La Conferencia política del PSOE quiere transmitir a la sociedad española un mensaje de autocrítica y regeneración para recuperar la credibilidad perdida. Sin embargo, se trata de una operación propagandística que busca reconstruir uno de los pilares del bipartidismo para así evitar cambios sustanciales en la realidad económica y política de España. Sorprende […]
La Conferencia política del PSOE quiere transmitir a la sociedad española un mensaje de autocrítica y regeneración para recuperar la credibilidad perdida. Sin embargo, se trata de una operación propagandística que busca reconstruir uno de los pilares del bipartidismo para así evitar cambios sustanciales en la realidad económica y política de España.
Sorprende que Ramón Jáuregui, coordinador de la Conferencia, diagnostique «una crisis de la democracia y de sus instituciones» precisamente cuando se está produciendo un florecimiento democrático que cuestiona las carencias de unas instituciones corresponsables, por una parte, de la crisis y, por otra, de haber convertido tal crisis en una potente palanca de desmantelamiento de los derechos de la ciudadanía.
Es decepcionante constatar cómo Jáuregui promete «más y mejor democracia», en su artículo Una izquierda con vocación de mayoría (El País, 5, 11, 2013), pero da la espalda a una reforma electoral que respete el igual valor de cada voto, o sea, la proporcionalidad, justamente cuando el PSOE acaba de provocar la ruptura del Gobierno de Asturias por negarse a democratizar la ley electoral asturiana. No hay que olvidar que Rajoy tiene una mayoría absoluta fabricada por una ley electoral que reformó el Gobierno del PSOE, en 2010, preservando la sobrerrepresentación del bipartidismo y, por tal motivo, hoy el Partido Popular, con menos del 45% de los votos, dispone del 53% de los escaños.
Jáuregui explica que el PSOE considera que hay que reformar la Constitución para incorporar «la laicidad, la igualdad de género, el derecho a la asistencia sanitaria» y otras cuestiones. Uno se pregunta si esa reforma tendría la misma efectividad que el actual derecho constitucional a la vivienda, sobre todo cuando tenemos en cuenta que no se plantean derogar la reforma del artículo 135, que prioriza el pago de los intereses de la deuda sobre el gasto social. Es más, en relación con la deuda pública, el PSOE no propone cambiar las normas del Banco Central Europeo para permitir que preste a los estados y no genere el problema de deuda pública. No obstante, lo más chirriante de la reforma constitucional es que propugna «la igualdad de sexos en la sucesión de la corona» y olvida la igualdad de todas las personas en disponer de idéntico derecho a acceder a la jefatura del Estado.
El PSOE se comprometerá a limitar las remuneraciones de directivos de las entidades financieras dado que, según explica Jáuregui, «si el Estado se hace cargo de sus quiebras […] tiene derecho a intervenir en su remuneración». Se podría decir que tiene derecho a convertir en banca pública los bancos rescatados con dinero público, a inyectar crédito en autónomos y pymes, para salir de la crisis, y a destinar el stock de vivienda de los bancos quebrados rescatados al alquiler social. Sin embargo, la «izquierda renovada» se conforma con limitar las remuneraciones. Y no nos dice nada sobre si volverá a privatizar empresas públicas, ni sobre si se plantea recuperar sectores económicos estratégicos privatizados por el bipartidismo (hoy 19 de las 100 mayores empresas del mundo son públicas).
La Conferencia Política apoyará el aumento del gasto en Educación, pero no tiene previsto, ni revertir el retraso en la edad de jubilación, ni deshacer la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, derivadas ambas de la reforma efectuada por el Gobierno del PSOE en 2011. Tampoco plantean derogar la última reforma laboral de Zapatero, que socavó la negociación colectiva, pero sí hablan de fortalecer el «poder sindical en las pymes» y recuperar «la negociación colectiva sectorial». No aclaran si derogarían la reforma laboral del PP, aunque sí hablan de un «pacto de rentas» entre patronal y sindicatos «para reducir beneficios si se reducen salarios», según se explicaba en El País. La reducción simultánea de salarios y beneficios conlleva la reducción del PIB e implicaría decrecer.
El PSOE se planteará ingresar 5 puntos más de PIB incrementando la presión fiscal y reduciendo el fraude. Hablan de un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15%. Sin embargo, todo esto habrá que mirarlo con lupa puesto que, cuando gobernaban, su cultura política desfiscalizadora hizo que, en 2011, las grandes empresas pagaran, en concepto de impuesto de sociedades, el 3.5% de sus beneficios declarados. El economista Manuel Lago calcula que, en la etapa 2007-2011, el tipo efectivo medio del impuesto de sociedades fue del 11.9% y, de haberse aplicado el tipo nominal medio del 28.5%, se habrían recaudado 141.380 millones de euros adicionales, es decir, 28.276 millones anuales. En el período 2006-2011 los ingresos fiscales por IRPF crecieron un 6%, pese al fuerte aumento del desempleo, mientras que por el impuesto de sociedades cayeron el 68%. Esta política fiscal ha hecho más devastadora la crisis.
Por último, es muy revelador constatar cómo Ramón Jáuregui ve al Estado-nación «incapaz de construir espacios de cohesión social, incluso de democracia plena», cuando su partido no opone una alternativa al diseño neoliberal de la Unión Europea. Y, asimismo, es preocupante la carta abierta, titulada El objetivo es derrotar a la derecha, que dirigen a la Conferencia Política del PSOE algunas personalidades progresistas, pues atribuyen a ese partido «un deseo de cambio» para «construir una alternativa al mundo actual» que no se sustancia en la realidad. En verdad, un alineamiento electoral en torno al PSOE, en las circunstancias actuales, desactivaría buena parte de capacidad democratizadora y regeneradora de la movilización ciudadana actual. Por el contrario, será el crecimiento de las otras izquierdas el que propicie el nacimiento de un modelo de país comprometido con los cambios que necesitamos.
Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria.
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