El último artículo en el que me ocupé del conflicto catalán fue de septiembre de 2018 («Desafío secesionista catalán: del clímax al impasse»), en vísperas de las conmemoraciones independentistas de las jornadas de un año antes. Pero el artículo se detuvo en torno a las posibilidades que encerraba el nuevo tiempo político abierto con la […]
El último artículo en el que me ocupé del conflicto catalán fue de septiembre de 2018 («Desafío secesionista catalán: del clímax al impasse»), en vísperas de las conmemoraciones independentistas de las jornadas de un año antes. Pero el artículo se detuvo en torno a las posibilidades que encerraba el nuevo tiempo político abierto con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa apoyado por el voto de los partidos independentistas en el parlamento. Lo que se ha demostrado desde ese cambio de gobierno es que el conflicto catalán se ampliaba al añadírsele un conflicto político que concernía al gobierno de España y que estaba estrechamente relacionado con aquel.
Bien entendido, antes de proseguir, que hablamos de un conflicto político porque concierne sobre todo a asuntos ubicados en la superestructura político-estatal y no en la infraestructura socio-económica. Asuntos relacionados con la estructura estatal, el derecho a la autodeterminación, la soberanía del Estado, y sobre la vigencia de su ordenamiento jurídico-constitucional y la capacidad para hacer efectiva sus leyes en todo el territorio. Y que tienen repercusiones internas, en la capacidad del Estado para hacer efectivas internamente las leyes generales, para garantizar la efectividad de sus tribunales de justicia, para asegurar la eficacia de sus fuerzas de orden público en el mantenimiento de la vigencia de las leyes y la convivencia civil; y repercusiones externas en el sentido de demostrar a la comunidad internacional que controla su territorio, y que se mantiene dentro de los estándares democráticos de su entorno. No ha existido, ni existe, en ningún momento en el conflicto catalán una puesta en cuestión del sistema socioeconómico vigente, el capitalismo. Es un conflicto en la superestructura en el que la apelación a las movilizaciones de amplias masas se hace en nombre de los sentimientos nacionalistas y en el que, fundamentalmente, dos burguesías enfrentadas dirimen si el capitalismo español debe seguir contando con un solo Estado o con dos en el seno de una superestructura mayor del capitalismo como es la UE.
Aclarado este punto, se puede decir que el conflicto del conjunto del Estado español, que se ha añadido al conflicto catalán previo, está originado en la moción de censura contra el gobierno de Rajoy que permitió convertirse a Pedro Sánchez en presidente del gobierno, apoyándose para ello en los votos independentistas del parlamento español. Esta situación abrió un paréntesis político anómalo en dos ámbitos, el primero, en el de la representación, porque para sentirse legitimado ante la sociedad, más allá de la aritmética parlamentaria que lo posibilitó, el gobierno socialista debería pasar por las urnas en algún momento y trasformar sus minoritarios 84 diputados en una mayoría respaldada por los votos ciudadanos; el segundo ámbito se refiere a la necesidad de demostrar que los votos recibidos de los independentistas para la investidura no iban a ser una moneda de cambio respecto a sus demandas esenciales que están en el origen del conflicto, es decir, y esta era la tarea más difícil, que los votos independentistas iban a utilizarse para conseguir desactivar el conflicto catalán. Ambas cosas confluían en que, como gobierno socialista, debería desplegar un programa social progresista y para ello debería garantizar el apoyo continuo del independentismo sin ceder en ninguna de sus pretensiones, es decir, encauzar el conflicto para su resolución dentro de los cauces constitucionales. Pero recibir apoyos sin ceder en ninguna reivindicación esencial para el independentismo equivalía a que éste asumiese definitivamente la derrota de su estrategia de secesión unilateral aunque fuese a sorbos. El incentivo para esta aceptación eran las amenazas cada vez más subidas de tono de la derecha española si lograba volver al gobierno.
En este período post moción de censura la derecha, por su parte, continuo su triple proceso de: dividir el tronco común anterior representado por el PP, y al que ahora se sumaba Vox junto a Ciudadanos; dirimir quién terminaría siendo la fuerza hegemónica en su seno; y tender puentes entre estos partidos para conseguir volver al gobierno, poniendo fin a lo que consideran un gobierno de paréntesis socialista obtenido gracias al proceso de descomposición-recomposición de la derecha española. También este triple proceso en la derecha está impulsado por el conflicto catalán, éste abrió la ventana de oportunidad principal primero para Ciudadanos y luego para Vox, y está actuando ahora en forma de incentivos nacionalistas (en este caso el español) para alcanzar acuerdos de colaboración en la derecha y volver al gobierno.
Pero, mientras el conflicto catalán, y su difícil desactivación – que, en definitiva, descansa en la capacidad del independentismo para digerir la derrota de la estrategia unilateral – está provocando contradicciones, tensiones y divisiones en la alianza que ganó la moción de censura e invistió a Pedro Sánchez, por el contrario, está funcionando como aglutinante en el campo de la derecha que ve como pueden cumplirse sus expectativas de convertir en un paréntesis al gobierno de Sánchez. La confirmación de estas tendencias son los resultados de las elecciones andaluzas. Manteniendo los socialistas el gobierno en Andalucía desde el inicio de la democracia, con el gobierno central en manos del PSOE y aplicando medidas progresistas, y con una alianza con su izquierda, Podemos e IU, que le respalda y no le critican, sin embargo la izquierda acaba de conocer una derrota sin paliativos en Andalucía, la comunidad más característicamente de izquierdas de España. Y todo ello porque el conflicto identitario, el catalán, está pesando mucho más que el social a la hora de movilizar votos.
Las elecciones andaluzas han sido el punto de partida del ciclo electoral que recorrerá España en 2019, con una concentración de elecciones municipales, autonómicas y europeas en mayo, y posiblemente también unas parlamentarias nacionales. La derecha pretende repetir el próximo mayo un vuelco electoral similar que ocurrió en mayo de 2011 cuando las victorias obtenidas en las mismas elecciones abrió el camino a una victoria absoluta del PP en las legislativas de unos meses más tarde. Y a nadie se le escapa este precedente histórico, ni a la derecha, ni al PSOE o Podemos, ni a los independentistas catalanes.
Si, como sostenemos en este artículo, el conflicto catalán es el nudo principal en la actual coyuntura histórica, la posición ante él de los diferentes actores políticos y sociales es diametralmente diferente. La derecha española, en sus tres vertientes organizativas actuales, apuesta por una derrota sin paliativos del independentismo, para lo cual necesita alcanzar con mayorías absolutas el poder del Estado. Esto exige como precondición conseguir la ruptura de la alianza formada en torno a la moción de censura, y que se debería escenificar como el fracaso para aprobar los presupuestos generales del gobierno socialista. Así, el conflicto catalán es utilizado como ariete para desplazar al PSOE y UP de los centros de poder, especialmente el gobierno de la nación. Para ello la derecha ha tenido que romper el bloque constitucionalista conformado en 2017 junto al PSOE para enfrentar el desafío secesionista en el momento de su clímax en los meses finales de dicho año. Ruptura verificada sin esperar a comprobar si el PSOE pudiese hacer concesiones de calado al independentismo, y ruptura que implica, para que la derecha pueda aplicar su solución al conflicto catalán, la necesidad de obtener victorias electorales por mayoría absoluta. Y este es el talón de Aquiles de la derecha española, en 2011 el PP logró esa mayoría absoluta en una situación de crisis económica y fuerte desgaste del PSOE pero, actualmente, con la división tripartita de la derecha española ésta necesitaría de la contribución de Vox – el desgajamiento ultraderechista de la derecha española – para actuar como mayoría absoluta. Sin embargo, esta triple alianza permitiría plantear al independentismo la batalla contra un gobierno español de derechas como un enfrentamiento contra la extrema derecha, y a la izquierda española cerrar filas con el mismo argumento. La aparición de Vox como un actor político de cierto peso, y la ruptura del bloque constitucionalista podría acercar a la derecha al poder pero en unas condiciones que podrían hacer fracasar su solución al conflicto catalán después de aumentar la tensión a cotas peligrosas.
El gobierno del PSOE, tras haber desactivado la amenaza de verse superado por su izquierda por Podemos, y después de haberse hecho con el gobierno desde una posición minoritaria, necesita presentar su alianza con los independentistas como un expediente indispensable para desactivar el propio conflicto catalán por la vía negociadora y poder avanzar en su programa social. Y es una necesidad que se ha convertido en urgente porque los plazos para aprobar los presupuestos ya están superados y, sobretodo, porque tras la derrota en las elecciones andaluzas los dirigentes del PSOE temen que la derecha les infrinja una derrota aún más dura en el ciclo electoral de 2019. El gobierno socialista depende de un acuerdo con los independentistas – a los que no puede ofrecerles nada sustancial de sus reivindicaciones, solo gestos y un nuevo Estatuto dentro de los parámetros constitucionales – para evitar una derrota gubernamental y electoral y, con casi seguridad, una grave crisis interna en el PSOE, dónde los sectores más españolistas y los barones regionales desconfían de los giros adoptados por Pedro Sánchez en su relación con el independentismo. La principal baza del gobierno socialista en la negociación con el secesionismo se basa en el temor de estos a la llegada de la derecha al poder con un discurso radical de solución al conflicto catalán.
El independentismo catalán es el tercer protagonista en este triángulo fundamental de actores, junto al gobierno socialista y la derecha española. En los meses finales de 2017 sufrió una derrota inapelable de su estrategia de secesión unilateral, pero conservó su apoyo electoral (47%) en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 que le permitió revalidar la formación del govern catalán. Esta situación se convirtió en una fuente de contradicciones en su seno. Los sectores más lúcidos del independentismo tomaron conciencia de que la vía unilateral quedaba cerrada, al menos para un largo tiempo; los sectores más radicales, por el contrario, interpretaron que su control del govern les daba bazas y, especialmente, se orientaron hacia la movilización callejera, teniendo como causa principal de actuación la situación de los dirigentes independentistas encarcelados o huidos de la justicia, todos pendientes de juicio.
Así confluían en su seno una serie de tendencias contradictorias: el apoyo a la moción de censura del PSOE y su sostenimiento en el gobierno central; el temor a que la derecha española alcance el poder con su discurso radical de intervención de larga duración de la autonomía catalana; la dependencia de un centro de poder simbólico y no elegido democráticamente, el que representa Puigdemont en Waterloo; y la presión del sector radical de las CUP-CDR por llevar a cabo la creación de estructuras de Estado en Cataluña violando la ley y buscando compensar mediante movilizaciones callejeras su absoluta minoría en el parlament. El independentismo, que había exhibido una unidad forzada en la etapa anterior en torno a la misma estrategia, la vía unilateral de secesión, se encuentra ahora internamente enfrentado sobre la estrategia a seguir, y quién mejor expresa esa división y contradicción es el president Torra, que un día apuesta por la vía unilateral y al día siguiente negocia con el gobierno socialista, que un día jalea a los CDR para que presionen en la calle y otro día les reprime mediante los mossos.
El independentismo más lúcido necesita una pista de aterrizaje para desmontar el mito de la vía unilateral rápida, inmediata y fácil y convencer de que no tienen otra posibilidad que abrir una larga etapa de acumulación de fuerzas que le permita o lanzar otro desafío o alcanzar una negociación con el Estado en condiciones más favorables. Pero la fuerte emotividad creada en la etapa anterior – que se mantiene viva en torno a los dirigentes procesados y explotada a fondo por los sectores más radicales del secesionismo – está impidiendo ese aterrizaje que buscan los moderados. Para el independentismo también se ha convertido en urgente despejar esta contradicción y ambigüedad, los mismos plazos que acucian para la aprobación de los presupuestos al gobierno central y el ciclo electoral de 2019, apremian al independentismo sobre si siguen sosteniendo al gobierno del PSOE y le ofrecen bazas para ganar las elecciones a la derecha, o dejan caer al gobierno y permiten que la derecha se instale en el poder y la situación en Cataluña entonces se tensiones a niveles peligrosos. Los sectores radicales del independentismo parecen preferir esta última situación que llevaría al enfrentamiento más abierto y radical sin calcular ni los costes ni la posibilidad de sus derrota definitiva, es la política del aventurerismo. Pero si los sectores moderados quieren evitar dicha situación necesitan imponerse sin demorar más tiempo sobre los sectores radicales, y no está claro que tengan ni la voluntad ni la fuerza para hacerlo. El miedo a la derecha les impulsa en una dirección, el miedo a ser señalados como traidores, y más aún con el juicio inminente de los dirigentes procesados, les bloquea el dar pasos en esa dirección.
El actor independentista y la decantación de la lucha en su seno es, pues, la clave para despejar el futuro inmediato en Cataluña y en España. La prolongación de su apoyo a la permanencia del PSOE en el gobierno, que exige la victoria de éste y de Podemos en el ciclo electoral de 2019, consolidaría un ciclo progresista en el que podrían explorarse soluciones más definitivas para el conflicto catalán por la vía del diálogo. La retirada de ese apoyo mediante la victoria de sus sectores más radicales en su seno facilitaría el regreso de la derecha al poder y una intensificación del conflicto catalán con consecuencias imposibles de prever.
Por tanto, si el independentismo catalán contribuyó decisivamente a abrir un paréntesis apoyando la moción de censura de Pedro Sánchez, ahora se encuentra en la disyuntiva de cerrar ese paréntesis, facilitando el acceso de la derecha al poder, o de convertir el paréntesis en un ciclo progresista más largo en el que redefinir un nuevo encaje de Cataluña en el Estado español. Estos meses de paréntesis tenían que haberle servido para despejar el camino a seguir, pero no ha sido así, y sus divisiones y tensiones internas han llegado a un punto de bifurcación obligado por circunstancias externas (la aprobación de los presupuestos y el ciclo electoral de 2019) en el que tiene que definirse.
Jesús Sánchez Rodríguez. Licenciado y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Se pueden consultar otros artículos y libros del autor en el blog: http://miradacrtica.blogspot.com/
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