No són suïcidis, són assassinats; Ni una mort més per un desnonament, afirmaba la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Barcelona, en un cartel del 2 de julio; se trataba de la convocatoria en la barcelonesa Plaça Sant a Jaume –en la que participaron centenares de personas- por el suicidio de dos hermanas, de 54 y 64 años, cuando estaban a punto de ser desahuciadas en el Barri de Sant Andreu de la capital catalana.
“Cuando la vida de dos hermanas vale 9.000 euros, es el momento de reflexionar en qué tipo de sociedad vivimos”, denunció la plataforma antidesahucios.
La PAH-Valencia convocó el 12 de junio una rueda de prensa, en la sede de Intersindical, para difundir los relatos de familias a las que se les niega el derecho a la vivienda; dos emisoras comunitarias de la ciudad –Radio Klara y Radio Malva- retransmitieron el acto con los testimonios de tres mujeres afectadas: Lola, Carmen y Vanesa.
“Yo tenía un alquiler social, que no estaba a mi nombre sino al de mi suegra; siempre hice saber que estaba en el piso con mis dos hijas, de tres y seis años; ellos no quisieron poner el contrato a mi nombre, y empezaron el procedimiento para desahuciarme, que lleva ya tres años; he estado apuntada a todos los sitios habidos y por haber de vivienda social pero las Administraciones públicas (el Ayuntamiento y la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl -EVHA- de la Generalitat) me dicen que no resuelven urgencias”, expone Lola.
Ha sido víctima de tres intentos de expulsión, a los que ha hecho frente –y hasta el momento paralizado- con el apoyo de la PAH; “¿una urgencia es un procedimiento de tres años?”, se pregunta Lola, a quien el Ayuntamiento y Servicios Sociales le responden que no hay viviendas (“los malos somos nosotros, que nos encontramos en la situación de ocupación”).
Otra circunstancia de interés son los ingresos; la mujer afectada pagaba por el arrendamiento de la vivienda; sin embargo, en el contexto de la pandemia de COVID-19 (a partir de 2020), dejó de pagar, porque percibía sólo 600 euros de una ayuda (actualmente cobra 800 euros); pide una vivienda que pueda pagar, y que le quede dinero para comer.
Tal vez la experiencia de Lola pueda explicarse, también, por los excesos de la burocracia; cuenta que el mismo día de uno de los intentos de desalojo –el 14 de abril-, recibió una carta municipal en la que se le requería documentación; “yo la aporté, está toda perfecta; tienen viviendas pero van lentos, están baremando”, subraya en el acto de la PAH.
El desahucio está paralizado hasta el próximo 15 de julio; la PAH-Valencia convocó movilizaciones –como la del 25 de junio- en la puerta del inmueble, en la calle Salvador Lluch de Valencia; Promontoria Coliseum es el fondo que promueve la expulsión.
Carmen vive en el municipio de Torrent (87.300 habitantes, Valencia); integran la unidad familiar, junto a Carmen, los tres hijos y su nieta; al igual que Lola, solicitó un piso al EVHA, al Ayuntamiento y los Servicios Sociales, con la misma respuesta: “No hay vivienda”; antes de contar con el respaldo de la PAH, se trasladó a una vivienda –propiedad del Banco Santander- que actualmente ocupa.
Uno de los portavoces de PAH-Valencia, José Luis González, acota: “Hay un relato casi faccioso sobre la ocupación; a veces está relacionada no con mafias, que deberían perseguirse con rotundidad, sino con familias a las que las administraciones comunican que no disponen de viviendas; pero los bancos sí cuentan con pisos vacíos”.
El Banco Santander logró en el primer trimestre de 2024 un beneficio de 2.852 millones de euros, un 11% superior al de los primeros tres meses de 2023; por otra parte, Valencia ocupa la novena posición en porcentaje de viviendas vacías -entre las ciudades de más de 200.000 habitantes- en el estado español, con un porcentaje del 8% (censo del INE de 2021 a partir de los datos del consumo eléctrico, nota informativa junio 2023).
El precio medio del alquiler residencial en Valencia se sitúa –en el segundo trimestre de 2024- en un promedio de 1.611 euros mensuales, frente a los 1.201 euros en el cuarto trimestre de 2022, según la Cátedra Observatorio Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
“Hablé con el Banco Santander para que me hicieran un contrato de alquiler social, pero me dijeron que ellos sólo hacían ventas”, subraya Carmen; “el Santander intentó tirarme, me ofrecieron un dinero para que me fuera del piso, y les dije que no, ya que no tenía otro sitio donde ir”.
Se apoyó en la defensa de un abogado de oficio; el juez ordenó que continuara el procedimiento de desahucio, pese a la condición social vulnerable; a mediados de junio Carmen estaba en situación de desempleo, ese mes finalizaba la percepción del subsidio de 480 euros, con cuatro menores en la casa, de 14 años; 11 años; un año y medio; y seis meses.
“Ni el fondo buitre, ni la banca tradicional española, quieren firmar contratos de alquiler”, resume José Luis González respecto a las situaciones de Lola y Carmen; sobre el estado de vulnerabilidad, y la valoración que de ella realizan a menudo los jueces, apunta:
“Respetamos a la judicatura, como a todas las profesiones, pero estamos bastante hartos de no coincidir con resoluciones judiciales que, desde nuestro punto de vista, ni siquiera respetan el marco normativo actual”.
No es muy diferente la experiencia de Vanesa, que se vio en la necesidad de ocupar una vivienda, en parte por el elevado precio de los alquileres; la ocupación se ha prolongado durante tres años; cuenta que hace dos meses que tuvo lugar el juicio, y que fue multada por usurpación (Artículo 245 del Código Penal); “tengo 60 días para desalojar la casa por mi cuenta y, si no, tendré el desalojo”.
Vanesa ha pedido un piso en las instancias municipales y en el EVHA, le llegó una carta para que aportara documentación; uno de los trámites consiste en “baremar la unidad de convivencia; cuando llamo por teléfono y comento mi caso, dicen que están baremando y me dan largas”.
Se hace cargo de los hijos menores (bebé de cinco meses, una niña de cuatro años…) con los 900 euros de una ayuda; Servicios Sociales también conoce su situación, pero le responden que no hay pisos, concluye en la rueda de prensa.
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