Los autores, activistas de Acera del Frente (Bloque Alternativo de Liberación Sexual), comprueban las crecientes diferencias y distancias entre grupos ‘críticos’ y ‘oficialistas’.
Los XX Encuentros Estatales de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGTB) tuvieron lugar en Gandía y contaron con una presencia mayoritaria de colectivos de la oficialista Federación Estatal (FELGTB), la ausencia de la mayoría de colectivos independientes (mayoritarios en Catalunya, Galiza y Euskal Herria) y una presencia crítica y minoritaria de algunos de ellos como Towanda, Stonewall o Acera del Frente (todos ellos pertenecientes al Bloque Alternativo por la Liberación Sexual).
Hace años que las personas LGTB son consideradas como una nueva área de mercado e imagen social. Las manifestaciones del Orgullo LGTB son las únicas en las que se hace exhibición de publicidad de empresas que participan de la misma. Y numerosas organizaciones empresariales colaboran con algunos grupos LGTB en condiciones no reguladas por un código ético como ocurre con otras ONG. Por eso, presentamos a votación el texto de un código ético. Tras un agrio debate en el que se llegó a calificar como indispensable la colaboración de los empresarios en la manifestación del Orgullo, la propuesta fue votada y rechazada. Igualmente, fue rechazada la ponencia que pedía el cumplimiento del Protocolo para la prevención de la tortura por parte del Gobierno español. Todas las votaciones se realizaron a mano alzada y fueron fotografiadas por parte de personas pertenecientes a la dirección de la FELGTB.
Ante las constantes campañas agresivas de la jerarquía católica, en los encuentros se instó a demandar un Estado laico. El grupo LGTB del PSOE intervino públicamente pidiendo el voto en contra de la propuesta, al negarnos los grupos críticos que la presentábamos a borrar del texto las alusiones a que la financiación pública de la Iglesia ha aumentado más con la llegada del PSOE al Gobierno en 2004. Otro de los puntos que más separaron a los grupos críticos y oficialistas es el de los derechos de las personas transexuales. Mientras que desde la FELGTB se apoyaron las iniciativas gubernamentales como la Ley de Identidad de Género y la necesidad de conseguir la inclusión de la atención sanitaria autonomía por autonomía, los grupos críticos recordamos que esta ley, al hacer obligatorio el Certificado de Disforia de Género, considera patológica la transexualidad y que el Gobierno elude garantizar los derechos sanitarios al no incluirlos en el Catálogo General de la Seguridad Social, gesto que evitaría que no sean reconocidos por muchas autonomías.
En pleno 2008, tener que debatir sobre si la transexualidad es o no una patología debería ser una cuestión superada. Nos apena tener que escuchar de responsables LGTB que la transexualidad no es una enfermedad, pero sí una patología con la que se puede convivir «como con una miopía». Actualmente los movimientos LGTB+ tenemos la disyuntiva de elegir entre posiciones autocomplacientes que rebajan los niveles de lucha hasta el punto de no incomodar al Gobierno «que tanto ha hecho por nosotras» y al empresariado ‘rosa’, o por el contrario elegir la independencia de poderes políticos y económicos trabajando de la mano de los movimientos sociales.