Quienes participamos de la vida de las universidades españolas sabemos que, desde hace ya más de una década, viene incrementándose la presencia de grandes empresas multinacionales que penetran en aquellos ámbitos que les resultan de mayor interés para sus intereses particulares (que casi nunca coinciden con el interés de la mayor parte de la ciudadanía). […]
Quienes participamos de la vida de las universidades españolas sabemos que, desde hace ya más de una década, viene incrementándose la presencia de grandes empresas multinacionales que penetran en aquellos ámbitos que les resultan de mayor interés para sus intereses particulares (que casi nunca coinciden con el interés de la mayor parte de la ciudadanía).
Es normal, y en principio no susceptible de cuestionar, los contratos o convenios entre empresas privadas y grupos de investigación universitarios que tienen un cariz puramente investigador o de transferencia de tecnología, donde existe una contraprestación monetaria a cambio de un trabajo desarrollado por un grupo de investigación. O incluso la financiación de becas para que estudiantes puedan ampliar su formación de posgrado.
Lo que ya no resulta tan «normal» es la firma de convenios de carácter más general por los cuales una gran empresa multinacional desembolsa una gran cantidad de dinero a una universidad y a cambio de ello obtiene ventajas como la creación de cátedras «exclusivas» o la penetración de sus intereses empresariales en la propia comunidad universitaria. Es decir, desembolsan cierta cantidad de dinero, pero lo recuperan con creces por otro lado.
El caso paradigmático en las universidades del Estado español lo representa el Banco de Santander. Desde hace más de 10 años viene firmando convenios generales y específicos con la mayor parte de las universidades.
En el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), extensible a cualquier otra universidad del Estado, en los últimos años se ha producido una aportación media anual de 600.000 euros. A cambio, el Santander se ha infiltrado en la UCLM mediante:
– La gestión y expedición directamente por el Santander de la «Tarjeta inteligente» que acredita su condición de miembros de la UCLM al alumnado, profesorado y PAS (casi 40.000 personas).
– La instalación de una red de cajeros 4B y oficinas del Banco de Santander en dependencias universitarias de los diferentes campus.
– Oferta preferente de productos y servicios financieros a la comunidad universitaria y a las propias necesidades financieras de la UCLM.
– La concertación con el Santander de un fondo de pensiones colectivo para el personal de la UCLM (del que haré un análisis crítico pormenorizado en unos días).
Esta infiltración le permite al Santander un acceso privilegiado a un amplio colectivo de clientes de nivel medio-alto de renta, tanto en el momento presente, como potencialmente en el futuro en cuanto los/as alumnos/as terminen sus estudios y se inserten en el mercado de trabajo como titulados/as superiores. Es decir, estamos favoreciendo los negocios privados de una determinada empresa con la justificación de que lleva a cabo una aportación monetaria a la financiación de la Universidad.
A ver si va a resultar que con los recortes actuales y presentes de la financiación universitaria por parte de las administraciones públicas, éstas fórmulas de «colaboración» con las empresas privadas van a ir en aumento, de la mano de la subida de tasas universitarias, y para cerrar el ciclo, la generalización de los préstamos de entidades financieras a estudiantes cuyas familias no puedan soportar los costes crecientes de los estudios de grado y posgrado. Parece mentira que no hayamos escarmentado del peligro del endeudamiento masivo de las familias en España, y que sigamos condenándolas a la dependencia y sumisión a bancos sinvergüenzas. ¿Qué porqué sinvergüenzas? Porque desarrollan su actividad y obtienen sus beneficios a través de negocios sucios y fraudulentos.
Los responsables y gestores de las universidades españolas que establecen convenios de colaboración con el Santander parece que no les preocupa lo más mínimo que el origen del dinero que reciben sea:
– del blanqueo de capitales
– del fraude fiscal a través de paraísos fiscales
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– del fraude fiscal mediante productos financieros opacos fiscalmente
Aceptar como normal el fraude fiscal, especialmente el de las grandes fortunas y empresas multinacionales, hace que las arcas públicas sufran un menoscabo de miles de millones de euros, justo el dinero que falta para poder prestar unos servicios públicos de calidad, y evitar en todo caso los recortes sociales que nunca podemos ni debemos considerar como inevitables.
Blog del autor: http://gregoriolopezsanz.
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