La empresa líder en desahucios extrajudiciales amenaza con volver a Tenerife con 40 “efectivos” después de un primer intento de desalojo frustrado de un edificio ocupado por 48 familias en riesgo de exclusión social. El Sindicato de Inquilinos de la isla denuncia extorsión, coacciones y la connivencia de las autoridades, la Policía local y la Guardia Civil.
No es un desahucio más y puede suponer un punto de inflexión en el clima social en el archipiélago canario. Así describe lo que está ocurriendo en un bloque de viviendas del barrio de San Isidro, en Granadilla (Tenerife), el documentalista Javier Ríos, director de Aquí estamos, película sobre el horror de las personas que tratan de llegar a las Islas Canarias. Este cineasta y actor se acercó a la historia de este edificio, convertida en la última semana en una guerra abierta entre las 48 familias que ocupan desde hace diez años este bloque y la agencia de desalojos express Desokupa. Ríos hace un llamamiento “casi desesperado” para que las autoridades y la sociedad civil de todo el Estado intervengan para impedir un desahucio violento e ilegal del edificio, donde viven más de 100 personas en peligro de exclusión social, entre ellas más de 30 menores. Hay mucho en juego, dice este documentalista: “El fascismo está entrando por la puerta grande en Canarias”.
El primer intento de desalojo extrajudicial se produjo en la madrugada del 4 de mayo, cuando cuatro trabajadores de Desokupa se presentaron en este edificio ocupado con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía local, según denunció el Sindicato de Inquilinas de Tenerife. La oposición de los vecinos y el apoyo de las organizaciones sociales forzaron la retirada de los “matones” de Desokupa, tal como los describe Víctor Martín, activista del Sindicato de Inquilinas de la isla. Pero la historia no acaba ahí.
Pocos días después, el fundador y director de Desokupa, Daniel Esteve, amenazaba en un vídeo en Instagram con volver a la isla, pero está vez con 40 efectivos en una estrategia similar a la practicada en Ibiza por su empresa, según su propio relato: “Os acordáis lo que pasó en Ibiza, primero enviamos un equipo, salieron los okupas, los amenazaron, los intentaron agredir, pues bueno, no pasa nada, a los diez días volví yo, con 40 de mis equipos, 20 por la mañana y 20 por la noche, y en diez días recuperamos. Aquí va a pasar absolutamente lo mismo. Queridos okupas, se ha acabado el buen rollo”.
Pese a que el empresario habla en todo momento de “respeto a la legalidad”, en el vídeo no faltan las amenazas veladas: “Esperemos que no pase ninguna desgracia [sobre la posibilidad de un incendio]. Lo importante no es cómo empieza sino cómo acaba. Si no, preguntad en Ibiza cómo fue. ¡Siempre fuertes!”. En agosto de 2021, la empresa anunció el “operativo más grande nunca montado en España por Desokupa”, con un desalojo extrajudicial de un complejo residencial ocupado por más de 100 personas en Ibiza que contó con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía, según cuenta Esteve en otro vídeo.
A la espera de que se concrete la amenaza, los vecinos del edificio han interpuesto una decena de demandas contra Desokupa acusándola de “amenazas” y “extorsión”, y pidiendo una orden de alejamiento. El único grupo parlamentario que se ha pronunciado hasta ahora ha sido Unidas Podemos, que ha exigido a las autoridades canarias que no permitan a Desokupa “asumir un ejercicio de funciones de autoridad”. El portavoz del partido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, calificó como “intolerable” que una empresa “filofascista” amenace con expulsar a 48 familias en riesgo de exclusión social “generando un clima de coacción y de potencial uso ilegítimo de la fuerza”. “Hay que poner fin a estas prácticas antes de que se extiendan a otros municipios”, añadió.
Desembarco en Canarias
La entrevista publicada por el El Salto a un extrabajador de Desokupa en septiembre de 2021 ofrecía muchas claves sobre la estrategia y la forma de funcionar de la compañía. Según relataba el exempleado, la empresa fundada por Esteve se estaba centrando en la “búsqueda de nuevos mercados en Madrid, Ibiza y Tenerife” ante la bajada de ingresos por la pandemia. Su testimonio coincide con múltiples denuncias de familias afectadas: los desahucios extrajudiciales que práctica Desokupa se valen de mentiras, engaños, coacciones, violencia, placas falsas, connivencia con agentes de policía corruptos o de extrema derecha y una estrategia basada en sembrar el miedo y un acoso generalizado para forzar a las familias a abandonar las propiedades de sus clientes. Todo esto sin contar, por supuesto, con una orden de desalojo. De tenerla, no necesitarían de sus servicios.
Tanto en Ibiza como en Tenerife, los agentes de Desokupa, “abiertamente neonazis”, tal como los define Ríos, han contado no solo con el apoyo de la Policía y la Guardia Civil, sino también con el de las autoridades y de muchos medios de comunicación. Según publicaba este mismo medio, Desokupa Canarias recibió financiación europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), gestionado por el Gobierno regional formado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias. El dinero se destinó al “desarrollo de la estrategia online de la empresa” y de su propia web, la misma donde reconocen que su trabajo incluye “adoptar medidas extrajudiciales” para brindar soluciones a los propietarios sobre los problemas de sus viviendas.
Según el Sindicato de Inquilinos de Gran Canarias (SIGC), la complicidad con el auge de los discursos y las prácticas de extrema derecha que criminalizan la pobreza llega a los medios de comunicación y a la publicidad en televisión, vallas, estadios de fútbol, radios, redes sociales o aeropuertos. “Los medios difunden casos basados en falsedades que presentan al okupa como una figura protegida por el sistema judicial. Se genera una alarma social inexistente e instigan desalojos violentos”, advierten desde el SIGC.
Criminalización de la pobreza
San Isidro es un barrio popular de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, un barrio agrícola convertido en obrero en las últimas décadas, cuenta Víctor Martín, del Sindicato de Inquilinas de Tenerife. La crisis de 2008 impactó de forma especial entre las familias que dependían del turismo o la construcción. “Mucha gente se quedó en el paro y el problema de la ocupación surge a partir de ahí”, relata Martin. Actualmente, hay más de 600 viviendas ocupadas en el barrio, distribuidas en más de ocho bloques.
El edificio que intentó desalojar Desokupa está levantado sobre suelo público. Con la crisis inmobiliaria, la constructora privada quebró y la obra no llegó a terminarse. A falta de conectar el agua y la electricidad, nunca se formalizó la cédula de habitabilidad y el edificio ni siquiera figura en el catastro, asegura Martín.
Ante
una crisis habitacional agravada por la falta de construcción de
vivienda social, sostiene este activista, las autoridades autorizaron la
entrada de decenas de familias de bajos ingresos en el edificio. Hoy en
el edificio viven 48 familias que “sobreviven con trabajos precarios,
muchas de ellas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social”.
Como no tenían luz ni agua, y el Ayuntamiento no les ofrecía soluciones,
decidieron resolver el problema con sus propias manos: instalaron
placas solares y baterías de segunda mano, y un sistema de bidones en la
azotea para distribuir el agua por todos los pisos.
Hace años, el edificio fue vendido con sus habitantes a Aly Metal SA, una pequeña empresa autorizada por el Gobierno de Canarias para la recogida de chatarras y metales, una entidad que poco tiene que ver con el negocio inmobiliario, cuentan a El Salto desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.
Cuando el equipo de Desokupa, contratado por Aly Metal SA, entró en el edificio sin ningún tipo de orden judicial lo primero que hizo fue quitar las puertas de los portales. A continuación subieron a la azotea, desconectaron el sistema de abastecimiento de agua y derramaron el agua de los bidones, según el relato de Víctor Martín. La supuesta peligrosidad del peso de los bidones sobre la estructura del edificio fue la “excusa” utilizada por Desokupa para entrar en el edificio y continuar con su estrategia de acoso inmobiliario. Decían que contaban con una autorización del Ayuntamiento, pero los vecinos nunca llegaron a verla y el propio Ayuntamiento ha desmentido que permitiera a Desokupa entrar en el bloque y cortar el sistema de bidones de la azotea. “Más allá de si había o no peligro sobre la estructura, [los empleados de Desokupa] se arrojaron unas atribuciones que son del Ayuntamiento y de su personal técnico o al menos de una empresa de fontanería”, dice Martín.
Al ver que estaban dejando sin agua al edificio, la “cosa comenzó a calentarse”, y al poco llegó la Policía Local y la Guardia Civil. “Ellos dejaron actuar, hubo una convivencia total entre las fuerzas de seguridad y la empresa, y los vecinos no fueron los protegidos. Al contrario”, denuncia. Tres vecinos y una activista del Sindicato de Inquilinos de Tenerife fueron detenidos y llevados a la fuerza a comisaría por increpar a los trabajadores de Desokupa y a los policías. Por la tarde, los matones volvieron e intentaron subir a la azotea, pero los vecinos, “ya un poco mejor organizados”, relata Martín, los expulsaron. Y ya casi de noche volvieron a aparecer para intentar romper la cerradura de la puerta del garaje, para que nadie pudiera entrar o salir en coche. “Ha sido una cuestión de acoso, durante los dos días siguientes daban vueltas por allí, sabíamos que estaban allí, era su forma de decirnos que podían volver en cualquier momento”, dice a El Salto.
La normalización del fascismo
La amenaza constante de una nueva intervención de mayor envergadura, alentada por el vídeo de Esteve, ha generado numerosas crisis de ansiedad y un clima de miedo e incertidumbre en los vecinos, especialmente acentuado entre los más pequeños, cuenta este activista. “Los vecinos no están en contra de que se siga el proceso judicial”, señala Martín, “pero piden que les dejen el tiempo suficiente para ver si pueden lograr una alternativa habitacional, porque tal como está el mercado de la vivienda y con las entradas de dinero que tienen es imposible encontrar un techo”.
Los vecinos y el Sindicato de
Inquilinos prevén una nueva visita de Desokupa, esta vez con muchos más
efectivos, en los siguientes días y desde diversas organizaciones y
personas de la sociedad civil hacen un llamamiento para dar a conocer lo
que está pasando en este edificio del barrio de San Isidro y en la
isla.
“No es un desalojo más. Aceptar lo que está pasando es normalizar el fascismo en unas islas que se suponían inmunes a la extrema derecha, con una mentalidad mucho más abierta y solidaria debido al carácter históricamente migratorio que tiene Canarias”, dice el director de Aquí estamos.
La abogada y activista Loueila Mint al Mamy apunta a la responsabilidad del Ayuntamiento de Granadillas en el origen del conflicto y califica las amenazas de desalojo como “un atropello sobre los derechos sociales” y una vulneración de la legalidad y las funciones del propio consistorio, que dispone de métodos para gestionar conflictos de este tipo sin recurrir a la coacción y a las amenazas externalizadas a empresas con métodos extrajudiciales. “Quien tiene que velar por que estas familias no se queden en la situación en la que están es el Ayuntamiento, no un grupo de personas de una empresa privada que establecen un control de acceso y utilizan métodos de coacción, como es quitarles el agua o quitarles la luz”, dice Mint al Mamy a El Salto.
Para Ríos, lo que está en juego es nada menos que la extensión del fascismo en las Islas Canarias: “Este batallón neonazi consentido por el Gobierno del Estado español y el Gobierno canario tiene intención de asentarse en las islas, en unas islas que ya sabemos de dónde vienen, de unos años de crisis, de pandemia, de unas islas mucho más pobres que la que la media del Estado español, donde hay un caldo de cultivo muy grande para el odio”, sostiene Ríos.