La institucionalidad ha venido operando bajo directrices del poder de turno, desde hace más de 200 años, definidas y orientadas según sus conveniencias e intereses. El prototipo de los últimos años, son los gobiernos de Uribe y Duque.
Frente al horizonte de cambio político-económico e institucional, abierto con la elección de un gobernante, genuinamente de izquierda, la vieja casta politiquera, obtusa, irresponsable y corrupta, teme por el alcance de las inevitables reformas que requiere la sociedad y las pérdidas, que deben afrontar, en la medida que se consoliden las reformas que requiere la nación y sus ciudadanos.
Son reformas inaplazables, para recuperar tiempo perdido y reconstruir integralmente la nación.
Durante más de 200 años, en los que solo se consolidó, el caos, la anarquía, la corrupción, y el atraso nacional, la degradación ética y moral de los partidos, permeó dirigentes, degradó la conciencia política colectiva.
De esa manera, se convirtió la política en instrumento para el festín de lo público e hizo que la corrupción alcanzara niveles catastróficos.
Es la lectura y conclusión que deben lograr, los actuales dirigentes, en posiciones de poder y decisión.
No hay partidos. Hay variopintas organizaciones de amigos, por conveniencia, para cazar votos y disputarse el poder y el manejo de lo público. De tal contagio no son inmunes las organizaciones autodenominadas de izquierda y/o progresistas e independientes. Se observa en el iniciado festín electoral.
Son causas fundamentales de la precaria, mediocre y clientelista estructura del poder heredado, de la débil institucionalidad y del deficiente e incongruente y traumático desarrollo nacional. Y es lo que hace convertir en un imperativo moral, la superación del desastre.
La institucionalidad ha venido operando bajo directrices del poder de turno, desde hace más de 200 años, definidas y orientadas según sus conveniencias e intereses. El prototipo de los últimos años, son los gobiernos de Uribe y Duque.
Bajo esa condición y a través del clientelismo, la politiquería y la corrupción, desnaturalizaron y fragilizaron el equilibrio de poderes, para asegurar el disfrute pleno del poder público y la impunidad.
Es innegable que el equilibrio de poderes es imprescindible para lograr un aceptable sistema democrático. La precariedad de la institucionalidad y el poder, se traducen en inseguridad, impunidad y corrupción, tal como se percibe en Colombia y se constituye en lastre para el desarrollo socioeconómico equitativo.
Es lo que ocurre hoy con la derecha y ultraderecha, liberales y conservadores, que han usufructuado el poder, hasta el presente.
La implacable saña contra los acuerdos de paz rubricados con las FARC y ahora en proceso con el ELN, y contra sus órganos instituidos para su acción y desarrollo, obedece al obcecado propósito de dominio del poder político y económico y a la defensa del clientelismo y el poder económico. Ahí esta la cizaña, de la diabólica oposición, contra todo lo que el nuevo gobierno anuncia como reforma, para construir equidad socioeconómica. Tarifas de servicios públicos, pensiones, formalización laboral, explotación petrolera, etc.
El colapso ético y moral de los partidos y con ello, el desmedro de la cultura ciudadana, permitió la aceptación e imposición incondicional de dogmas del capitalismo global y sometimiento de la soberanía, traducidas en la práctica de sálvese quien pueda y como pueda.
Son prácticas que al convertirse en decisiones de estado y hasta en consciencia social, pueden institucionalizar el anodino postulado del Estado de Opinión, de Uribe, bajo el criterio perverso de que el fin justifica los medios.
Esa estructura de poder, con sus políticas de gobierno, arrojan sus naturales frutos: crece la inequidad socioeconómica, el desempleo, subempleo, la informalidad, la miseria y la pobreza, el déficit fiscal y de balanza de pagos, el endeudamiento externo e interno públicos, la criminalidad e inseguridad ciudadana y el abandono del estado a las regiones. A diario, los medios de comunicación lo hacen conocer.
Ese panorama socioeconómico-político sombrío, genera las tendenciosas justificaciones, de la derecha y extrema derecha opositora y enemiga de la justicia social, frente a las definiciones y acciones del nuevo gobierno, para orientar el desarrollo nacional, responsablemente, evitar más privatizaciones de lo público, controlar el endeudamiento público y el avance del dominio del capital transnacional y nacional, en contra del interés nacional general, mientras los indicadores de inequidad socioeconómica se tornan apocalípticos, año tras año.
Con una institucionalidad y marco legal afín a esas tendencias y prácticas del poder, los ciudadanos del común, que son las mayorías, se convierten en víctimas de los objetivos perversos del poder, que día a día se agudizan hasta obligar a los ciudadanos a protestar por los incumplimientos del poder y el estado, y a tomar las vías de hecho como único y último recurso, en el naufragio diabólico de la moral y la ética y la dinámica inequidad socioeconómica y abandono oficial.
El malestar ciudadano y la protesta social son evitables si la redistribución del ingreso se hace equitativamente, de acuerdo con las obligaciones del Estado, los requerimientos sociales y disponibilidad del recurso público.
Esos objetivos son viables, si se somete a los corruptos y se racionaliza el gasto público. La corrupción, la laxitud e impunidad judicial, deben corregirse y depurar el sistema judicial.
El derroche y despilfarro de los recursos públicos, son la vena rota del fisco y causa de la inviabilidad fiscal de los entes públicos.
Bajo el imperio de la corrupción y sin racionalidad del costo de la inversión, es imposible la equidad socioeconómica y el cumplimiento de los deberes sociales del estado.
Quizá fue lo que concluyó el excandidato Álvaro Gómez Hurtado, cuando sentenció que lo que había que cambiar era el Régimen.
Es el rompecabezas y desafío que deben entender los gobernantes y órganos de poder del estado, para evitar la debacle social, económica, política y ética que amenazan el futuro de la nación.
Y para lograr equidad e institucionalización socio-económica, se requieren instrumentos legales y reformas profundas, como la de la salud, la pensional, la contratación pública, de la educación para garantizar calidad integral y pertinencia de la formación académica, entre otras.
Es lo que debe entender todo ciudadano responsable socialmente, para evitar convertir su voto en próximas elecciones, en instrumento de condena para sí mismo, sus semejantes presentes y generaciones futuras. 28-01-2023
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.