Ainhoa Baglieto, abogada de los jóvenes detenidos hace una semana en el operativo policial llevado a cabo en Hernani y Urnieta, denunció ayer en Donostia que las denominadas redadas preventivas contra jóvenes independentistas «rompen el principio de legalidad y no tienen base jurídica», ya que «no se les detiene por que hayan cometido un delito, […]
Ainhoa Baglieto, abogada de los jóvenes detenidos hace una semana en el operativo policial llevado a cabo en Hernani y Urnieta, denunció ayer en Donostia que las denominadas redadas preventivas contra jóvenes independentistas «rompen el principio de legalidad y no tienen base jurídica», ya que «no se les detiene por que hayan cometido un delito, sino para hacerles desaparecer de las calles».
La abogada de los ocho jóvenes arrestados el martes de la semana pasada en el transcurso de la operación policial que se llevó a cabo en Hernani y Urnieta, denunció ayer que las llamadas «redadas preventivas» que el Ejecutivo español dice efectuar para evitar que los arrestados cometan un delito, «no tiene ninguna base jurídica».
«En un Estado de Derecho no es posible que haya redadas preventivas ya que rompen el principio de legalidad y de seguridad jurídica», aseguró ayer la letrada Ainhoa Baglietto en la rueda de prensa ofrecida ayer en Donostia junto al único joven que ha quedado en libertad tras el opertaivo, Iñigo Alzelai, así como junto a familiares y amigos de los arrestados y representantes del movimiento pro-amnistía. Baglietto denunció que el objetivo de las operaciones policiales contra la juventud vasca «no es evitar que cometan un delito o castigarlos por haberlo perpetrado, sino castigar y encarcelar a los jóvenes revolucionarios e independentistas vascos» .
Criticó asimismo que el Ejecutivo español, en su lucha contra el independentismo vasco, ha ido «amplíando tipos penales» para «hacer desaparecer a quienes les suponen un problema», una práctica que se ha vuelto habitual desde que el Tribunal Supremo calificara como «organizaciones terroristas» a Jarrai, Haika y Segi en enero de 2007. «Primero les imputaban ser colaboradores de ETA, más tarde extendieron el término de `terrorismo’ hasta las acciones de kale borroka, y ahora con acusarles tan sólo de ser miembros de Segi y decir que iban a cometer algún acto o sabotaje, ya es suficiente para torturarlos y encarcelarlos», denunció la abogada, al tiempo que lamentó que «no es posible llevar a cabo estas detenciones, sin pruebas, si no es contra la disidencia vasca». «Ahora el delito son las personas, y no lo que han hecho o han dejado de hacer».