Representantes del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), la Coordinadora Canaria por la Paz, el Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) y la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos presentaron el jueves, en los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, una denuncia contra el Gobierno del Estado Español, como miembro de la OTAN, […]
Representantes del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), la Coordinadora Canaria por la Paz, el Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) y la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos presentaron el jueves, en los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, una denuncia contra el Gobierno del Estado Español, como miembro de la OTAN, por delitos contra la Humanidad y la paz y por crímenes de guerra.
La acción se encuadra en una campaña internacional del Foro por la Paz, que finalizó ayer con la entrega al Secretario General de la Alianza Atlántica, De Hoop Scheffer de un requerimiento judicial para que se ponga fin a la política de injerencia y agresión militar de la OTAN.
Las Palmas, tras Madrid y Valencia ha sido la tercera provincia del Estado en hacer efectiva una querella, que ha sido asumida, hasta el momento, por países como Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Turquía y el Reino Unido.
En todos los casos la argumentación del requerimiento parte del concepto estratégico de la OTAN, que incluye el despliegue de armas nucleares y que permite su uso en tiempos de guerra.
Cabe apuntar que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en sentencia de julio de 1996, indicó las normas básicas del derecho internacional a aplicar en caso de conflictos armados. En ellas, se exigía la distinción entre combatientes y civiles y la prohibición de causar sufrimientos innecesarios a las poblaciones implicadas.
Por tanto, teniendo en cuenta la naturaleza del armamento nuclear, que impide tal distinción y que, además, hace imposible limitarlas en espacio y tiempo, la OTAN, sólo con la amenaza que supone el manteniendo de dichas armas, estaría violando normas internacionales del derecho humanitario.
Asimismo, el Código Penal vigente en el Estado Español (art. 615) especifica que la presencia de armas nucleares en las bases militares implica la existencia de preparativos para la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad, lo que, al amparo de las normas del Tribunal de La Haya es equiparable a la materialización misma de estos crímenes.
Además de lo visto hasta ahora, las organizaciones firmantes de la denuncia, en Madrid, Valencia y Las Palmas ponen de manifiesto que el Estado Español, contraviniendo las condiciones del referéndum de la OTAN de 1986, rechazado de forma aplastante en el caso de Canarias, ha aumentado progresivamente su implicación en la Alianza.
Los bombardeos de aviones españoles en Yugoslavia o la proliferación de bases militares atlánticas, aparte de la constatación de la existencia de armas nucleares dentro de las fronteras del territorio, son las pruebas que avalan la petición del procedimiento penal que verifique estos hechos y determine quiénes son las personas criminalmente responsables.
En este sentido, el texto acusa de manera directa al Ministro de Defensa, al de Asuntos Exteriores, al Presidente del Gobierno y, también, al personal militar que trabaja en los Cuarteles de la OTAN, en el Grupo de Planificación Nuclear y en el resto de las estructuras encargadas de la defensa mediante el uso de armamento nuclear.
En su parte final, el documento añade que, en el ámbito de los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, no cabe entender que su comisión o la participación en ellos, obedeciendo las órdenes del Gobierno, pueda estar amparada por la circunstancia eximente de obrar en cumplimiento del deber, que está expresamente prohibida en la legislación penal del Estado.