Desahucios a palos contra derechos humanos

En la ciudad de Palma -la capital de la comunidad autónoma de las Islas Baleares- este 10 de diciembre de 2019 se vivió de forma un tanto peculiar el Día de los Derechos Humanos. Mientras las instituciones hacían actos institucionales llenos de retórica, un grupo de activistas de la Plataforma STOP Desahucios, se concentraba frente el número 3 de la calle Parc, cerca del barrio palmesano de Santa Catalina, que es una de las zonas que sufrió tempranamente la gentrificación por la llegada de vecinos del norte de Europa y convirtieron la vivienda en pura especulación, y el derecho a ella en una quimera para las personas no muy ricas. El lugar de la concentración de los y las activistas no está lejos del barrio de Son Espanyolet, donde el movimiento vecinal está en pie de guerra contra la invasión del turismo vacacional que los quiere gentrificar.

En la proximidad de estos dos escenarios de luchas, más o menos explicitas, por el Derecho a la Ciudad, y mientras en los solemnes salones institucionales se hacían discursos (quizás alguien citó retóricamente el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que afirma que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad»), se iba concentrando gente con el objetivo de impedir el desahucio de una familia que acumulaba una deuda de 2.500 euros por varias mensualidades de alquiler. El goteo de desahucios es, en la actual fase de negación del derecho a una vivienda digna, muy mayoritariamente por el encarecimiento especulativo de los alquileres, en un contexto en el que las Reformas Laborales de 2010 y 2012 impiden que los salarios ganen capacidad adquisitiva.

Supongo que la burocracia del aparato de justicia no atiende a conmemoraciones como la del Día de los Derechos Humanos, pero la coincidencia con uno de los desahucios más crueles de los que últimamente se han producido en Palma no deja de ser una buena ocasión para insistir en la imposible convivencia de neoliberalismo y derechos humanos, que Julie Wark explica en su «Manifiesto de derechos humanos«. Un texto que, por cierto, conviene releer tanto en tanto.

El caso es que, en torno a este levantamiento se pueden hacer varias reflexiones interesantes, que van más allá del caso concreto. Pero, primero, contextualicemos en caso: Oscar Kacper Szczesniak Kalinowski (Palma, 2002) es un joven que se mueve en silla de ruedas, y que, con solo 17 años, ha sido operado 26 veces como consecuencia de la docena de enfermedades crónicas que padece. Todo ello no le impide tener, al menos en apariencia, una energía resistente envidiable. Lo demostró protestando contra el anunciado desahucio frente el Parlamento de las Islas Baleares, en el Pleno del Ayuntamiento de Palma, u organizando una huelga estudiantil en el colegio concertado Virgen del Carmen, donde cursa primero de bachillerato. Su padre trabaja todas las horas que puede, y a su madre, desde hace años, no tiene tiempo para dedicarlo a un empleo remunerado pues tiene que estar pendiente de las necesidades, dado su estado de salud, de su hijo Oscar.

El contexto es pues: Un hogar con sustentador único (el padre) que participa del llamado mercado de trabajo (con las precariedades que nos han dejado las reformas neoliberales); un miembro adulto (la madre) imposibilitada de participar en el sustento del hogar pues trabaja (sin retribución, claro está) en las imprescindibles labores de cuidados que requiere la situación de Oscar. El tercer miembro del hogar es, como ya se ha dicho, un joven con discapacidad, con dificultades de movilidad y múltiples enfermedades ¡Las dificultades para llegar a fin de mes son imaginables… pero, oficialmente, no es un hogar pobre! E, insisto, la expulsión (la extracción propia del actual capitalismo extractivista global y local) de la familia Kacper de la vivienda en la que vivían desde hacía algo más de 14 años estaba más que anunciada, y era conocida por las administraciones públicas.

Vayamos ahora a una media docena de reflexiones que, a colación del caso concreto, dan pie al debate más general:

I.- El peligro de «normalizar» el autoritarismo: La delegación del gobierno (en funciones) del PSOE menosprecia cualquier cosa parecida a mecanismos de mediación en las protestas anti desahucios, o en cualquier otro ámbito de protesta que cuestione el establishment «neoliberal conservador» o «neoliberal progre», como por ejemplo el de la anti masificación turística. Por parte de la policía se práctica una desproporcionada contundencia ante la resistencia y desobediencia pacífica ¿Alguien dará explicaciones por las contusiones que sufrió Oscar en el desahucio del día de los Derechos Humanos? Es más, el portavoz de Stop Desahucios es detenido, y puesto en libertad, después de muchas horas y con cargos. La aplicación de la «Ley Mordaza» en manos progresistas no es muy diferente a la que hacían sus mentores del PP. Suma y sigue: La dirección del colegio de Oscar boicotea la huelga estudiantil prevista para el día del desahucio, sin que, de momento, se sepa que la administración educativa haya abierto expediente para averiguar si se conculcaron derechos fundamentales de los chavales y las chavalas ¡El de huelga de solidaridad, en defensa del derecho a la vivienda, y de unas condiciones óptimas de estudio para Oscar, sin duda lo son!

II.- El fracaso de los «subsidios» (monetarios, en especies, o en servicios) condicionados: Las administraciones de las Islas Balares (autonómica, insulares y locales) no dejan pasar ocasión para enorgullecerse de, al menos, dos realizaciones de los y las progresistas que gobiernan desde 2015: La puesta en marcha de la Renta Social Garantizada (RESOGA) como gran -y casi única- política contra la pobreza, y la aprobación de la primera Ley de Vivienda de las Illes Balears. Pero la realidad es tozuda, y el fracaso de la RESOGA para la erradicación de la pobreza fue expresamente reconocido por la «máxima autoridad autonómica» en materia de Servicios Sociales. Por lo que hace referencia a la Ley de Vivienda, enunciados como el reconocimiento del derecho subjetivo de la ciudadanía a una vivienda, o «el derecho al acceso a la vivienda en situaciones de especial vulnerabilidad, y, por lo tanto, la obligatoriedad de la Administración de garantizarlo», devienen en un sarcasmo cuando se confrontan con la geografía y contabilidad de los desahucios, o cuando la administración -en este caso municipal- afirma que «no ha constatado que la familia de Óscar esté en insolvencia sostenida». Igual que en el caso de Carmen -la protagonista del relato de Sara Mesa titulado «Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático«-, la pobreza se confunde con el hambre.

III.- La estigmatización de las personas empobrecidas y/o con carencias materiales: El caso que motiva estas líneas, ha hecho emerger la, más o menos intensa, estigmatización de las clases más subalternas y necesitadas. Detrás de la letanía de alguna persona con responsabilidades políticas en el ámbito de los servicios sociales, consistente en alardear en los medios de comunicación de propuestas que no pasaban por garantizar el mantenimiento del hogar, y de pregonar, literalmente, que «a esta familia la hemos atendido desde el año 2015», subyace (intencionadamente o no) el mensaje de que las personas empobrecidas no tienen por qué tener garantía de vivir vidas queridas, y, en lugar de reconocer el fracaso del sistema, se lanza el mensaje de «si desde el 2015 les hemos atendido, ya está bien. Hasta aquí hemos llegado». Cuidado con los mensajes que, aunque sean involuntarios o construidos en función del burocratismo, tengan la más mínima apariencia de aporofobia. ¡Hay demasiado «vox» para que las voces no sean nítidamente anti aporofóbicas!

IV.- La pérdida de capacidad integradora del empleo remunerado: En el caso concreto que nos ocupa -pero seguro que es generalizable-, ayudó mucho a extender el mensaje de estigmatización-culpabilización el hecho de que en el hogar desahuciado había miembros con empleo remunerado. No creo que sea una casualidad. Más bien es una consecuencia de los reiterados mensajes sobre una mejora sustancial del «mercado de trabajo». A la situación del empleo remunerado se le aplica la lógica de mercado, haciendo, dicho sea de paso, caso omiso a la histórica Declaración de Filadelfia (1944) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que se estableció el principio según el cual «el trabajo no es una mercancía».

Esta lógica de mercado se aplica exclusivamente con criterios cuantitativos. Incluso cuando se habla de «trabajo de calidad», se sigue la lógica mercantil de prestar atención únicamente a la etiqueta. Así nos venden, por ejemplo, como empleos estables los que responden a un contrato fijo, con bajísima protección frente al despido arbitrario, contratos nuevos a jornada completa con una retribución salarial inferior a los de tiempo parcial con mayor antigüedad en la empresa, etc. Después de las Reformas Laborales del austericidio (la del PSOE en 2010, y la del PP en 2012), y mientras no se deroguen y se reviertan sus efectos, lo fundamental es evaluar si el trabajo remunerado mejora o no el grado de integración social, es decir, si remite o no el fenómeno de la pobreza laboral. La realidad -el caso de la familia de Oscar es un ejemplo evidente- es que en la actualidad tener una ocupación remunerada no garantiza en absoluto dejar de ser pobre.

V.- La no valorización de los trabajos de cuidados: Es sabida la feminización de los trabajos de cuidados, y que, en este caso, no aplica la lógica de mercado. Es decir, los trabajos esenciales para la vida de la especie humana no tienen valor económico. Es sabido también que esto ocurre por una construcción social basada en los valores y normas del patriarcado que, entre otras cosas, establece una división discriminatoria del trabajo, que recluye a las mujeres en el espacio de las tareas domésticas, y el servicio de los demás miembros del hogar.

Si todo es sabido, ¿Qué hay en este tema que lo asocie con el desahucio de los Szczesniak Kalinowski? Pues que sospecho que Victoria Kalinonski -la madre de Oscar- suscribiría el manifiesto «Recursos y autonomía para todas: Un manifiesto feminista por la Renta Básica«, recientemente hecho público, en el que se afirman cosas como esta: «Vivimos asfixiadas y con la angustia de no llegar a todo, de que nuestras vidas no sean sostenibles. Del mismo modo que tememos vernos expulsadas del mundo del empleo, y convertidas en cuidadoras sin independencia económica, nos preocupa tener que descuidar a las personas que queremos para entregar todo nuestro tiempo a un trabajo cada vez más precario. Y no queremos, no debemos ser las únicas que cuidan, necesitamos liberar tiempo para todos y todas, necesitamos las condiciones materiales para que nuestra lucha por el reparto del trabajo de cuidados pueda avanzar. Sí, necesitamos recursos, tenemos derecho a nuestro tiempo, no queremos más trabajo, queremos una Renta Básica«.

VI.- La necesidad imperiosa de la Renta Básica (y de otros derechos incondicionales) para socializar en contextos libres de fascismos. Digámoslo sin tapujos: Políticas de izquierdas, o -para ser más precisos en la denominación en la modernidad neoliberal- progresistas sin RB son algo parecido a encargar la organización de una fiesta infantil al mismísimo Herodes, y confiar en que todo acabe bien. Este es un delirante imaginario, que garantiza un fin de fiesta nefasto. La cuestión es que no es menos delirante el empecinamiento de no poner la RB en el centro del debate político, económico, y social. No es pues inimaginable que, sin RB y con palos y desahucios contra Derechos Humanos, no se provoque la extensión del, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, «fascismo social», que, no se olvide, ya tiene más de medio centenar de voces en el Congreso de los Diputados.

Rafael Borràs Ensenyat, fue secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Balears y miembro de la Comisión Ejecutiva de la CS de CCOO de les Illes Balears. Actualmente colabora con diversos medios de comunicación de Baleares, generalmente sobre asuntos sociolaborales y de turismo. Es miembro de la Red Renta Básica.

Fuente: http://sinpermiso.info/textos/desahucios-a-palos-contra-derechos-humanos