El inédito cambio de jefe de gobierno y el perfil del gobernante elegido, son resultados forjados en el tiempo. Fue posible después de más de doscientos años de oscurantismo político y de padecer los resultados y efectos de 118 erráticos, mediocres, lacayos e irresponsables gobernantes, desde 1810.
Confiemos en que el 7 de agosto de 2022 marque el inicio de la reconstrucción integral de Colombia.
El inédito giro de 180 grados debe traducirse en desarrollo integral de la nación, en recuperación de soberanía nacional, en integración de naciones e independencia razonable de los centros de poder hegemónico.
Son hechos, circunstancias y condiciones que deben y demandan decisiones para construir equidad socioeconómica, restituir la ética y la moral pública e institucional y cimentar y consolidad la conciencia social y colectiva para alcanzar un futuro civilizado y próspero.
Se dice que no hay mal que dure cien años ni cuerpo (pueblo) que lo resista. Asistimos a un proceso de ebullición geopolítico global y de reposicionamiento de centros de poder y desarrollo, surgidos de la globalización del conocimiento y del desarrollo científico y tecnológico, que está ocasionando redefiniciones de poder y áreas de influencia comercial y política. No es una conjetura.
Parece que hasta representantes de la nación con el mayor prontuario criminal del planeta (EE. UU.) registran y perciben con sorpresa los últimos resultados de la elección del nuevo gobernante colombiano.
Lo evidencia el siguiente pronunciamiento textual, hecho tres días después de la posesión del presidente Petro, cuando aseveró el asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan Gonzales, en un congreso realizado en Colombia: «Hace 40 años, EE.UU. habría hecho todo lo posible para prevenir la elección de Gustavo Petro y, ya en el poder, habría hecho casi todo lo posible para sabotear su Gobierno», dijo González, quien participó por vía remota en el 7° Congreso Empresarial Colombiano organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y celebrado en la ciudad portuaria de Cartagena de Indias. RT-11-08-2022.
Los resultados electorales, la actitud y primeras decisiones del gobernante son más que esperanzadoras, pero para alcanzar objetivos efectivos se requiere:
Racionalidad, honestidad y responsabilidad ética y moral, visión y objetivos institucionales y socioeconómicos prácticos, realizables, que lleguen a toda la colectividad nacional. Hoy la nación colombiana demanda reconstrucción total.
Son condiciones determinantes para el desarrollo integral y equitativo de las naciones. Esas condiciones en Colombia nunca han existido y menos prevalecido. Se requiere construirlas y reconstruirlas. Ese es el principal desafío de lo que esperamos sea la nueva época.
Debemos ser conscientes que lo que ha prevalecido en Colombia es una institucionalidad estructurada para servir de marco legal al ejercicio del poder, tipificada por debilidad institucional, laxitud jurídica, mediocridad y corrupción. Siempre explotada por organizaciones políticas y económicas a través de funcionarios públicos y organizaciones políticas al servicio de particulares. Era condición inevitable para mantener el poder político-económico y saquear los presupuestos y el patrimonio público.
Es lo que ocurre en Colombia en particular y en el resto de países en desarrollo a través de la contratación pública, las privatizaciones de lo público y conculcación de los derechos sociales.
Bajo la institucionalidad vigente y la precariedad de la legalidad jurídica hacen su agosto los burócratas corruptos investidos de poder, a favor de oscuros intereses. Entre otros, en Colombia, Agro Ingreso Seguro, Claro-Comcel, Movistar, concesiones viales, múltiples carteles y cartelitos, del comercio, del crédito, de los servicios, la inversión, lavado de activos, transporte, salud, educación, etc.
La pandemia de la corrupción administrativa que azota a Latinoamérica, es consecuencia inequívoca de la precariedad y fragilidad institucional y el colapso de la ética pública y social, especialmente en Colombia, y son responsables del precario desarrollo nacional, del déficit fiscal galopante que les sirve para justificar el explosivo endeudamiento externo e interno, con el que convierten a las naciones en desarrollo, en exportadoras netas de divisas. Es realidad dramática en Colombia.
La evidencia es que en la mayoría de naciones en desarrollo, sus exportaciones son inferiores al monto de pago de deuda pública.
A junio de 2022, Colombia: deuda del Gobierno central $763 billones 57% del PIB. Externa $285 billones e interna 466 billones. Esto indica que del presupuesto 2022, debieron destinar, U$15.322 millones, para pago de deuda externa, es decir, el 38% de total de divisas de exportaciones. Internamente, debe responder por más de $100 billones anuales en subsidios populistas, más de $80 billones anuales para pensiones y salud, el funcionamiento supera los $12 billones, entre otros. Es la dimensión de la catástrofe económica-fiscal, y del endeudamiento público.
El déficit fiscal permanente es el instrumento eficaz utilizado por el modelo económico capitalista, para que las multinacionales se apoderen del patrimonio público de todas las naciones pobres.
En Colombia padecemos ese flagelo, consumado desde la institucionalidad, disfrazado de legalidad, siempre contra los intereses de las mayorías nacionales y el pretexto de la solidaridad social.
De esa manera desmantelaron el patrimonio público a favor de multinacionales y del 10% de dueños mayoritarios de la riqueza nacional.
De esa manera se propició la Venta de ISAGEN, electrificadoras regionales, el cartel de la Refinería de Cartagena, la feria del Seguro Social, el carrusel de las concesiones viales, Transmilenio, el criminal negocio de la salud, Vigencias futuras, Ecopetrol, dragado del Río Magdalena, Termoeléctricas, autopista Bogotá-Villavicencio, etc.
Solo durante el aciago periodo del Gobierno de Uribe Vélez fueron vendidas o fusionadas a favor de particulares nacionales y extranjeros más de 500 empresas oficiales. Todo dentro de la legalidad propiciada por la precaria y concupiscente institucionalidad vigente.
La perversa reforma del sistema de salud desde las leyes estatutaria y ordinaria, bajo el perverso objetivo de proteger intereses de EPS privadas. Así generaron el colapso del sistema, con la garantía de los gobiernos sucesivos, de evitar corregir la problemática que generaron esas políticas de Estado.
Ese panorama sombrío se profundizó con el Gobierno de Duque. Era lo que tenía que propiciar el Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Manejo Fiscal de Mediano Plazo, estructurados mediante maniobras del perverso ministro Carrasquilla, con la anuencia y complacencia del alto Gobierno y los gremios económicos. Así impusieron al pueblo colombiano un refinado modelo económico que reduce impuestos a empresarios al tiempo que reduce los ingresos directos de la nación, estimula e impone más privatizaciones y endeudamiento público y reduce la inversión social.
El cáncer de la corrupción el régimen evitó tratarlo como correspondía, porque es la fuente de ingresos y enriquecimiento de politiqueros, burócratas y élites empresariales que dominan el poder y la riqueza y por ende la institucionalidad.
Son entre muchas otras lacras del poder y la institucionalidad y del régimen, que el nuevo Gobierno debe afrontar, revertir y erradicar de raíz, para poder construir equidad socioeconómica, desarrollo económico nacional integral, paz social, seguridad y convivencia ciudadana.
Si se analizan detalladamente las condiciones socioeconómicas presentes, nivel y perspectivas de desarrollo económico y la viabilidad de alcanzarlo, tenemos que concluir que Colombia debe reconstruirse integralmente y demanda un proceso a desarrollar en varios periodos de gobierno, máxime cuando estamos ante la certeza que gremios económicos, clase política, usufructuarios del poder público y secuaces ya enfilan baterías para oponerse a las reformas que empieza a formular el nuevo Gobierno.
Las reformas deben incluir políticas de Estado para sustituir importaciones por producción nacional, y esto demanda oportuna aplicación de conocimientos, ciencia y tecnologías para lograr reducción de costos de producción y buena calidad para competir con el mercado externo. Es decir, todo el proceso de desarrollo debe articularse y complementarse para lograr efectivo desarrollo integral y generación de empleo calificado y justamente remunerado.
Son los desafíos cósmicos que tiene el nuevo Gobierno. Solo así se podrá estructurar un modelo de desarrollo, marco jurídico e institucional y de poder político capaces de desarrollar y garantizar reformas para construir políticas de Estado garantes de la equidad socioeconómica.
Y debe decidirse a utilizar los recursos constitucionales del Constituyente Primario, para que este mediante consulta directa apruebe los proyectos de reforma que niegue el Congreso y/o declarar inconstitucional la Corte Constitucional. Los intereses en juego son muchísimos.
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