Inmersos en el proceso del Pacto Educativo en el Parlamento, la comunidad educativa junto a más de treinta colectivos, sindicatos, organizaciones sociales y políticas hemos consensuado a lo largo de tres años una alternativa compartida que sirva de base para un auténtico Acuerdo Social y Político que pueda dar estabilidad y equidad al sistema educativo […]
Inmersos en el proceso del Pacto Educativo en el Parlamento, la comunidad educativa junto a más de treinta colectivos, sindicatos, organizaciones sociales y políticas hemos consensuado a lo largo de tres años una alternativa compartida que sirva de base para un auténtico Acuerdo Social y Político que pueda dar estabilidad y equidad al sistema educativo por generaciones.
Uno de los ejes básicos que debe suscribir un Pacto Educativo que realmente garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia, es una red única de centros de titularidad y gestión pública, puesto que es la única que asegura una educación inclusiva y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales contribuyendo a asegurar la equidad y la cohesión social.
Una red pública que atienda toda la demanda educativa desde los 0 años, en las diferentes etapas y modalidades, y que cuente con todos los recursos y servicios necesarios para asegurar el derecho de todos y todas a la educación, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial. Ello conlleva, en primer lugar, reconocer el carácter estrictamente subsidiario de la enseñanza concertada; así como iniciar el proceso para la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos, eliminando de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.
El sistema de conciertos educativos se planteó inicialmente como una medida transitoria, como complemento a la red pública, ante la insuficiencia de centros públicos que existían en España a principios de los años 80, cuando se universalizó el derecho a la educación. Actualmente, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que el mantenimiento de unidades escolares en centros concertados no se pueda justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por razones ideológicas de una determinada corriente neoliberal muy extendida, ligada al supuesto derecho de selección de centro, que en ningún caso está reconocido como tal en la legislación vigente, y mucho menos que ejercer esa elección deba ser a costa del erario público.
Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: «…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales«. Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar fondos públicos a financiar opciones privadas. Máxime cuando se están concertando unidades en zonas donde se cierran unidades públicas preexistentes. Parece claro que obligar al Estado a distribuir sus escasos recursos económicos con los colegios privados es la mejor estrategia para acabar con los públicos.
El dinero público dedicado a la educación concertada ha subido en España un 43% en una década y ya supera los 5.700 millones anuales. Los colegios privados subvencionados recibieron en 2014 un total de 5.769 millones, 1.744 más que en 2004. Pero esto se incrementa sustancialmente en comunidades autónomas gobernadas por conservadores o neoliberales, donde hay un progresivo desvío del dinero público a subvencionar los centros privados, mientras se aumenta el recorte de financiación a la educación pública. Si la media de centros privados financiados públicamente alcanza el 32,4% en todo el país, en algunas de las comunidades donde han gobernado o gobiernan partidos conservadores el porcentaje supera ya ampliamente el 50% (Cataluña, Madrid, Valencia, Navarra y País Vasco). En Castilla y León, las políticas de los últimos 15 años del Partido Popular evidencian la apuesta por adelgazar la pública (un 4,6%) y aumentar la concertada (un 6,2%), llegando a triplicar casi el volumen de aulas concertadas en este período.
De esta forma no sólo se han recortado 9.000 millones de euros a la educación pública, sino que buena parte de los recursos públicos destinados a educación se dedican a financiar la enseñanza privada en régimen concertado.
Se produce así un proceso continuado de privatización silenciosa del sistema educativo, a través de esta «privatización blanda» y gradual mediante el mantenimiento y consolidación de los conciertos. Actualmente se ha alcanzado una situación en la que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada. Y lo más significativo es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia católica, que constituyen un auténtico subsistema ideológico y doctrinal consolidado y con gran poder.
España constituye al respecto una anomalía dentro del panorama europeo. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Holanda, Alemania, Austria, Reino Unido, Suecia, Italia o Finlandia, entre otros), según datos de la OCDE de 2011, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).
Se está acabando así con un sistema público de calidad, como eje vertebrador del sistema educativo, convirtiéndolo en un sistema subsidiario de una enseñanza privada, y cuya función sería la formación de los sectores sociales desfavorecidos y sin un futuro académico brillante. Consolidar esta doble red (pública/concertada) supone admitir el primer y más importante mecanismo de segregación social del sistema educativo. Supone también renunciar al concepto de enseñanza como bien público al que se debe acceder digna, universal y gratuitamente.
Debemos recuperar el sentido básico de la educación, que no es otro que procurar el mayor desarrollo educativo de todos y de todas y no el de unos pocos. Buscar la mejora de todas las escuelas públicas, en vez de incitar a seleccionar y competir pensando en la mejor «inversión para el mío», olvidando que la educación es un bien común y un derecho para todos y todas. La obligación de los poderes públicos es garantizar el derecho a una buena educación que tienen todas las personas. Y sólo la escuela pública puede garantizar el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y convivencia democrática a todas las personas con distintas procedencias socio-culturales, especialmente a quienes menos posibilidades tienen de obtenerla de otra forma, respetando el derecho de cada uno y cada una a lograr el nivel máximo de formación y educando en un proyecto común de ciudadanía; y por ello, reiteramos que es la que mejor contribuye a la equidad y la cohesión social. Además de ser la única que se compromete con el interés común y el servicio público, al margen de intereses particulares ligados al adoctrinamiento ideológico o al negocio económico.
De ahí que éste debe ser un punto esencial del Pacto Educativo. Lo cual supondría amplios beneficios para la sociedad en forma de cohesión social, pero también para el profesorado y el personal educativo de estos centros que verían mejoradas sus condiciones laborales; y también para las familias, a quienes se garantizaría un modelo educativo inclusivo y adecuado para todos los niños y niñas, sin tener que recurrir además a un re-pago educativo. Ya existen antecedentes de este hecho. Solo hace falta voluntad política. Esperemos que esta voluntad se plasme realmente en el futuro Pacto Educativo, como así deseamos los colectivos integrantes de las Redes por una Nueva Política Educativa.
Marea Verde de León por la Escuela Pública y Laica: Eloina Terrón Bañuelos (Izquierda Unida), Encina Gutiérrez Ibán (Comisiones Obreras), Marta Madruga Bajo (Flora Tristán) Obdulia Díez Álvarez (León Laica), Javier Macho Partida (Podemos), Jean Pierre Lohrer (Anticapitalistas), Pablo Fuertes (Liga Estudiantil Universitaria) y Claudia Vidal (CENU)
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