Llegadas en pateras en las últimas semanas, llevan más de una semana encerradas en una cárcel de Málaga que todavía no había sido inaugurada.
Una manifestación ha recorrido este domingo un breve tramo hasta acabar en la puerta del centro penitenciario de Málaga II de Archidona, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Málaga. Varios centenares se han concentrado allí para protestar por la situación de más de 500 personas que, tras llegar a la península procedentes de pateras que partieron de las costas del norte de África, llevan encerradas una semana en una cárcel que todavía no se había inaugurado y en la que no había funcionarios de prisiones activos.
La Dirección General de la Policía ha convocado 52 plazas de urgencia para el futuro CIE de Archidona, pero, mientras tanto, son policías del cuerpo de la Policía Nacional la que vigila el centro. «Además dentro hay antidisturbios, exactamente igual que hacen en los CIE», explica el periodista Sergio Rodrigo a El Salto desde la protesta en la puerta de la cárcel. «No nos han dejado entrar a ver a los reclusos. Los abogados que presentaron el recurso han podido entrar, pero solo hasta la recepción», lamenta Rodrigo.
Muchos familiares de las personas encarceladas se habían acercado para intentar ver a sus allegados, pero, según Rodrigo, la situación que se han encontrado es la misma: «Solo han podido entrar unos pocos y han tenido que ver a sus familiares a través de una mampara». Muchos de los familiares, algunos venidos desde Francia, disponen de pocos recursos para estar allí durante varios días. Los activistas de varios movimientos sociales que se han unido a la protesta están negociando con el ayuntamiento para que busque un alojamiento temporal para las familias.
Un grupo de abogados realizó una petición de habeas corpus al entender subsumible la detención, pero el Juzgado de primera instancia de Archidona la ha denegado, sin posibilidad de recurso, al entender que la intervención judicial ya se ha producido.
Por otro lado, la organización Málaga Acoge, junto con otros grupos, ya anunció a El Salto el mismo día de los internamientos, que va a interponer una petición al Defensor del Pueblo para que intervenga ante lo que consideran una «medida ilegal».
Se esperan más migrantes
El centro penitenciario, que todavía no tiene ni suministro de agua, tiene una capacidad para unas 2.000 personas. Los activistas que protestan frente a la cárcel tienen sospechas de que van a encarcelar allí a más migrantes. Según el ministerio de Interior, actualmente hay 507 personas recluidas allí, pero, según Rodrigo, debe haber ya unas 700 personas: «Ayer vimos como traían a unas 60 personas más y están habilitando un tercer módulo, por lo que sospechamos que algo va a pasar mañana, parece que tienen la intención de traer a muchos más».