El alto el fuego permanente de ETA no sólo representa una esperanza de paz para el País Vasco. También contribuye a disipar el dramatismo que siempre ha envuelto el debate acerca del derecho de autodeterminación de los pueblos. Al final del proceso que hoy se inicia en Euskadi, habrá que dar la palabra a sus […]
El alto el fuego permanente de ETA no sólo representa una esperanza de paz para el País Vasco. También contribuye a disipar el dramatismo que siempre ha envuelto el debate acerca del derecho de autodeterminación de los pueblos. Al final del proceso que hoy se inicia en Euskadi, habrá que dar la palabra a sus ciudadanos y ciudadanas. Si eso es así, ¿por qué habría de renunciar Cataluña al anhelo democrático de alcanzar su pleno autogobierno? ¿Por qué tendría que aceptar – ¡justamente ahora! – un Estatuto de rebajas «para toda la vida»? La voluntad de reformar el orden jurídico vigente no resulta del capricho de nadie. La necesidad de un cambio surge del agotamiento del modelo de Estado heredado de la transición. Hace casi treinta años, las aspiraciones nacionales de los pueblos que habían sido largamente sometidos por la dictadura tan sólo fueron parcialmente satisfechas. Desde entonces, los cambios sociales y económicos, acelerados por la globalización y las exigencias de la construcción europea, han ido topando cada vez más con el marco constreñido de esa «España de las Autonomías», centralista y coronada. La urgencia de hacer frente al despotismo de las multinacionales o la necesidad de concebir la ciudadanía desde una realidad nacional mestiza, han mezclado con fuerza las viejas aspiraciones democráticas y las nuevas demandas sociales. Para el pueblo, la necesidad de tomar el destino en sus propias manos está ya a la orden del día. Desde esa óptica, el proyecto de Estatuto que fue adoptado por el 90 % del Parlamento catalán era muy modesto, y pretendía encajar algunas de esas aspiraciones en el marco de la Constitución monárquica de 1978. La versión que ahora nos devuelven las Cortes españolas, recortada y acotada por el pacto entre el gobierno de Zapatero y CiU, desvirtúa profundamente aquella Propuesta y la convierte en un texto absolutamente inaceptable para Cataluña. He aquí diez poderosas razones para decir «NO» al que ya se conoce como «el Estatuto de La Moncloa»…
1- Este Estatuto muestra las cicatrices de la campaña anticatalana de la derecha española, ante la que ha cedido – cuando no ha prestado un oído complaciente a sus tesis – el gobierno del PSOE. En cierto modo, este es el Estatuto del PP, la ley que han ido esculpiendo la demagogia, las presiones y las amenazas de los herederos del franquismo.
2- Este Estatuto rehúsa a Cataluña su derecho a afirmarse como aquello que se siente plenamente, porque como tal ha ido forjándose a lo largo de la historia: una nación. Una nación que, por lo tanto, tiene derecho a decidir y tiene derecho a la autodeterminación. Esa misma historia y, concretamente, los años de una transición vigilada por el ejército, han cargado el término «nacionalidad» de un significado preciso: pueblo bajo vigilancia.
3- Este Estatuto niega a Cataluña su soberanía fiscal y los medios para hacer frente a las crecientes necesidades sociales del país. Ni Agencia Tributaria propia, ni transparencia. A balanza fiscal de Cataluña sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del Estado. La falta de recursos golpea a las capas más desfavorecidas de la población. La opacidad nos aleja de la justicia distributiva y de la solidaridad hacia los colectivos sociales – y los territorios – que la requieren.
4- No hay un nuevo modelo de financiación. El incremento de la parte de ciertos impuestos (IVA e IRPF) que correspondería a la Generalitat no resuelve el problema. El Estado se niega a ceder recursos decisivos, como el impuesto de sociedades. Esa política, harto conocida, ha empujado sistemáticamente a la administración autonómica catalana a recurrir a los impuestos indirectos, en lugar de tasar grandes fortunas y rentas del capital. El nuevo Estatuto presenta una formulación ambigua acerca de la progresividad fiscal, obedeciendo a los intereses de la derecha y de la patronal.
5- No existe bilateralidad en las relaciones entre el gobierno central y la Generalitat. El Estado conserva, de hecho, la última palabra en todos los asuntos. La ausencia de una definición clara sobre inversiones o sobre los futuros mecanismos de reequilibrio entre comunidades autónomas, hace más que dudoso el avance prometido a Cataluña, y consagra por el contrario la pesada tutela de la burocracia estatal.
6- No se produce ese «salto adelante del autogobierno», tan anunciado por determinados sectores de la izquierda. El Estado se resiste a traspasar competencias básicas para el desarrollo del país, como es el caso de puertos y aeropuertos. No se ha logrado obtener el control del Prat… Por no hablar del agravio comparativo que representa un enjambre de peajes alrededor de Barcelona y su periferia industrial.
7- No progresan los derechos democráticos de la ciudadanía. Las disposiciones más avanzadas han ido cayendo de la Propuesta adoptada el pasado 30 de setiembre: capacidad de convocar consultas populares, revisión de leyes orgánicas… Si el carácter laico de la enseñanza quedó ya maltrecho en el Parlament por las exigencias del nacionalismo clerical catalán, corregir ese despropósito no ha sido – ¡sino todo lo contrario! – una preocupación del socialismo español.
8- Los nuevos derechos sociales y medioambientales – emblemáticos para formaciones políticas como ICV-EUiA – han quedado recortados y desfigurados. Las formulaciones son generales y no contienen mecanismos para garantizar su cumplimiento. Así, las mujeres tienen derecho a disponer de su propio cuerpo… en el marco de una legislación que sigue tipificando el aborto como un delito. Hemos pasado del derecho a una muerte digna al «derecho a vivir dignamente el proceso de la muerte»; es decir, al rechazo de abordar la cuestión de la eutanasia… La vaguedad caracteriza también las referencias a la cooperación y a la solidaridad con los pueblos pobres del planeta.
9- El Estatuto no mejora sustancialmente la posición de la lengua. El catalán tan sólo puede prevalecer si deviene un vehículo prestigiado de comunicación social. Los magistrados siguen disfrutando de una posición de privilegio lingüístico. Sólo desde la exigencia sobre las administraciones, las multinacionales y las grandes empresas es posible garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y promover el uso del catalán.
10- Este Estatuto no permite integrar a la inmigración en plenas condiciones de ciudadanía, a falta de instrumentos jurídicos y de recursos. La participación en el «control de los contingentes» se reduce así a la gestión compartida de una injusticia para millares de hombres y mujeres. La privación de derechos que padece este colectivo mina el mercado del trabajo y favorece los brotes de xenofobia.
La denominada «vía catalana», un regateo institucional alejado de la participación popular, ha conducido a esta frustración. La juventud y el movimiento obrero de Francia, movilizados contra los contratos precarios y triunfando sobre el gobierno liberal de turno, nos brindan un ejemplo muy distinto. Hay que seguir el camino emprendido el 18 de febrero. Ahora, es necesario votar «NO» para preparar una nueva acometida ciudadana. Algunos os dirán que, si votáis «NO», estaréis haciendo el juego a los peores enemigos de las libertades de Cataluña. Las mismas voces nos advirtieron el año pasado que, rechazar el Tratado Constitucional europeo, significaba alinearse con la extrema derecha. Pero, lo cierto es que la victoria de aquel «NO» en Francia y en Holanda preparó la formidable explosión social que hemos visto estos días. ¿Alguien confunde acaso la voz de la juventud francesa con las arengas racistas de Le Pen? Aquí tampoco, nadie atribuiría a la influencia del PP un «NO» contundente de la ciudadanía catalana. No basta con protestar contra este escarnio a base de votos nulos o de papeletas en blanco. Se trata de forzar la retirada efectiva de un proyecto inaceptable. ¿Quién habla de complicidad con la derecha? El Estatuto valenciano, pactado entre el PSOE y el PP, pretendía acotar las aspiraciones catalanas. Con el Estatuto catalán se pretende ahora rebajar el techo de las pretensiones vascas. Este Estatuto – y el pacto que lo hizo prefiguró – preparan un giro hacia la derecha en Cataluña y en todo el Estado. El tripartito tiene los días contados. Los dirigentes del PSOE buscan, a través de las fuerzas nacionalistas conservadoras, alianzas más acordes para emprender reformas liberales – en materia fiscal o laboral – como las que han suscitado la revuelta francesa. Para abrir una perspectiva de progreso y de libertad para la gente trabajadora y los pueblos, tenemos que empezar por detener esta acometida. En el referéndum del próximo 18 de junio, es necesario rechazar de modo inequívoco el Estatuto vergonzoso que pretenden imponernos.
¡CON UN «NO» VALIENTE, CATALANISTA Y DE IZQUIERDAS!