«La Constitución es irreformable en cuestión de soberanía», dijo Rajoy refiriéndose a Catalunya en el cónclave que el PP celebró en Córdoba. Y para que no quedara ninguna duda añadió: «Nada tengo que reformar ni que dialogar». Amén. Todo un carácter D. Mariano, Registrador de la madre patria. Cualificadas voces han repetido en los últimos […]
«La Constitución es irreformable en cuestión de soberanía», dijo Rajoy refiriéndose a Catalunya en el cónclave que el PP celebró en Córdoba. Y para que no quedara ninguna duda añadió: «Nada tengo que reformar ni que dialogar». Amén. Todo un carácter D. Mariano, Registrador de la madre patria.
Cualificadas voces han repetido en los últimos días mensajes parecidos. La sagrada unidad de España ha sido subrayada con fruncidos ceños por el mismísimo monarca, el ministro del Interior, el de Justicia y alguna que otra importante y togada autoridad. Parejo a ello, como no podía ser menos, se ha comenzado a hablar, así de refilón, del art. 155 de la Constitución y el poder que el mismo confiere al Gobierno para derogar competencias autonómicas.
Sus amenazas son signos de debilidad política y se les nota. Al igual que la madrastra de Blancanieves, PP-PSOE-Ciudadanos-UPyD tienen pavor a mirarse en el espejo del derecho a decidir, no vaya a ser que la respuesta que reciban les afee, eche por tierra sus dogmas patrios y les grite que la España que ellos veneran no es sino puro Estado centralista y cárcel de pueblos.
La Transición de los 70 fue un inmenso fraude, un gigantesco embudo en el que por su parte más ancha entraron reivindicaciones democráticas básicas (autodeterminación, república, laicidad, ruptura con el franquismo,…) y por su más estrecha salió un Régimen asentado en buena medida en rancios fundamentos franquistas: monarquía instaurada por el Dictador, patria y soberanía única, mantenimiento de los privilegios eclesiales, Ley de Amnistía-«punto final», Pactos de la Moncloa,… Lo dicho, puro fraude.
Hoy, el PSOE habla de impulsar una reforma federal para «incorporar los hechos diferenciales y singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad» (Declaración de Granada). Bonitas y vacías palabras que no han impedido que fuera de la mano del PP en el proceso catalán del 9-N. Después, Pedro Sánchez, de forma nada inocente, ha iniciado su campaña electoral bajo una gigantesca bandera española y el lema «España une» y, por si fuera poco, acaba de aprobar junto al PP y UPyD la Ley de Seguridad Nacional cuyo objetivo es «garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales» y permite expropiar competencias autonómicas y torpedear procesos soberanistas.
El PNV ha elegido de pareja de baile a este PSOE: pactos municipales, forales, estatales, de todo hay en la viña del Señor. Para disimular, acompaña todo esto de brindis al sol. Así, Ortuzar ha dicho que «solo desde la soberanía y el pacto entre iguales será posible un acuerdo con el PNV», afirmando luego que gracias al autogobierno, la CAV «es lo más parecido a un Estado sin Estado». Conclusión, si ya tenemos casi un Estado, ¿para qué meterse en broncas soberanistas como las de Catalunya? Se trata por tanto de pactar dos o tres competencias más que nos faltan para ser ya un Estado cien por cien, y punto. De nuevo platos de lentejas sin sacramento ni butifarra alguna a cambio de renunciar a las primogenituras -derecho a decidir- que exigen los tiempos.
Segunda trampa. Como somos casi un Estado, los acuerdos a los que llegue yo, Gobierno del PNV, con Madrid, serán «pactos entre iguales». Y esto lo afirman mientras, como ya se ha dicho, el PSOE riega de indisolubles unidades españolas y profesiones de fe patria su campaña electoral y firma con PP y UPyD leyes de seguridad nacional en defensa de España y sus principios.
Son tiempos revueltos. Nuevamente, al igual que en aquellos años 70, vuelven a oírse viejas melodías. Los unos dicen que «España es una nación de naciones»; los otros, que «el Estado español es plurinacional»; los de más acá hablan de «pacto entre iguales» y los de más allá de «proceso constituyente estatal». Nada que objetar, por supuesto, sino todo lo contrario, a esta evidente mejora conceptual, pero.., ¿hasta dónde llega su auténtico contenido?
El combate es desigual. Un pacto entre iguales exige que las partes tengan un status jurídico similar. Y de eso nada, monada. Las naciones de las que se habla no están en plano de igualdad. Hay una -España- que cuenta con Constitución, Ejército, leyes básicas, Tribunales y Delegados del Gobierno y las demás se quedan con puros restos autonómicos. Por eso, sin ruptura democrática de las actuales ataduras constitucionales -soberanía única, patria indisoluble e indivisible- la salida será un nuevo fraude, como en la Transición.
Se afirma también que el reconocimiento del derecho a decidir ha de derivarse -lo demás, se dice, son callejones sin salida – de impulsar un proceso constituyente estatal que rompa los candados de la Transición. Digamos, en cualquier caso, que el titular del derecho a decidir son las naciones, no los Estados que las contienen. Pero, aparte de eso, pensar que con los mimbres resultantes de las próximas elecciones (PP, PSOE, Ciudadanos) y las mayorías de dos tercios precisas para hacer estas reformas, el derecho a decidir pueda ser reconocido en el Congreso, eso si que es meterse en un callejón sin salida.
El proceso catalán, sin subordinarse a nadie ni a nada, ha sido capaz de movilizar millones de personas año tras año. Ha logrado el apoyo de mayorías parlamentarias de dos tercios, del noventa por ciento de los ayuntamientos catalanes y de cerca de cuatro mil entidades, sociedades, sindicatos y colectivos de todo tipo. ¿Realmente hay quien cree que algo parecido, o siquiera su cuarta parte, se hubiera podido conseguir bajo el paraguas y acicate de un proceso constituyente estatal?
Tras las próximas elecciones el peso de las fuerzas soberanistas y de izquierda, tanto en el Congreso como en la calle, va a ser bastante mayor. El marco estatal debe ser así un escenario obligado cara a crear redes y alianzas diversas a fin de impulsar la ruptura democrática y social que reclamamos. Pero en relación al derecho a decidir, la madre de todas las batallas se librará en Catalunya, Euskal Herria, Galiza… Subordinar esto a ritmos, contenidos y hojas de ruta electorales estatales supone desinflar el globo y apostar por perder. En ese juego las cartas están marcadas y los árbitros comprados.
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