Del Burgo, Martín Villa y la querella argentina

De la noticia se desprende, en mi opinión, un interés especial en tergiversar los hechos que dan base a esta actuación judicial, así como lo sucedido en los Sanfermines de 1978.

Del Burgo niega de entrada la competencia del juzgado argentino, situado a miles de kilómetros, para imputar a Martín Villa por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, en los últimos años, la justicia española ha procesado, juzgado y condenado por este mismo delito a criminales y chilenos (Pinochet) y argentinos (Scilingo) y en este mismo mes de junio ha comenzado otro juicio contra 20 militares salvadoreños en aplicación del mismo principio de justicia universal. Del Burgo muestra así una mentalidad jurídico-colonial que niega a los demás países el derecho a hacer lo que el estado español practica.

La querella argentina, abierta por la jueza Servini “por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista”, acumula a su vez más de 500 querellas, interpuestas tanto por particulares, como por asociaciones memorialistas, denunciando asesinatos, desapariciones, torturas, robo de bebés, cárcel, trabajo esclavo, expolio patrimonial…, realizados durante las largas décadas de la dictadura franquista.

Debe señalarse también que, como es obvio, Martín Villa no es la única persona imputada en la querella. A quien se juzga en ella es a la dictadura franquista. Por ello, junto a él, lo están también varias decenas de personas más, entre ellas siete exministros franquistas, ocho policías, dos exjueces, un militar, un médico… Además, su imputación se deriva, no solo de los hechos de Sanfermines de 1978, tal cual da a entender Del Burgo, sino de un amplio abanico de crímenes cometidos por la Policía durante su mandato como ministro: masacres del 3 de marzo –Gasteiz-; II semana pro-amnistía en Euskal Herria; “semana negra” madrileña; Sanfermines de 1978, asesinatos policiales en Barcelona, Alicante, Tenerife, Málaga… Las víctimas policiales habidas durante estos años fueron, con mucho, las más altas de los 25 precedentes.

Martín Villa es hoy el principal jerarca franquista aún vivo. Además de ministro, fue también Jefe Nacional del SEU, Secretario General del Sindicato Vertical, gobernador civil de Barcelona, procurador en Cortes… Por eso, cuando Del Burgo afirma que es “radical y absolutamente falsa la acusación –a Martín Villa- de haber cometido crímenes contra la humanidad”, lo que en realidad quiere decir es que tampoco los cometió la propia dictadura franquista y es a ésta a quien sale también a defender. Niega la menor y la mayor.

Pero hablemos ahora de los Sanfermines de 1978. Del Burgo nos acusa de que lo que afirmamos los querellantes “está plagado de falsedades y es una manipulación inadmisible”. Pues bien, veamos quién miente.

Para él y para el que era entonces su partido, UCD, la actuación policial fue “inoportuna y desproporcionada”. Por supuesto, esto fue evidente, pero por encima de todo, fue alevosa y criminal. En la plaza de toros se disparó fuego real de forma indiscriminada contra la gente que se encontraba en el ruedo y los tendidos. Allí hubo cinco heridos de bala y decenas de personas tuvieron que ser atendidas en su Enfermería por fracturas, pelotazos, asfixia…. El propio informe policial que obra en el sumario judicial abierto reconoce que allí se hicieron 30 disparos. Eso sí, según afirma éste, todos se hicieron al aire. ¿Alguien puede creer semejante patraña?

Otro tanto ocurrió con el disparo que acabó con la vida de Germán Rodríguez. La Policía afirmó que nunca fue disparada munición real en ese lugar y que a la hora en la que aquel fue asesinado no había allí fuerza policial alguna. Sin embargo en el sumario abierto por estos hechos se acredita la existencia de más de 30 impactos de bala en árboles, coches y edificios cercanos al lugar donde Germán cayó, impactando su mayoría a una altura de entre los 0,9 y 2,3 metros de altura. Junto a ello, una docena de testigos que presenciaron los hechos a pie de calle y desde balcones y ventanas cercanas, afirmaron que allí hubo un autobús y cinco microbuses de policía y que dos agentes, disparando en horizontal, hicieron uso de una pistola y un subfusil, o cetme, durante varios minutos. Es evidente, pues, que allí se disparó, y se disparó a matar. Es más, al día siguiente, 9 de julio, por si lo de la víspera hubiera sido poco, un radioaficionado grabaría de la emisora policial una orden enviada a una unidad, en la que se arengaba a sus agentes diciendo: “¡Disparar con todas vuestras energías. No os importe matar!”.

Según el propio informe oficial elaborado por la Policía, en aquella noche ésta disparó más de 4.000 pelotas de goma, unos 1.000 botes lacrimógenos, otros tantos de humo y más de 130 disparos de munición real. ¿Puede zanjarse esto afirmando que la actuación policial fue simplemente “inoportuna y desproporcionada”, como dice Del Burgo, o estamos ante algo cualitativamente diferente? En mi opinión, y en la de mucha gente, se trató de una intervención alevosa, indiscriminada y criminal, y la muerte de Germán Rodríguez solo puede calificarse de asesinato. Así de claro.

En el acta de la reunión de la Junta de Orden Público de Navarra, del 1 de julio de 1978, cuyo objetivo fue acordar las normas de actuación con motivo de las próximas fiestas, se señaló expresamente que las posibles actuaciones de la Policía durante los Sanfermines, caso de hacerse, debían realizarse con la “máxima prudencia” ( subrayado así en el original). No solo eso, sino que el Gobernador Civil, sr. Llano, presente en esa reunión, afirmaría que en ella “se descartó la entrada de la Policía en la plaza de toros…”. A pesar de lo anterior, según consta en el sumario judicial abierto, varios oficiales de policía afirmaron que existía un plan de entrada en la plaza y que este fue elaborado en una reunión previa por el comandante y varios capitanes y tenientes de las fuerzas policiales. Las cargas en la plaza, y lo que sucedió en ésta, no fueron fruto, pues, de un cúmulo de confusiones habidas a la hora de transmitir y recibir las órdenes del Comisario de policía, sino una operación planificada de antemano.

Por todo esto es por lo que se debe calificar estos hechos como un auténtico crimen de Estado. Porque fue en el ámbito policial en el que, como mínimo, se incubó la agresión; porque fue el Ministerio del Interior quien lo encubrió, tergiversó los hechos y obstaculizó la investigación judicial, y porque, finalmente, la Justicia miró para otro lado y dijo amén a la versión oficial marcada por Martín Villa, quien afirmó con desvergüenza: “Lo nuestro son errores; lo de ellos, crímenes”.

Del Burgo ha salido ahora en defensa de Martín Villa. No es de extrañar. Ambos eran en aquellos años primeros espadas en el mismo partido, la UCD. El uno, ministro en Madrid; el otro, senador por Navarra y presidente de este partido en la Comunidad. Ellos dos fueron también los principales artífices de lo que sería el Amejorarmiento del Fuero navarro. Este fue aprobado poco tiempo después, en 1982, tras dos años de negociaciones, mediante un proceso fraudulento en el que las formaciones populares, abertzales y de izquierda serían excluidas de su negociación, y en el que Navarra sería la única de las comunidades históricas a la que se negaría el derecho a pronunciarse en referéndum sobre aquel texto. Más tarde, tras el descalabro y desaparición de UCD, ambos pasarían a ocupar altos cargos en el PP. Sus vidas, durante aquellos años, caminaron en paralelo y tuvieron muchos puntos en común.

Durante los últimos años diez años del franquismo, Navarra había pasado de ser, lo que Franco denominó “provincia leal”, a afirmarse como un territorio rebelde. Rebelde en lo social, desarrollando un fuerte movimiento obrero que protagonizó importantes huelgas generales (Motor Ibérica, Potasas, amnistía…); rebelde en lo político, exigiendo la ruptura democrática con respecto al franquismo, y rebelde, finalmente, en lo nacional, reclamando una institucionalización conjunta con el resto de provincias hermanas (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) y el ejercicio del derecho de autodeterminación. Esta dinámica en ascenso era algo que, en Navarra, las fuerzas reaccionarias y de derechas, herederas de los pistoleros del 36 y de los caciques franquistas, no podían ni querían tolerar.

En mayo de 1976, importantes sectores franquistas estuvieron detrás de los asesinatos de Montejurra, operación con la que se pretendió atajar y dejar fuera del juego político al Partido Carlista, opuesto entonces a la designación de Juan Carlos, al franquismo y que se afirmaba como socialista y autogestionario. En la organización de aquella agresión criminal estuvieron implicados el presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, los generales Ángel Manzano y Salvador Bujanda, director y subdirector general de la Guardia Civil respectivamente y el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, José María de Araluce. Navarra, entendida como territorio de reconquista, tuvo así en Montejurra un precedente. Sanfermines de 1978 sería el siguiente paso.

En cualquier caso, la represión criminal practicada en los Sanfermines de 1978 fue tan solo parte de una violencia estatal más general habida durante la Transición: 3 de marzo –Gasteiz-, semana negra madrileña, caso Scala –Barcelona-, II semana pro-amnistía, asesinatos policiales en Tenerife, Málaga, País Valencia,… Su objetivo fue forzar a la oposición a aceptar la zanahoria de unas libertades democráticas homologables a nivel europeo y, a cambio, dejar incólumes los principales pilares del franquismo: monarquía, policía, ejército, poder económico y bancario, clericalismo, unidad indisoluble e indivisible de España,… Cinco meses después de los Sanfermines se aprobaría la Constitución. La ruptura democrática había sido ya atajada.

En el golpe de estado de Tejero, Milan del Boch, Armada…, de 1981, la trama civil que estaba por detrás del mismo nunca fue investigada. Santiago Carrillo contó en sus Memorias que, con posterioridad a éste, el rey se reunió con los líderes políticos y hubo un acuerdo tácito para procesar únicamente a un grupo reducido de mandos militares. En Navarra, durante el golpe, al igual que lo hicieron en 1936, un grupo de caciques y fascistas locales elaboraron en el Club de Tenis una lista de personas sobre las que actuar. A pesar de ello, nada de la trama civil del golpe (política, financiera,..) salió a relucir de esta ni, mucho menos aún, fue investigada, procesada y juzgada.

El crimen de estado perpetrado en los Sanfermines de 1978 no fue algo que pueda atribuirse únicamente al Comisario de Policía y mandos y oficiales que intervinieron en el mismo. El Ministerio del Interior –Martín Villa- y el propio gobierno de Suárez, fueron los responsables políticos principales de este crimen. Pero es de ilusos pensar que en Navarra nadie sabía o participaba en lo que se estaba cociendo en las bambalinas del Gobierno Civil y el Ministerio del Interior. Al igual que en el golpe del 23-F, aquí también existió una trama civil nunca investigada. El propio gobernador civil en aquellos años, Ignacio Llano, declaró en una entrevista que a pesar de que se sabía de la identidad de los miembros y grupos de extrema derecha que actuaban en Navarra (ataque a librerías y militantes abertzales y de izquierdas, razzias por el Casco Viejo de la ciudad,..), nunca se practicó detención alguna al efecto. La connivencia era evidente.

Jaime Ignacio del Burgo fue en aquellos años, tal como se ha señalado, pieza esencial en la política navarra. Tanto por razones familiares como sociales y políticas, contaba con excelentes relaciones en todo el amplio entramado de la derecha navarra y, dentro de ésta, con buena parte de sus sectores más recalcitrantemente franquistas e integristas. No es de extrañar por ello que Del Burgo haya salido ahora realizando una ardorosa defensa de Martín Villa. Son primos hermanos, y la sangre siempre tira. Ahí lo dejamos.