes resaltar y profundizar ya en Latinoamérica?

JL. Bueno, creo que un poco representa lo que decía, el avance del modelo extractivo. Y no solo me refiero al 2023, sino en perspectiva como un fenómeno anterior a la pandemia, sin embargo, ya con la pandemia se da una apuesta desde los gobiernos por una recuperación económica basada en proyectos extractivos, en permitir el avance de grandes empresas que han intensificado conflictos en nuestra región.

Se busca atender las urgencias hoy sobre el clima, implementando proyectos de energía limpia, energía renovable, es decir consumir y producir energía en el mundo es el enfoque, pero reproduciendo las mismas lógicas de producción consumo acumulación que, de entrada, se acompaña en los territorios de ausencia de escucha y respeto.

En esta lógica identificamos hostigamiento hacia las personas que se oponen a la entrada de estos proyectos algunos casos de energía eólica, hidroeléctricas en donde impera la ausencia de una respuesta clara a los temas de protección, cuidado ambiental y comunitario, me parece muy importante reforzar las apuestas de cuidado y protección pues también hay otras propuestas políticas en la región como el acuerdo de paz en Colombia.

Si se pone sobre la mesa la responsabilidad del Estado de defender y desarrollar mecanismos de protección, de participación, de defensa ambiental, de tierra y territorio, vemos que las respuestas efectivas concretas por parte de los estados van hacia otro camino, no están implementando acuerdos de protección.

Otro factor, la complejidad de las lógicas de violencia en algunos de los territorios, este punto nos conecta bastante con la situación de Colombia, pero no solamente estamos hablando de contextos de crimen organizado, de grupos paramilitares, o sea, una presencia fuerte de actores violentos que influencian la dinámica territorial y que chocan con las personas defensoras que demandan otras respuestas de protección.

No siempre nos referimos a denuncias, es también visibilidad porque hay una complejidad respecto de los fenómenos planteados que no se comunican, al igual alternativas, por ejemplo, a la política de drogas, propender por una perspectiva antirracista, porque también es un punto muy importante que resaltar es que la mayoría de los defensores de los que estamos hablando en nuestra región y son víctimas de violencia, son cuerpos racializados. Estamos hablando de personas indígenas, afrodescendientes, que están en territorios donde el estado no hace presencia con otras lógicas además de la seguridad, que garanticen la vida y no les deje margen, pues les queda un contexto de violencia que es tan amplio y profundo en nuestra región.

Vemos una serie de legislación que están siendo utilizada con el objetivo de disminuir la lucha de las personas defensoras. Esta también es una tendencia que nos preocupa bastante en la región.

AI: En relación con el manejo de los medios de comunicación, ¿han percibido, notado algo en términos de justificar la violencia contra organizaciones sociales, o que invisibilizan fenómenos o silencian los hechos de vulneración de derechos?

JL: Sí eso. No es tanto el enfoque de Front Line, lo que sí tenemos, por ejemplo, es un trabajo articulado con medios que desarrollan trabajo desde una perspectiva de lucha por derechos humanos, entonces comunicadores populares, periodistas, ciudadanos, que también son víctimas de persecución, hostigamiento y criminalización.

Sabemos que hay una limitación frente a la perspectiva de Derechos Humanos en los medios de comunicación, no tenemos una sistematización detallada, a modo de análisis, de la cobertura que hacen los medios sobre la situación de los defensas, pero como una organización que trabaja con esto, te puedo decir que son agendas con mucho menos visibilidad.

Buscamos fortalecer la visibilidad por medio de la denuncia pública de casos, porque entendemos que a veces eso también es estratégico en tanto presiona a los gobiernos, llama la atención sobre un contexto particular, deja evidencia de una realidad. Entonces, enfrentamos una serie de retos en lograr establecer estas historias y lograr contar la situación de las personas defensoras en muchos de los medios de comunicación.

AI: Háblanos un poco de las conclusiones, recomendaciones del informe, ¿cuáles resaltarías?

JL: bueno, yo creo que reconocer que la defensa de los derechos humanos es un tema de todos, que involucra a todos, es parte de lo que buscamos. Identificar la responsabilidad que les cabe a las empresas, cuál su responsabilidad frente a fortalecer una cultura de los Derechos Humanos.

Pensando en una cultura de defensa de los derechos humanos, de protección de las personas que están en situación de riesgo, pensamos se podrían reforzar agendas desde lo que ya vienen haciendo las personas por un lado, pero un aspecto muy importante, obviamente es que se desarrollen las políticas y medidas de protección a los defensores más directamente en nuestra región, las políticas de protección como los mecanismos de protección, como la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el caso de Colombia, aunque sean políticas insuficientes porque no responden a la complejidad de las situaciones de riesgo en los contextos de violencia en la que están los defensores, pues son políticas militarizadas, son políticas muy volcados a lo individual y no atiende los contextos colectivos donde viven los defensores. La mayoría de las personas defensoras están en procesos colectivos de lucha, entonces están más amenazados por un rol de liderazgo de un colectivo, entonces las amenazas impactan a todos. Toca seguir trabajando en la estructuración de estos mecanismos.

Es importante escuchar la sociedad civil, reconocer prácticas colectivas, es clave proteger pero que la protección no le debe impedir seguir desempeñando su labor, entonces replantear las políticas, yo diría que es importante que podamos seguir contando con las distintas voces y con la diversidad de la población luchando por derechos humanos, planteando otras alternativas de sociedad, porque el escenario que tenemos en este momento desafortunadamente es de disminución de voces diversas porque las personas están siendo asesinadas, criminalizadas, detenidas, entonces fortalecer una protección para que haya esta diversidad en los procesos políticos en nuestros países eso es, creo, muy importante.

Esa dimensión de multi-actor exige analizar que el Estado tiene una responsabilidad, obviamente, pero también lo tienen las empresas, porque muchos de esos contextos de violencia no nos quedan claro cuáles son las relaciones por detrás de estas situaciones de amenaza, asesinatos y riesgos que enfrentan los defensores.

Colombia es un ejemplo muy muy importante, hay muchos contextos que los defensores están amenazados por grupos armados que operan pero que son movidos por una red por detrás y que tienen un gran interés en que las comunidades sean desplazadas, que salgan de los territorios para que avance un proyecto extractivo, un proyecto de minería, un proyecto agroindustrial, etc., entonces que esos actores también asuman su responsabilidad de no seguir fortaleciendo esas lógicas de violencia en los territorios, de respetar la voluntad y las voces de los pueblos.

También la responsabilidad de los gobiernos y no solamente de dónde ocurren las violaciones, sino de alguna manera relacionados a esas lógicas de violencia, es que muchas de esas empresas activas son europeas, de Estados Unidos, entonces ¿cómo también llamamos esas empresas y gobiernos a que reconozcan su responsabilidad?

Por último, creo que es algo que también está mal, lo abordamos un poco en nuestro informe, es justo, como también pensamos estas acciones de responsabilidad a gran nivel, por ejemplo, en Europa se está discutiendo un proyecto de “debido proceso y debida diligencia” donde se discute ¿Cuáles son las responsabilidades de los gobiernos de dónde son muchas de las empresas multinacionales operando?

Esto es clave para que también las comunidades, las organizaciones de otros países puedan accionar en Europa, presionar en EEUU, que reclamen la responsabilidad cuando una empresa tiene una conducta que viola derechos humanos en otra parte del mundo, entonces eso también observamos con bastante atención.

Es parte de nuestro trabajo poner a discutir, hacer visible la dimensión de protección a los defensores en estos tratados, acuerdos y todos los espacios multilaterales a que se comprometan a transformar sus lógicas en los territorios.

Es muy importante potenciar esa perspectiva de complementariedad entre los actores y de responsabilidad colectiva a proteger las personas defensoras de Derechos Humanos.

Si se está intentando silenciar y frenar las distintas comunidades, a la sociedad civil, es porque tiene una fuerza muy grande de avanzar en esta agenda de los derechos.

Derechos ambientales, derecho a la tierra, derechos de distintas formas de vida, es importante resaltar que cuando hablamos de Derechos Humanos nos referimos a una dimensión de múltiples luchas y formas de organización. Vale resaltar que las organizaciones, las comunidades persisten en sus luchas y reclamos porque es se trata también su vida, de su existencia, no es solamente la defensa de los derechos humanos como algo abstracto, sino la defensa de su propia vida, de su colectividad, de su territorio, de las relaciones desde distintas cosmovisiones.

Estas luchas son de gran importancia y no se va a detener, aunque tengamos estos actores y bueno, enfrentamos una inercia también del Estado en reconocer la dimensión de los pueblos de nuestra región.

También creo que reconocer también, como organización que trabaja de la mano con las personas defensoras y con las organizaciones que desde sus dinámicas surgen de manera autónoma, estrategias de protección y de fortalecimiento, para ello tejer redes, alianzas ante escenarios muy complejos de violencia.

Un llamado a la sociedad civil a reforzar las estrategias de protección, las estrategias de lucha que tienen las comunidades, las organizaciones locales, los pueblos, porque también de eso se trata, de escucharnos.

AI: Perfecto un llamado a la articulación, fortalecimiento organizativo, y más en el caso nuestro en Colombia que estamos transitando y tejiendo una anhelada paz que se nos va por entre los dedos y bien nos quedan los retos. Muchas gracias por todo este saber y por tu tiempo. Gracias.

JL: No muchas gracias a ustedes, refuerzan la importancia de espacios para reflexionar sobre estos temas, para reforzar los retos que tenemos en la región y luego también un llamado porque sé que son medios que caminan de la mano con las personas defensoras, con las comunidades de la región. Ahí está nuestra página en el enlace del informe. Es algo puntual, pero luego se puede encontrar la forma de conectarnos con FLD. A disposición, nuestra labor es apoyar a las personas defensoras y que siguen las luchas.

Leer informe FLD: https://bit.ly/3UjAIO1

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