Este verano se han recrudecido las propuestas amenazadoras sobre los derechos laborales desde las instituciones del capitalismo globalizado, la derecha neoliberal y la gran patronal. No consideran suficiente el empobrecimiento del país y haber convertido en un guiñapo el Estatuto de los Trabajadores. Conviene empezar el curso laboral analizando por donde vienen los tiros contra […]
Este verano se han recrudecido las propuestas amenazadoras sobre los derechos laborales desde las instituciones del capitalismo globalizado, la derecha neoliberal y la gran patronal. No consideran suficiente el empobrecimiento del país y haber convertido en un guiñapo el Estatuto de los Trabajadores. Conviene empezar el curso laboral analizando por donde vienen los tiros contra los trabajadores para intentar defendernos
A primeros de agosto el FMI propuso bajar los salarios en España un 10%, como método esclavista para crear empleo, el contrato único y reducir el papel de los jueces en los ERE. La Comisión Europea, a través del comisario Olli Rehn, seguía con el bombardeo sobre las precarias posiciones laborales en agosto y dijo que España necesitaba más austeridad y un ajuste como el de Letonia e Irlanda, y le fijó al gobierno la fecha de septiembre para los cambios.
Mediaba Agosto cuando el presidente de la CEOE pedía quitar «privilegios» de los contratos indefinidos. Una desaprensiva propuesta que confunde derechos con privilegios. No planteaban reducir la precariedad laboral sino generalizarla, haciendo tabla rasa por abajo. También defendía reconvertir la jornada completa a tiempo parcial al antojo del empresario y que pueda haber contratos de formación y aprendices sin límite de edad. Todo con la excusa de combatir la dualidad existente en el mercado de trabajo, que ellos, con la colaboración de los gobiernos del PP y del PSOE, han creado. En el colmo del cinismo llegó a decir que «en España ya no se hacen contratos fijos, que vienen de antiguo y que más del 90% de los que se firman son temporales y gracias». La CEOE es una élite en posición de saqueo que está aprovechando la crisis para dar un golpe de estado empresarial contra los derechos laborales, apoyándose ahora en un gobierno derechista.
El Gobierno del PP aprobó esos días un Decreto-Ley que dificulta la defensa de los puestos de trabajo en vía judicial y reduce la obligación de presentar documentación a las empresas para justificarlos. Para ello limita las demandas individuales y las causas de nulidad tras los despidos. Hay que recordar que la aplicación de la reforma laboral ha destruido 649.000 empleos en un año y la precariedad no se ha reducido en nada. Sostener que sin la reforma se hubiera destruido más empleo es tan delirante como decir que sin Rajoy nos habrían invadido los marcianos. El Gobierno se ha comprometido ante la OCDE a presentar modificaciones en octubre que podrían ir en la dirección de un despido más fácil y barato, reducción de los modelos de contratos y mayor flexibilidad para las empresas en salarios, horarios y movilidad.
Siendo importante lo anterior, no deja de ser ruido con la función de jugar al despiste. El principal objetivo es un nuevo y definitivo golpe a las pensiones. Se anuncia otra reforma para el otoño en base al informe de los llamados «expertos». Reforma brutal, con la excusa del factor de sostenibilidad, desvinculando las subidas del IPC y relacionándolas con el ciclo económico, y ligando el cálculo a la cotización de toda la vida laboral y a la esperanza de vida. Un doble hachazo que significa perder poder adquisitivo año tras año, y reducir la pensión de inicio, aunque se venda con mucha demagogia y trampa. Dice Báñez que «subirían siempre las pensiones, como mínimo el 0,25%», pero con esta fórmula no se asegura el poder adquisitivo. Al contrario. Veamos un cálculo: si la inflación se mantiene en el 2% de media anual, y se aplica el 0,25%, las pensiones perderían el 17,2% en una década. Y el recorte del gasto anual en pensiones sería de unos 1.750 millones de euros.
Reducir el déficit y empujar hacia las pensiones privadas son los objetivos aunque se argumenten los recortes con supuestas razones técnicas y demográficas. Porque es claramente política la decisión de subir o bajar las pensiones, así como la de buscar las fuentes de financiación: cotizaciones sociales o ingresos fiscales si fueran necesarios. Todo lo demás es teatro. Así, los supuestos «expertos», dependientes de las aseguradoras, elaboran un programa neoliberal de máximos para aumentar el negocio de éstas entidades. Ahora el Gobierno, emplazado por la Comisión Europea, lo suavizará un poco para ver si cuela. Esa es la táctica y la jugada. Y sería una irresponsabilidad ignorarla.
Las respuestas a estas disparatadas propuestas pueden ser técnicas y argumentales, pero también deben de ser políticas y de movilización. El análisis de la realidad expresa la brutalidad del ajuste aplicado. El paro se sitúa en el 26,2%; el juvenil, en el 56%; los parados de larga duración son 3,5 millones; la precariedad es del 23%. Los contratos basura del verano de 2013 pasarán a los anales como una sima en la degradación de los derechos laborales. Por ejemplo, servir mesas 12 horas por 500 euros al mes, etc. Todo un ejemplo del modelo económico por el que apuesta este gobierno, más cercano al tercermundista que al de una economía desarrollada.
En cuanto a los salarios, los burócratas del FMI y de la CE olvidan que los sueldos ya se han devaluado entre un 7,1% y un 11%, según las fuentes. Que los convenios ya congelan a 1 de cada 4 trabajadores o que se firman subidas de solo el 0,6%, presionados por el fin de la ultraactividad de los convenios y por los descuelgues. Es decir, se ha producido uno de los ajustes mayores de toda la Unión Europea y el empleo ha seguido cayendo con la aplicación de la reforma laboral y la caída del consumo. Esta política suicida de la austeridad y la depresión a ultranza es una condena a morir por inanición.
Por el contrario, los beneficios empresariales no dejan de crecer. Las empresas del Ibex logran una ganancia del 19% en el primer semestre de 2013. Los bancos han ganado hasta junio de 2013 un 58,7% más que el año anterior (5.715 millones de €) sin que hagan ningún gesto de empezar a devolver los 97.047 millones de euros del rescate bancario recibido desde 2009 y sin que llegue crédito a las empresas, que se ha deprimido a tasas del 10% anual, desconocidas en la UE.
Como se puede ver, sobran argumentos para negarse a más ajustes. A punto está de hacerse pública una declaración en defensa de las pensiones de un grupo de economistas críticos e independientes de verdad del negocio de los planes y fondos privados. Será sólido y contundente, pero no basta. Falta una relación de fuerzas favorable a la mayoría social. Aquí las únicas reformas que cabe hacer son para recuperar derechos laborales y mejorar las pensiones actuales y de futuro. Mejorar la relación de fuerzas pasa por la explicación y toma de conciencia de que hay alternativas, la movilización social y ciudadana y el cambio político.
Y para esta estrategia los sindicatos son muy importantes. Ni de lejos sus afiliados y simpatizantes son como les pinta la derecha, pero su dirección tiene una estrategia equivocada a la luz de los hechos: han defendido un supuesto dialogo social que no ha evitado los recortes. Necesitan recuperar su mermada credibilidad. Los datos de las encuestas les sitúan entre las instituciones más desprestigiadas, con sólo un 28% de aprobación ciudadana. Es muy preocupante que una herramienta tan necesaria para la defensa de los trabajadores, cuando llueven piedras sobre ellos, esté mellada en su capacidad de acción.
Frente a la nueva reforma de pensiones que prepara el PP o ante las disparatadas propuestas de Rosell no se pueden limitar a decir que «se ha echado al monte» o que «es una nueva vuelta de tuerca de la reforma» o que «la negociación va ser difícil». Eso ya lo sabemos. Los sindicatos no pueden asistir educadamente al expolio, prestándose al juego de una falsa negociación que acabe en la imposición de la reforma por el gobierno. Porque se verían perjudicados nueve millones de pensionistas actuales y ocho millones que entrarán en el sistema en los próximos 15-20 años y que pedirían responsabilidades. Y aunque CCOO se desmarcase oficialmente, debe de tener especial cuidado tras el apoyo al informe de los «expertos» de su jefe de gabinete técnico.
Los sindicatos deberían de poner en marcha tres líneas estratégicas de trabajo:
1. Decir no al paripé del diálogo social, que es un retroceso continuo de derechos por la aceptación de la «política del mal menor». La única negociación que cabe es para recuperar derechos y unas reglas y relaciones laborales de negociación y consenso y no de imposición y miedo.
2. Organizar la movilización lo más amplia y contundente posible este otoño. El gobierno va en serio, tiene prisa y sería una grave responsabilidad descuidarse.
3. Implicarse junto con otras fuerzas progresistas a favor de cambios políticos que permitan recuperar derechos arrebatados. Además, los sindicatos deben democratizar su práctica y estimular la participación de las bases, con una acción sindical pegada al terreno y a la gente. Y deben ser implacables con cualquier escándalo de corrupción o despilfarro que se produzca en sus filas.
Y por ahí deben de ir los vientos. Es curioso que el sindicalismo americano se está planteando reformas que podían asemejarlo a una versión de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor), la organización de trabajadores de la década de 1880 que era un cruce entre federación sindical, vehículo político de clase obrera (hizo campaña por la jornada de ocho horas) y logia fraternal. Dice Harold Meyerson: «Siendo los norteamericanos que trabajan incapaces – al menos por ahora – de hacer avanzar sus intereses sus lugares de trabajo, los sindicatos están viendo cómo movilizar a los trabajadores para librar esas batallas en otros terrenos«. Es bueno reflexionar sobre nuevas vías.
Para que las campanas no doblen por los trabajadores ni por los sindicatos se debe acabar con la situación de saqueo de los derechos laborales y de explotación sin límite de los trabajadores. La tarea más urgente hoy es preparar la movilización sostenida, incluida la Huelga General, e impulsar el cambio político y de gobierno que restituya los derechos laborales y sociales perdidos.
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