«La deuda, que la paguen ellos; ya está bien de recortes en pensiones, precariedad laboral, desempleo y crecientes desigualdades; ni siquiera tener un trabajo te garantiza hoy salir de pobre; los ricos, cada vez más ricos, y mientras, la mayoría de la población, cada vez más pobre; un barrio de Burgos -Gamonal- se ha levantado […]
«La deuda, que la paguen ellos; ya está bien de recortes en pensiones, precariedad laboral, desempleo y crecientes desigualdades; ni siquiera tener un trabajo te garantiza hoy salir de pobre; los ricos, cada vez más ricos, y mientras, la mayoría de la población, cada vez más pobre; un barrio de Burgos -Gamonal- se ha levantado y ha prendido la mecha, que vamos a mantener encendida hasta que esto reviente». El discurso es de Arturo Peiró, activista social valenciano que simultanea múltiples militancias: la plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), la Red de Solidaridad Popular (RSP), Valencia Acoge, EUPV-IU… Con estas palabras, inflamadas y llenas de determinación, empieza el acto de presentación en Valencia de las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo a Madrid, celebrado en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.
Las Marchas de la Dignidad son una iniciativa del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que pretende hacer confluir en Madrid el 22 de marzo a columnas de trabajadores y parados que partirán de diferentes ciudades del estado español. El motivo de las marchas se resume en tres consignas: «No al pago de la deuda»; «Trabajo digno (o renta básica)» y «Casa y servicios públicos para todos». Se han sumado a la convocatoria, entre otras organizaciones/colectivos de ámbito estatal, «Alternativas desde Abajo», CGT, Comité Confederal de CNT-AIT, Confederación Intersindical, «Construyendo la izquierda», Frente Cívico-Somos Mayoría, Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Castellana, Rebelión.org, Cronicapopular.es, Red de Solidaridad Popular, Red Roja, Socialismo 21 y la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE).
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) lleva cinco años denunciando «la barbarie de los desahucios». Raquel Rubio y Gemma Palomo, que han intervenido en la presentación de las Marchas, recuerdan cómo el colectivo «ha impedido desahucios y evitado que muchas familias acaben durmiendo en la calle; incluso hemos recuperado bloques de viviendas enteros». Pero reconocen que el problema no se reduce al derecho a una vivienda digna y los desahucios, cuando no brutales desalojos. «Hay un ataque global contra nuestros derechos», al que las activistas proponen una respuesta categórica: «cuando las leyes son injustas, hay que desobedecerlas». A la PAH se le reconoce sobre todo la meritoria lucha colectiva, pero -más allá- ha aportado oxígeno vital a personas al borde del abismo, «una fuerza y seguridad que casi nos arrebatan; la plataforma nos ha ayudado a convertir la rabia en coraje», explican las activistas.
«¿Cómo pretenden que paguemos la cuota de una hipoteca si esa gente, que se supone nos representa, nos dice que no hay trabajo, despiden maestros, cuidadores de dependientes, personal sanitario y, por descontado, defienden que el capital está por encima de las personas?», se preguntan Raquel Rubio y Gemma Palomo. 1.400.000 personas firmaron una iniciativa legislativa popular (ILP) en la que se pedía una moratoria para los desahucios, la dación en pago con carácter retroactivo y la reconversión del parque de viviendas vacías al alquiler social. No prosperó ante la cerrazón de la mayoría absoluta del PP. Se ponía así de manifiesto, subrayan las activistas, «que en lugar de poner freno a los bancos y las grandes inmobiliarias, sólo las defienden». Respecto a las Marchas del 22 de marzo, se plantean «caminar muchos kilómetros para animar a esa clase obrera deprimida y que se siente derrotada, porque nuestra mayor arma (hablan por su experiencia en la PAH) es la unión y el poder de organización». La paralización de las obras de Gamonal o del proceso privatizador de la sociedad madrileña dan muestra de ello.
Antropólogos han investigado la cultura de la «deuda perpetua» en pueblos del Himalaya. Consiste en que una casta de familias ricas se prevale de los préstamos para controlar el territorio y oprimir a la población, a la que convierte en «esclavos de la deuda». Sin tierras ni recursos, la gente cae en una espiral de endeudamiento perpetuo para conseguir el mínimo necesario con el que subsistir. Cuando alcanzan la edad del matrimonio, las mujeres incluso se convierten en concubinas del señor con el fin de aligerar el débito. El miembro del Frente Cívico-Somos Mayoría de Valencia, Héctor Illueca, ha hecho uso de esta metáfora para definir la actualidad lacerante de la periferia europea. Las mujeres del Himalaya (pueblos del Sur de la UE) han de prostituirse para satisfacer la deuda contraída por los paterfamilias (banca y casta política corrupta) con los señores feudales (los mercados).
Los países del Sur de Europa sufren en sus carnes la crisis de la deuda. Héctor Illueca explica en términos sencillos al auditorio los entresijos del mecanismo. El problema radica en el incremento del déficit público porque los estados ya no pueden financiarse con normalidad en los mercados internacionales. «Si se nos presta dinero, es a tipos de interés tan elevados que ello se hace insoportable para nuestra economía». Además, al estallar la crisis se reducen los ingresos fiscales del estado, al tiempo que aumentan los recursos destinados a prestaciones. Pero hay un elemento esencial, que deliberadamente suele ocultarse: el incremento del déficit público como consecuencia de rescatar al sistema financiero. Es decir, «el estado se ha endeudado para salvar a la banca».
Mientras, en 2013 la tasa de paro juvenil superó por primera vez el 55% de la población activa. La partida destinada por el Gobierno al Plan de Empleo Juvenil totalizó 3.500 millones de euros (para el periodo 2013-2016), al tiempo que se invirtieron 20.000 millones de euros en «tapar» el agujero de Bankia. «No tienen ninguna vergüenza», concluye Héctor Illueca. ¿Consecuencias? En el tercer trimestre de 2013, según los datos del Banco de España, la deuda del conjunto de administraciones públicos sumaba 955.000 millones de euros (93,4% del PIB). Recuerda el miembro del Frente Cívico que economistas de toda solvencia consideran que la deuda es impagable. Ante el panorama descrito, «lo primero que hemos de hacer es aceptar que esto es una guerra; lo dijo hace tiempo un editorial del diario Expansión: «Los mercados quieren sangre». Por descontado, la sangre obrera. Y en una guerra, o hay compromiso, organización y lucha, o no hacemos nada», concluye el coautor de «El Huracán neoliberal».
Héctor Illueca boceta un puñado de ideas que deberían figurar en el frontispicio de las Marchas del 22 de marzo, y servir como ingredientes para un imaginario de emancipación: exigir una auditoría de la deuda y la aprobación de una quita; la recuperación de la soberanía; el desplazamiento radical del poder político, económico y social desde el ámbito del capital al del trabajo; nacionalización de la banca y constitución de una banca pública (en este apartado: garantía de los ahorros del pueblo; crédito para la pequeña y mediana empresa; y traslado del foco desde la financiarización a la economía productiva); reforma fiscal, política de reindustrialización; y un nuevo estado basado en la democratización de la política, pero también republicano, federal, participativo y solidario.
Las plataformas y asambleas de parados ocuparán un lugar preeminente en las columnas que se desplacen a Madrid. La crisis y los recortes castigan severamente sus espaldas. «El PP de Rajoy cumple con las reforma ordenadas desde Bruselas, que inició Zapatero, y que nos llevan a la miseria», afirma Emma Jiménez, en representación de las asambleas de parados valencianas. Rajoy no ha cumplido su programa electoral: «ha incrementado los impuestos, la edad de jubilación; ha recortado las prestaciones en sanidad y educación para pagar la deuda y ha privatizado servicios públicos; a ello se añade la reforma prevista del Código Penal». Emma Jiménez insiste en una idea presente en todas las intervenciones: la necesidad de «organización». Frente a los recortes, el desempleo creciente y la corrupción galopante, organización. Puntea, asimismo, un programa de «máximos» que permita voltear la «estafa» actual: «queremos un estado social en el que sea prioritaria la creación de empleo público, y en el que paguen más los que más tienen; más impuestos a las rentas del capital, reducción de los gastos militares, ningún euro para la iglesia y lucha contra el fraude fiscal».
Cierra el acto Diego Cañamero. Es la intervención más esperada. Su discurso, energético y apasionado, se enfoca en un par de ideas fuerza: la unidad de acción y la moral alta que empuje al cambio social. Cañamero suele huir de tecnicismos, academicismos y palabros que le alejen de la verdad desnuda. En Valencia se mantiene fiel a su estilo. «Podemos elaborar alternativas en un despacho; pero el problema y el reto real consiste en alcanzarlas; si no estamos dispuestos a lograr nuestros objetivos, no valen las discusiones de salón». ¿Cuál es, según Diego Cañamero, el gran desafío para la izquierda hoy? La Unidad. Así de simple. «Si no, por muchos análisis y documentos, firmas, pasquines y plataformas que organicemos, no conseguiremos nada». La unidad, es decir, «no importa quién lleve la bandera, quién ponga la última coma en un manifiesto, qué colectivo aparece primero tras la pancarta o quién habla en un mitin».
El problema de fondo es «derrotar a un sistema cruel, que castiga al 80% de la población». Y, para ello, partiendo siempre de la unidad, «ir a las puertas de las fábricas a leer y repartir el manifiesto con lo que vamos a hacer». Diego Cañamero presenta una apuesta ambiciosa: que las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo se conviertan en la gran movilización social de 2014, y que el pueblo en la calle «derrote a un gobierno que no nos representa». Parados, trabajadores en precario, movimientos sociales, sindicatos alternativos…Han comenzado hace días las asambleas de colectivos e individuos que preparan las marchas a Madrid, con el fin de plantear -resume Diego Cañamero- «una economía distinta y un cambio radical de esta sociedad injusta».
Un principio motriz: la moral alta. «Nos hemos de creer que es posible cambiar», advierte el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). «Mareas» educativas y sanitarias, jornaleros, afectados por las hipotecas, «hemos de golpear todos juntos». «Porque todos temblamos cada viernes cuando termina el Consejo de Ministros». Una de las últimas iniciativas, la Ley de Seguridad Ciudadana, señala Diego Cañamero, se plantea pensando directamente en el SAT, la PAH, las «mareas» y los movimientos sociales. «No se trata con esta ley de proteger a la población, sino de protegerse ellos». La nueva legislación sobre el aborto también nos retrotrae 40 años, al negro franquismo. Tampoco las cosas han cambiado tanto. Según el jornalero andaluz, «nos gobiernan los mismos fascistas que ganaron la guerra civil; ellos tienen a los jueces, los militares, la policía y los tertulianos; nosotros, sólo la voz del pueblo en la calle.
Se trata de levantar el ánimo, insuflar autoestima en la gente común y fortaleza de espíritu para el cambio social. Hay acontecimientos, destaca Diego Cañamero, que pueden actuar como revulsivo y catalizador de las marchas: los jóvenes del 15-M ocupando las plazas; las marchas de los mineros a Madrid; las «ocupaciones» de Carrefour y Mercadona por parte del SAT en el verano de 2012, la paralización de las obras del barrio de Gamonal. «Las cosas son posibles, pero hace falta voluntad». El 22 de marzo, «si se levanta el pueblo entero, les vamos a derrotar». Mientras, Diego Cañamero continúa enrolado en mil luchas. La última, contra la privatización de la finca pública de La Almoraima, en Cádiz.
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