Apartir del mediodía del jueves once de marzo de 2004, tras el brutal ataque con bombas sufrido por la población madrileña, el Partido Popular utilizó todos los medios a su alcance, incluidos los del gobierno y el estado para difundir, de forma premeditada, informaciones falsas acerca de la autoría de dichos ataques. Durante dos días […]
Apartir del mediodía del jueves once de marzo de 2004, tras el brutal ataque con bombas sufrido por la población madrileña, el Partido Popular utilizó todos los medios a su alcance, incluidos los del gobierno y el estado para difundir, de forma premeditada, informaciones falsas acerca de la autoría de dichos ataques. Durante dos días mantuvo como hipótesis, primero indiscutible, después prioritaria y por último secundaria, la adjudicación del atentado a ETA. Lo hizo en contra de informes policiales, declaraciones públicas de testigos y de la opinión de altos responsables de servicios de inteligencia españoles y de otros países. Desde un año antes, el PP ocultó sucesivos informes de la policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia que advertían del riesgo creciente de atentados por parte de grupos islamistas como respuesta a la participación de España en la agresión y ocupación de Iraq. También negó la relación entre dicha participación y las bombas contra la casa de España en Casablanca el 16/V/03. Teniendo en cuenta que la implicación española en el ataque a Iraq fue forzada por el gobierno del PP en contra del Consejo de Seguridad de la ONU y de la casi totalidad de la opinión pública (incluyendo la mayoría de los votantes del propio PP), esta política perseguía evitar, a tres días de las elecciones generales, que, de prosperar la hipótesis de Al Qaeda como autora, la población visualizara la relación entre las bombas que ellos nos pusieron en Madrid y las que el gobierno del PP les puso a ellos, al participar en la coalición de las Azores. En estas condiciones, la magnitud de la condena de los ciudadanos contra el PP hubiera desbordado la identificación ideológica de millones de sus votantes, ya que las víctimas las ponía, precisamente, el mismo pueblo que se echó a la calle intentando evitar que el gobierno nos involucrara en la guerra.
Para el PP, este escenario presagiaba, tanto su desplome electoral como la posibilidad de tener que rendir cuentas ante la justicia por sus desmanes en Iraq y en otros campos. Por eso, no vaciló en protagonizar la mayor operación de mentira de estado desde la muerte de Franco. Con un cinismo y una contumacia sin precedentes, consiguió reducir a menos de quince horas diurnas, (01h a 24h del 13 de Marzo, día de reflexión), el tiempo previo a las elecciones en el que la hipótesis de la autoría de Al Qaeda circulara libremente. Pero antes, la mayoría de su electorado ya había cerrado filas por el reflejo condicionado anti ETA y el acoso del PSOE.
Por otro lado, al cargar a ETA con la responsabilidad de la masacre, el PP no sólo ocultaba su responsabilidad en la misma. También sentaba las bases para capitalizar electoralmente el miedo de masas y, en caso de ganar las elecciones, legitimar nuevas medidas de excepción contra el movimiento popular vasco, cortando, de paso, la deriva soberanista en Cataluña debida al gran ascenso electoral de ERC. Además, enviaba un mensaje intimidatorio contra cualquier resistencia social a las medidas de precarización, privatización y desprotección social que, en nombre de la economía global, iba a aplicar el nuevo gobierno (ahora lo hará el PSOE) después del verano.
La estrategia del PP se reveló como acertada para sus intereses. Solo perdieron 700.000 votos. Su salida del gobierno no se debió a su hundimiento electoral, sino a casi tres millones de votos jóvenes y desafiliados de izquierda que, ante tal avalancha de violencia y mentiras, votaron contra el PP, apoyando al PSOE como mal menor.
La doctrina antiterrorista del PP elaborada por Garzón («Todo es ETA») y compartida por el PSOE y sindicatos mayoritarios, es decir, por casi toda la izquierda, afirma que quien comparte cualquier finalidad política con un grupo terrorista forma parte de él, aunque no lo sepa. La aplicación de esta doctrina ha producido, en Euskadi, la ilegalización de partidos, coaliciones electorales, medios de comunicación y colectivos de desobediencia civil no violenta, ha excluido a cientos de miles de personas de su derecho de sufragio, asociación y expresión y ha encarcelado injustamente a centenares de ciudadanos. Todo ello sin mas motivo probado que compartir con ETA la defensa del derecho de autodeterminación, que es un derecho democrático contemplado en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948.
Reconocer que fue un grupo islamista quien puso las bombas del 11-M, califica dicho atentado como una consecuencia inequívoca de la participación de España en la guerra contra Iraq. Pero también pone de manifiesto la coincidencia entre el 90% de la población española y Al Qaeda, al condenar como ilegal, injusta y criminal la agresión a Iraq. Esta comparación, impecable desde la óptica antiterrorista del PP, puede reconocerse en las descalificaciones de dicho partido hacia los millones de personas que entre Febrero y Abril del 2003 ocuparon las calles sin permiso gubernativo y, en Madrid, cercaron durante muchos días la sede del PP, la embajada de EEUU y el Congreso de los diputados gritando «le llaman democracia y no lo es» y «PP asesino». También, en la criminalización e intento de procesamiento por lo penal de varios cientos de personas identificadas por la policía entre los miles que, la noche de reflexión del 13 de Marzo, salieron a la calle para denunciar, en un acto tan democrático como ilegal, la manipulación informativa del gobierno.
Esta doctrina antiterrorista, aplicada al atentado del 11-M, muestra toda su irracionalidad volviéndose en contra de sus defensores porque, al haberse opuesto a la agresión a Iraq, la población víctima del atentado terrorista, aparece como cómplice del mismo. Esta conclusión delirante muestra a las claras que la teoría de la que brota solo sirve para ocultar las políticas de injusticia y violencia que esparcen la semilla del odio y la desesperación, dejando al descubierto la perversidad de la doctrina antiterrorista del PP y sus cómplices. No solo en Iraq, sino también en Euskadi.
La explotación intensiva de las imágenes de las víctimas y los destrozos de los atentados, asociados con la noción unívoca de «terrorismo», busca crear un estado emocional de masas incompatible con cualquier raciocinio. Estas técnicas de manipulación, al obturar la inteligencia, crean un código de señales en manos del poder que sirve para estimular, de forma irracional, los sentimientos de venganza y odio de la mayoría de la población. El objetivo es conseguir la complicidad y el apoyo popular a las arbitrariedades del estado contra quien haya sido calificado como terrorista.
Las causas de la violencia terrorista deben permanecer en la sombra para evitar que se pueda actuar sobre ellas. El PP trata de hacer imposible cualquier posibilidad de diálogo, negociación, perdón y resolución pacífica del conflicto. De esta forma, quienes protagonizan al por mayor el terrorismo de estado y de mercado, la violación de los derechos humanos, de sus propias leyes y la violencia simbólica de la mentira y el cinismo, son los que nos movilizan, desde el poder económico y político, contra la violencia reactiva que generan dichas políticas.
La elaboración del dolor y el miedo por parte de la población afectada, tanto de la directamente agredida como de la totalidad amenazada, exigía la comprensión racional de las causas del atentado de Madrid. Pero en este proceso, aparecerían de forma transparente, las responsabilidades políticas y penales del gobierno y del jefe del estado. La izquierda parlamentaria, conservadora como siempre, orientó la crítica al gobierno del PP por sus mentiras, en lugar de hacerlo por su responsabilidades en los crímenes de Iraq y de Madrid. Por eso, ante las maquinaciones del PP, permanece a la defensiva. No puede enfrentarse con el PP porque este partido representa la «razón de estado» neofranquista y neoliberal, que ellos comparten.
Es preocupante el viento de fronda, amenazante y golpista, que se oye en los medios de comunicación vinculados con la extrema derecha que, hoy por hoy, gobierna el PP. Llaman fascistas a los ciudadanos que en la vergonzosa manifestación de dolor por las víctimas, encabezada por los jerifaltes que crearon las condiciones para el atentado y manipulada por una pancarta «en defensa de la Constitución», gritaban ¿Quién ha sido? El grupo de cabecillas falangistas encabezados por Aznar, está muy pillado y escenifica una huida hacia delante de consecuencias imprecisas. Debemos estar alerta.