El diputado electo y la parlamentaria andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno están apercibidos por un auto de la jueza por la ocupación anterior de esta finca, el pasado 5 de junio. La finca fue ocupada por el SAT hace cuatro años, el día antes de que la Junta lo pusiera a subasta […]
El diputado electo y la parlamentaria andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno están apercibidos por un auto de la jueza por la ocupación anterior de esta finca, el pasado 5 de junio. La finca fue ocupada por el SAT hace cuatro años, el día antes de que la Junta lo pusiera a subasta para, según el SAT, «malvenderlo a especuladores y terratenientes».
El diputado electo por Unidos Podemos Diego Cañamero y otros dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) dicieron reocupar la finca pública Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en la localidad cordobesa de Palma del Río, para que se le vuelva a dar uso, y están trabajando en presentar un plan de viabilidad para la explotación agrícola de la finca.
Según indicó a Europa Press el coordinador general del SAT, Oscar Reina, unas 14 personas decidieron reocupar la finca, y apuntan que «por el momento no hay peligro de desalojo«, a pesar de que reconocen que están apercibidos por un auto de la jueza donde se investiga al diputado electo Diego Cañamero, y la parlamentaria andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno, entre unas 15 personas, por la ocupación anterior de esta finca, el pasado 5 de junio.
El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas (Córdoba) indica que con esa ocupación anterior se podría haber cometido un delito leve de usurpación inmobiliaria, a la vez que considera que «pudieran existir indicios» de la supuesta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad. De hecho, el letrado de la Junta, en un escrito del 13 de junio de 2016, solicitó un nuevo desalojo de la finca, que se produjo hace unos días, y «con apercibimiento a los presuntos responsables de que en caso de no cesar en su conducta, y no desalojar definitivamente la finca o reiteren la ocupación de la misma, podrán incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad«.
En ese sentido, Reina reconoció que «aunque estamos apercibidos y existe el peligro nos pueden detener en cualquier momento, lo que depende de la juez y que sería una injusticia, nosotros no nos vamos a ir, pues pensamos que hay posibilidad de dar mano de obra cooperativa».
«Seguimos convencidos de que hay que seguir ocupando, es una necesidad ética y vital», aseveró el dirigente sindical, quien considera que las leyes se deben ajustar a las necesidades de las personas, apuntando que «había leyes injustas, como las del apartheid, pero gracias a la lucha se consiguieron cambiar».
Apuntó que «se está trabajando en un proyecto de viabilidad sobre esta finca para proponer el establecimiento de cultivos sociales que puede dar mucha mano de obra». Reina precisó que Cañamero ya trabaja en esta iniciativa y valora el «gran adelanto» que supone para la clase trabajadora que «una persona como Diego pueda llevar nuestra voz al Congreso«.
Reina precisó la intención seguir ocupando «pues hay que recoger la cosecha sembrada», toda vez que, según explicó, se consiguieron «cultivar 400 hectáreas, mientras que cuando entramos hace cuatro años no daba utilidad ninguna ni beneficio ninguno». Lamento, además, que «la Junta recibió 800.000 euros procedentes de la PAC para esta finca que debería invertir aquí».
La finca fue ocupada por el SAT hace cuatro años, el día antes de ponerse a subasta, según recordó el sindicato, que lamentó que la Junta, que disponía en 2010 de unas 20.000 hectáreas de tierra pública, «comenzó a deshacerse de este patrimonio público agrario para malvenderlo a especuladores y terratenientes«.
El SAT indicó que actualmente «se calcula que sólo quedan unas 5.000 hectáreas de tierra pública», frente a lo que el SAT aboga por que la tierra «cumpla una función social en la creación de empleo y riqueza«.
Precisó que en Somonte el SAT «invirtió unos 70.000 euros y muchas horas de trabajo voluntario que convirtieron aquella finca abandonada en 400 hectáreas de cultivos de trigo, avena, habas, girasol y colza». También se emplearon en la creación de un huerto, un gallinero, compra de maquinaria, mejoras de las instalaciones de riego y reparación de caminos y edificaciones.
Critican que «durante este tiempo la Junta de Andalucía cobró 800.000 euros de la Política Agraria Común por la finca de Somonte, mientras que con ese dinero se podría haber dado muchos jornales en Somonte, creando riqueza en una comarca azotada por el desempleo».
Apuntó que «cuando Somonte fue ocupada, la finca no estaba cultivada ni dando empleo alguno más que a un cuidador», tras lo que dejaron claro que la ocupación de Somonte «no es simbólica, es una ocupación real que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera, algo que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no puede admitir y por eso nos desaloja un día y otro también».