Varias de las asociaciones de la Plataforma contra la Base de la OTAN en Zaragoza han presentado una denuncia contra el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, por ordenar el día 6 de octubre una carga policial contra algunos de sus miembros, que durante el Pregón de Fiestas intentaron desplegar una pancarta en la […]
Varias de las asociaciones de la Plataforma contra la Base de la OTAN en Zaragoza han presentado una denuncia contra el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, por ordenar el día 6 de octubre una carga policial contra algunos de sus miembros, que durante el Pregón de Fiestas intentaron desplegar una pancarta en la Plaza del Pilar.
Según se explican en la denuncia, algunos de los miembros de la plataforma intentaron, a las 21:00 horas del 6 de octubre, momentos antes de que comenzara la lectura del Pregón de Fiestas del Pilar, desplegar una pancarta, de unos 15 metros de tela, y varios globos, en un acto que los denunciantes enmarcan en el «estricto ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica«.
Pero antes de que la pancarta estuviera extendida y de que se pudiera por tanto haber leído su mensaje, se agrega en la denuncia, miembros de la Policía Nacional ordenados por la Delegación del Gobierno «cargaron, sin previo aviso ni requerimiento» contra estas personas, «empujándoles y golpeándoles con porras de manera indiscriminada«.
Estiman que con esta actuación se impidió el ejercicio del libre derecho a la libertad de expresión en una concentración «perfectamente autorizada» como era el Pregón de Fiestas.
Además, a consecuencia de la carga varias personas resultaron lesionadas, señalan.
A juicio de los denunciantes (CGT, SOS Naturaleza, Asociación Montes de Torrero, PCA, Juventudes Comunistas, Asociación para la Objeción de Conciencia, Asociación El Cantero de Torrero, IU, Ecologistas en Acción y CHA) la actividad llevada a cabo por las organizaciones se amparaba en el derecho «constitucionalmente protegido a la libertad de expresión«.
Las fuerzas actuantes que «limitaron de manera violenta» los derechos fundamentales de los denunciantes (de reunión y expresión) eran miembros de la Policía Nacional que están bajo el mando, en Aragón, de Javier Fernández, quien es «el último responsable de los actos ilícitos que pudieran cometer«, denuncian.
Asimismo, aseguran tener constancia de que en la Delegación del Gobierno o en la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía existen «ficheros paralegales» de personas no fichadas que pertenecen a distintos colectivos y asociaciones y que por ello fueron reconocidos en la Plaza del Pilar antes de que pudieran siquiera desplegar la pancarta.