La expresión de la lucha armada interna por la toma del poder político en Colombia, se desarrolla en el contexto de la lucha de clases. No fue espontánea, ni muchos menos resultado de la vindicta, el rencor o el resentimiento social y/o individual. Califica como una de las formas de lucha por el poder político. […]
La expresión de la lucha armada interna por la toma del poder político en Colombia, se desarrolla en el contexto de la lucha de clases. No fue espontánea, ni muchos menos resultado de la vindicta, el rencor o el resentimiento social y/o individual. Califica como una de las formas de lucha por el poder político. Pero lucha de clases no significa violencia. Tampoco odio. Es, en resumen, el desarrollo dialéctico de lucha de los contarios, que siempre genera algo Nuevo.
El Partido Comunista colombiano (PCC), en su famoso Congreso en el que enuncia las diferentes formas de lucha del pueblo colombiano, registró como una de ellas a la lucha armada. En documento, ni discusión alguna, mencionó la tal «combinación de las formas de lucha» en el que un individuo o sujeto político- llamase militante o partidario político- sea por la mañana, agente armado o guerrillero y por la tarde brioso líder comunicativo de masas. Ese engendro de la contrainsurgencia militar resultó efecto de la dictadura mediática y lapida para «justificar» el genocidio contra los luchadores populares, líderes sindicales, activistas ecológicos, dirigentes políticos y sociales, aplicado por el terrorismo de estado colombiano y sublimado a lo estructural del fenómeno contrainsurgente paramilitar. Resumió el emblemático Congreso comunista, que dado el acumulado histórico de la luchas sociales en Colombia, no se podía desconocer la existencia de la lucha armada. Por ello, cuando en desarrollo de sus lineamientos ideo-políticos, resuelve el PCC romper la relación que como partido político- al igual que con cualquier otra organización política, nacional e internacional- pudiere tener en relación con las Farc-ep; aplica un considerando universal sobre el entendido y significado del principio universal de la división del trabajo. Para afirmarlo en términos del coloquio popular: o es tinto o es leche. El variopinto «café con leche» no es dable aplicarlo a un guerrillero o a un activista político, social, ecológico de la izquierda o de la social-democracia y con la que el estigma extremista de derecha impuso el genocidio político en Colombia. El senador Alberto Castilla del Polo Democrático Alternativo, condenó la peligrosa vinculación que hace el Gobierno entre insurgencias y movimientos sociales, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. «El Gobierno quiere relacionar al movimiento social con la insurgencia para desconocer la responsabilidad que tiene de resolver el conflicto social. Pretende una negociación con la insurgencia que considera resolverá el problema de la guerra y en vez de dar un tratamiento negociado al descontento social, le apuesta al tratamiento de guerra para la protesta».
REFLEXIONES SOBRE EL SECUESTRO
Por el delito de secuestro, una persona o un grupo de personas son privadas de la libertad, en forma ilícita, durante un tiempo determinado, con el objeto de obtener un rescate, generalmente en dinero, afectando al plagiado o a terceros. El secuestro ha significado una rémora en el desarrollo de las negociaciones para la terminación del conflicto armado en Colombia puesto que detiene y entorpece el desarrollo de los mismos. A menudo desvía a una afirmación que busca apartar el tema principal que se abarca, como lo es la privación de libertad de manera injusta a una persona; para sin ningún soporte de análisis minucioso y detallado sobre esa materia, sostener categóricamente «que es un delito de guerra y/o de lesa humanidad». Pues no. Siempre se ha evitado asumir una explicación detallada y minuciosa de ese delito que no lo es contra la vida y sí contra la libertad personal. En modo alguno se califica, a contenido del Estatuto de Roma, el secuestro individual de una persona, ni como delito de guerra y tampoco de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional tomará competencia en cuanto se trata de Toma de Rehenes. Ese aspecto de pluralidad, mezquinamente olvidado por la mediática en Colombia, es la protagonista del acicate, la victimización y revictimización, de tan aberrante delito, pero que en modo alguno califica de lesa humanidad. En escrito anterior he desarrollado: «Se compara la retención de civiles, en el escenario de un conflicto armado interno como el colombiano; como la condición de preso político en el Estado en beligerancia y la del injusto y arbitrariamente detenido y/o desaparecido, o de falso positivo judicial, en un Estado de Derecho» («Clamor por la liberación de un civil», en relación con la retención del ocañero Ramón José Cabrales Camacho).
Al escritor en prensa alternativa le corresponde distinguir que la jurisdicción internacional de los Derechos Humanos clasifica como delitos de lesa humanidad, al entrar en vigencia para Colombia, el 1 de julio de 2002, el Estatuto de Roma, «cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte y con conocimiento de dicho ataque». Entre esos actos «siguientes» taxativamente citados, no incluye el secuestro; sí el asesinato, por ejemplo (artículo 7 ibídem). El genocidio lo define y cita en el artículo 6 ibídem y como crímenes de guerra, relaciona entre otros:- La Toma de Rehenes, que no el secuestro, al cual lo individualiza. Es, por ende, el secuestro, un delito, que como tal e individualmente considerado, califica como un delito conexo o de conexidad con el delito político, de rebelión, sedición y asonada.
DE LAS MARCHAS URIBEÑAS
Las marchas del 2 de abril de 2016, fueron en pro de un caudillo fascista, que resume el temor de la enseñanza histórica de la Alemania de la recesión económica del año 1929: un pueblo engañado que produjo el holocausto mundial. Salieron las señoras de «dedo parado» y los y las hijas «de papi» así sean sesentonas. Las pancartas rezaban: «Con Colombia no se juega», cuando asumen el peligroso juego del odio de los de arriba, hacía los de abajo. Le juegan a la guerra!. No se leyó ninguna pancarta acerca de la defensa de la soberanía nacional (vapuleada, mancillada, por la invasión de la «inversión» extranjera). Nada sobre las fatídicas 7 bases militares instaladas por el imperio en territorio del otro estado dentro del estado, en que se ha constituido el fuero militar y las doctrinas de la guerra expansionista y/o de intervención en otros países. Tampoco sobre el derecho de la Naturaleza. Nada en contra de la privatización de los servicios esenciales del Estado (salud, educación, energía) y a favor de las mayorías populares. Inducen contra el terrorismo cuando ellos aplicaron la seguridad contrainsurgente sin lograr derrotar a las fuerzas rebeldes e insurgentes en Colombia, y sí sembrar la oscura noche paraco-militar en el país. Si mencionan la traidora venta de los activos de Isagen, lo hacen porque no les correspondió a ellos la tajada de las comisiones corruptas. Aspiran solo a la retoma del poder gubernamental para el enseñoramiento del capitalismo salvaje, la milimétrica participación burocrática y la partida de corso para el saqueo de la hacienda pública. Iban sobre seguros que la terrorífica ESMAD de la policía militar colombiana no los tocaría, puesto que para ese día no era necesaria la infiltración de saboteadores (parapoliciales) ni grafiteros depredadores del entorno visual de las ciudades. Nada sobre la distribución equitativa de la propiedad y la riqueza, en cumplimiento de la carga constitucional de la función social y del implique de obligaciones de esa misma propiedad privada. Ni sobre la imperiosa necesidad de la reforma agraria integral para el fin del escenario de la guerra fratricida en el campo. Tampoco sobre la abismal brecha de desigualdad antihumanitaria en Colombia. Ni sobre la muerte de niños (no solo guajiros) por hambre; como tampoco ningún sentimiento de pena y dolor por la desgracia o sufrimiento de los niños escolares en Aguachica (Cesar), producto de las «licitaciones» privadas, aupadas por la contra titis politiquera liberal-conservadora, de un régimen antidemocrático imperante y sin participación democrática directa, en la obsesión a ultranza del desmonte de un Estado benefactor. Los Uribeños actúan sin un campo visual que permita a la nación colombiana superar los orígenes y causas de la confrontación armada interna, en espiral ascenso hacia una guerra civil declarada y gracias a la voluntad política de un sector socialdemócrata de la oligarquía y la venia del imperio, felizmente asentada en la realidad de una solución política, conversada y consensuada civilizadamente, por la terminación definitiva de más de cincuenta años de lucha insurgente. No escapa a ningún analista objetivo, la coincidencia de las marchas del centro democrático con la andanada sicarial de las bandas narco-paramilitares de nuevo tipo (clan Usuga, autodefensas gaitanistas, las águilas negras etc), engendradas durante la «seguridad» del periodo del Mesías Uribeño y la infructuosa agencia de los mismos por posar de «fuerza insurgente» o «beligerante», siendo delincuencia esencialmente común y no política. Tampoco la versión de los cagatintas de Provincia que afrentan al generalato colombiano a picota traidora, cuando vienen demostrando que sus soldados y oficialidad es a la que les cuesta la postura de pecho a las balas insurgentes y delincuenciales, y actúan conforme al mandato constitucional vigente. No ocultan la incitación al delito.
Fallan los políticos de extrema derecha en el derrotero de Colombia, comparativamente hablando en el escenario latinoamericano y en el que a diferencia de Colombia y Perú, todos los demás países han transitado por gobiernos progresistas y bolivarianos. Eso lo ha comprendido la tendencia socialdemócrata, dentro del bloque de poder dominante, de la oligarquía colombiana expresada por el santismo. No así por el uribismo, que se coloca en disidente (lo de opositor es una entelequia) dentro del mismo establecimiento de poder.
A ver si logra la extrema derecha militarista, en el juego político, una Colombia sin insurgencia armada, apunte al objetivo siempre utópico, pero de fuente inspiradora de la izquierda de Colombia, del triunfo hacia el socialismo, sin el paso empedrado, eufemísticamente hablando, de un tránsito progresista y reformista del Estado colombiano.
El movimiento popular tiene que sentar al gobierno en una mesa social por la paz» Colombia Informa
La Iglesia Católica y la «ética de la imparcialidad para la construcción unitaria». El Arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, es un activo promotor de escenarios de articulación por la paz. Conocedor de las regiones de su arquidiócesis más afectadas por el conflicto armado, en particular las zonas en las que mantiene presencia el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, Monsalve cree que un próximo anuncio de formalización de las negociaciones con esa insurgencia favorecerían la instalación de una mesa social de diálogo con el Estado: «A nivel de Conferencia Episcopal se han realizado ejercicios de contacto con los mandos del ELN, de tipo humanitario muchas veces. Ya se han definido dos mesas, la mesa más interna con la gente que está militando.
Gabino «El proceso de paz colombiano es uno solo». Llevamos tres años de diálogo exploratorio confidencial, queremos por la vía política y del diálogo, alcanzar acuerdos para seguir la lucha, por el poder para el pueblo. Así será la transformación, adopción y revisión de una nueva doctrina militar del Ejército para la paz. Con los compañeros de las FARC estamos de acuerdo en que las dos mesas deben buscar puntos confluyentes. Y en lo posible, en la perspectiva de tener un sólo proceso debe concretarse dicha participación la deben definir las mismas organizaciones populares y sociales. Hemos enfatizado que es indispensable la participación de los sectores sociales, que siempre han sido excluidos del poder y de la vida política del país. Si todos ellos participan, el proceso de paz será iEl ELN se caracteriza por su hermetismo y recel…. A eso se resume el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, el de Feliciano Valencia y de muchos otros defensores de derechos humanos y del territorio». como «no graves» (y que formarán parte de la competencia de la CPI), el que los crímenes de lesa humanidad se vinculen con el hecho de haber sido cometidos en «el contexto y en razón del conflicto.
¿Qué crímenes entran en la competencia de la Corte Penal Internacional? El Estatuto de Roma, es el instrumento que crea la Corte Penal Internacional (CPI o Corte), en el cual se definen los crímenes más graves contra los derechos humanos y el derecho humanitario, sobre los cuales la Corte podrá ejercer su jurisdicción. Los crímenes están agrupados en distintas categorías: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. ¿Cuándo podrá la Corte ejercer su jurisdicción? Con la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la CPI el 1 de julio de 2002. Crímenes de lesa humanidad: (Artículo 7) El Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como «cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
• Asesinato; Crímenes de guerra: (Artículo 8) De acuerdo con el Estatuto de Roma, la Corte ejercerá competencia respecto de los crímenes de Guerra, en particular cuando se trate de infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, en lo que se refiere a actos contra personas o bienes protegidos:
• Matar intencionalmente; Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente; tomar rehenes.
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