Actualmente las personas serias y responsables integrantes de las instituciones españolas -como Sáenz de Santamaría, Rajoy, Felipe Borbón o Pedro Sánchez y Rivera, etc.- cada vez que hacen un discurso o dan simplemente su opinión (sobre todo si toca a las relaciones del Estado actual con Cataluña o la protesta social), se refieren al «necesario […]
Actualmente las personas serias y responsables integrantes de las instituciones españolas -como Sáenz de Santamaría, Rajoy, Felipe Borbón o Pedro Sánchez y Rivera, etc.- cada vez que hacen un discurso o dan simplemente su opinión (sobre todo si toca a las relaciones del Estado actual con Cataluña o la protesta social), se refieren al «necesario respeto a la Ley», mantra cómodo para quien hace las leyes y quiere hacer olvidar esto mismo, por lo que se hablan de tal manera que nombran a la Ley como si fueran palabra divina. Estas actuaciones son reflejo de su deseo de legitimar y hacer pasar por justa la imposición de las mismas, queriendo esconder que leyes, decretos y normas emanan del Congreso de los Diputados y son aprobadas por partidos políticos mediantes pactos o rodillos, partidos formados por personas con nombre y apellido, con intereses e ideología, y por tanto, son leyes que nacen con intereses, no neutras, ni seguramente, justas.
Como ejemplo de leyes perniciosas para las mayorías, son citables las reformas laborales de 2012 y 2016 que han llevado a los españoles a la cifra de seis millones de parados, la liberalización del despido, la pérdida de derechos laborales de los trabajadores, el abaratamiento de los salarios y la normalización de la temporalidad en los contratos de trabajo, así como la emigración forzada, y el incremento de los beneficios empresariales. Como se ve, no han sido neutras; muchos pierden y unos pocos ganan.
Otra de las leyes aprobadas (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana) o Ley Mordaza, ha sido el medio «legal» para multar y recaudar en año y medio 131.470.206 €. Han sido treinta y cuatro mil las personas denunciadas y multadas por ejercer el derecho de reunión, manifestación o expresión, 19.497 los multados por «falta de respeto y consideración», y 12.194 los denunciados por «desobediencia» a la autoridad (léase policía). Para ser culpable de multa basta que un policía te pida el DNI,
Casi nadie puede recurrir estas multas porque hacerlo supone gastos de abogados y judiciales, y además, los jueces normalmente se agarran a la «presunción de veracidad» de los policías. En los casos en que se consigue demostrar que el policía ha mentido en la denuncia o atestado, no pasa nada. Ha declarado en falso en sede judicial y ha prevaricado al falsear los hechos, pero no le pasa nada. En todo caso, romper una cabeza sin justificación le sale a un UPI por 750 € [1]
Esta es otra ley no neutra ni justa, pensada para controlar la protesta social producida por el incremento en el malestar de una población que empeora en su calidad de vida, que sabe que la pobreza ya ha llegado para el 40 % de la población infantil de España, y que políticos y empresarios están saqueando y privatizando el erario y la propiedad pública.
Hacer una ley es prerrogativa del político actual, miembro del bipartidismo y de sus apoyos parlamentarios, continuista representante del sistema, que impone su política social desde los estamentos centrales, regionales y locales, y que pretender legitimar lo que legisla (hace ley su interés) desde las instituciones, quedando el poder jurídico en manos de un substrato funcionarial especializado en la aplicación de leyes [2] no neutras, interesadas, pero que intentan salvaguardar los intereses de su clase. Solo decir que contra el «respeto a la Ley» actual, recordar que las leyes las hacen personas, y otras personas -en la calle y en el parlamento- las pueden hacer derogar.
La legitimidad de la legalidad no existe si las leyes son partidistas e injustas, ni existirá mientras que esté en poder de instituciones que defienden los intereses de los que deciden (solo unos pocos hacen las leyes, leyes que obedecen a intereses individuales y de clase), instituciones que legislan restricciones y pobreza contra la población, y castigos contra los que se indignan; instituciones que reprimen e intentan aterrorizar la protesta, instituciones que criminalizan e intentan separar del cuerpo social a quien considera un peligro para sus intereses de permanencia y futuro [3] .
Lo cierto es que está implantado un sistema económico/politico donde los pueblos son depauperados mediante el incremento especulativo de precios e impuestos, donde la población es explotada mientras que financia bancos y supraempresas, a la vez que se imponen leyes que limitan las movilizaciones y criminaliza a quien las lleva a cabo.
Quizá alguien pueda pensar que estas últimas afirmaciones son exageradas, pero, objetivamente, las poblaciones -bajo el imperio de las leyes- están financiando los recortes que en la práctica salvan bancos y empresas a la vez que se empobrece a millones de personas y el futurible de muchas más, realidad a la que se le suma, de forma sincronizada, la multa y criminalización de los que protestan. Esto es vivir bajo la dictadura de la democracia liberal, esto es vivir hoy bajo el respeto a la Ley.
Notas:
[1] http://www.publico.es/
[2] Es verdad que hay leyes que regulan derechos de las clases trabajadoras, pero nunca se deben confundir con dadivas graciosamente concedidas, sino identificarlas con regulaciones negociadas o aplicadas a la baja, conseguidas en momentos de movilización social
[3] https://carlosgosto.files.
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