La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia ha localizado 168 fosas comunes en Sevilla capital y su provincia. En ellas se encuentran enterrados aproximadamente 12.000 represaliados de la Guerra Civil y el primer franquismo. De 3.000 de ellos tendrá conocimiento hoy mismo el juez Garzón. El rápido triunfo del alzamiento nacional en Sevilla desencadenó una […]
La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia ha localizado 168 fosas comunes en Sevilla capital y su provincia. En ellas se encuentran enterrados aproximadamente 12.000 represaliados de la Guerra Civil y el primer franquismo. De 3.000 de ellos tendrá conocimiento hoy mismo el juez Garzón.
El rápido triunfo del alzamiento nacional en Sevilla desencadenó una de las represiones más duras de cuantas se vivieron en la España del 36. De ahí que las cifras de desaparecidos hielen la sangre: según el mapa de fosas pintado por la asociación, son 11.678 los sevillanos que yacen en la tierra después de haber sido fusilados o muertos a golpes.
Sus cuerpos descansan en los 168 enterramientos comunes de los que han encontrado documentación fehaciente a través de su equipo de historiadores e investigadores (más de 200 personas que trabajan de forma desinteresada).
Según explicó ayer el presidente de la asociación, Rafael López, el 80% de esas fosas se encuentran en cementerios y no en descampados o cunetas, como sucede en muchos casos en Castilla y el norte de España. Desde el año 1936 sólo se han exhumado los cuerpos de 32 personas en toda la provincia de Sevilla.
Gracias a su labor de indagación, iniciada hace cerca de 10 años, los miembros de la asociación van a poder enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón 3.093 nombres de sevillanos víctimas de la guerra y la posguerra; se trata de nombres cuyas historias están fundamentadas en documentos oficiales y que, por tanto, sí pueden servir de base a las investigaciones del magistrado, que ha solicitado a esta asociación y a otras siete de toda España que en el plazo de 15 días les informe de los casos susceptibles de ser estudiados y usados como argumento para iniciar una acusación formal contra el Estado por crímenes de lesa humanidad -asesinatos, torturas, violaciones, desapariciones-.
«La cifra no es ni una tercera parte de la real», afirma Cecilio Gordillo, coordinador de la web www.todoslosnombres.org y miembro de la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta misma mañana el abogado de la asociación, Luis Ocaña, dará orden para que se entreguen al juzgado de Garzón los tres dossieres elaborados con los nombres de los represaliados, no sólo los sevillanos, sino hasta 21.951 recopilados en toda Andalucía, Badajoz y el norte de Marruecos (donde se inició el levantamiento del general Franco). Cada entrada llevará el nombre de esa víctima, nacimiento, profesión, lugar y fecha de la desaparición, y procedencia de la información.
Ante el número «desbordante» de peticiones de información y de nuevos expedientes que se están rescatando en los últimos días, la asociación se propone hacer una segunda entrega de informes hacia el mes de noviembre, si el juez se lo permite.
La posición de la asociación contrasta notablemente con la postura de la Iglesia, reacia a colaborar con Garzón por las «heridas» que se pueden reabrir, según señaló el lunes la Conferencia Episcopal. Esa posición «enfada» a Gordillo, ya que afirma que el trabajo de su colectivo es el de «responder a la demanda de los familiares para que se recupere la dignidad y el buen nombre de estas víctimas». «Esta no es la causa general de los rojos o de Zapatero, no pretendemos que se busque a los asesinos, sino conseguir el listado completo de las víctimas», remarcó.
La coordinadora de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Francisca Maqueda, remachó que su lucha es «una cuestión de madurez y justicia».
Criticó duramente a las administraciones de todo signo político que no están facilitando los datos de que disponen, «independientemente de que Garzón se los pida o no», porque en el fondo supone «entorpecer» las investigaciones, y afeó tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que no hayan creado aún una oficina de atención a las víctimas, para orientarlas en la búsqueda de su familiar. «Lo único que hace falta son unos oídos y un corazón dispuestos a escuchar», señaló.