A fines del 2002, el presidente colombiano decidió conformar una «red de un millón de colaboradores civiles» para la guerra contrainsurgente. Hasta la Comisión de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación, pues así se vinculaba a la población civil en el conflicto. A Uribe Vélez no le bastaban sus miles de narco-paramilitares. Así […]
A fines del 2002, el presidente colombiano decidió conformar una «red de un millón de colaboradores civiles» para la guerra contrainsurgente. Hasta la Comisión de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación, pues así se vinculaba a la población civil en el conflicto. A Uribe Vélez no le bastaban sus miles de narco-paramilitares.
Así llegaron a la cárcel miles de inocentes. Otros fueron asesinados. Cobrar una recompensa y hasta celos de pareja fueron los causantes.
Paralelamente, Uribe Vélez ordenó que en el exterior se crearan redes de informantes, coordinadas desde las embajadas. Así muchos emigrantes fueron vinculados al «espionaje». Se ha utilizado a los ilegales pues las embajadas, especialmente en Europa, han ofrecido colaborar en su regularización. Los más efectivos han sido los renegados de izquierda, buscando ser funcionarios.
A comienzos de este año el presidente ordenó «buscar» y «acabar» con los «terroristas» en el exterior. Ordenó que las embajadas fueran más efectivas con las redes de espionaje y delación.
Ya se sabe que algunos países europeos han advertido directamente al gobierno colombiano de que no intente agredir a exiliados políticos o residentes opuestos a sus políticas. Ni aunque parezca un «accidente».
La realidad es que estos delatores y espías deben ser denunciados ante las autoridades de cada país, pues las leyes internacionales lo prohíben. A ellos hay que expulsarles y a la embajada amonestarla.
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