Cuando se plantea la idea de una red de personas torturadas o de supervivientes de tortura en Euskal Herria, la primera reacción suele ser una pregunta aparentemente razonable: ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría hoy? ¿Qué podría aportar? ¿No está ya todo dicho? ¿No bastan los informes, el reconocimiento y la memoria ya recogida? ¿Para qué volver a contar de nuevo?
Son preguntas legítimas. Y, sin embargo, a menudo nacen de un presupuesto equivocado o de una experiencia acumulada de frustración. A veces ese «¿para qué?» expresa el cansancio de haber contado demasiado y la necesidad de olvidar algo para poder sobrevivir. Otras veces nace de haber visto durante décadas cómo los relatos eran cuestionados, negados o incluso justificados, en dinámicas que no han hecho sino revictimizar. Hay personas que sienten que hablar sirvió, demasiadas veces, para que otras elaboraran relatos más cómodos, pero no del todo fieles a lo que realmente vivieron.
Por eso, al plantear una red de supervivientes de tortura, el problema de fondo no es solo qué se recuerda. El problema es quién recuerda, desde dónde se recuerda y para qué se recuerda. En realidad, hablamos de la política de la memoria y de la posibilidad de convertir una experiencia de sufrimiento extremo en una herramienta de lectura del presente y de construcción del futuro.
Ahí está, a nuestro juicio, la lógica más profunda de una red de supervivientes: impedir que termine imponiéndose una memoria de las personas vencedoras o una memoria fragmentada, hecha de retales inconexos que dejan fuera parte del sufrimiento y vuelven incomprensible lo esencial: ¿por qué se produjo tanto dolor y qué efectos dejó? Y, sobre todo, convertir la memoria en una herramienta de presente y de futuro, capaz de reunir lo disperso y devolver sentido a la historia de este pueblo.
Toda sociedad sale de sus conflictos −y, por qué no decirlo, también de sus derrotas, de sus fracturas y de sus violencias− con una disputa abierta por el sentido de lo ocurrido. No se trata solo de establecer hechos, aunque eso sea indispensable. Se trata también de decidir qué significan esos hechos y qué enseñanzas dejan para el presente.
Si quienes padecieron la violencia del Estado quedan dispersos, aislados o reducidos a una condición puramente privada, el riesgo es evidente: que el relato común termine siendo administrado por otras instancias, por quienes tienen más poder institucional o capacidad de fijar marcos interpretativos.
Hay, además, ejemplos históricos que conviene mirar con atención. Tras los Acuerdos de Paz de El Salvador se fue imponiendo una lectura de los años de insurgencia atravesada por una pregunta corrosiva: «¿mereció la pena?». El vacío que dejaron esa lectura y las decepciones posteriores de quienes habían encarnado una promesa de cambio contribuyó a una orfandad de referentes sociales y éticos. Ese vacío ayuda a entender cómo una sociedad puede quedar disponible para salidas autoritarias. El bukelismo no surgió de la nada. Creció también sobre el desgaste del sentido y sobre la sensación de que los años de lucha habían quedado sin traducción pública legible. No es el futuro que pensamos para Euskal Herria, pero sí una advertencia útil: cuando una sociedad pierde la capacidad de dar sentido a sus heridas, otras fuerzas llenan ese vacío.
A veces, ante propuestas como esta, aparece otra reacción, más íntima y difícil de verbalizar. No tanto una negativa frontal como una duda: ¿de verdad serviría para algo? ¿no llega todo demasiado tarde? ¿para qué remover? Esa posición merece respeto extremo, porque a menudo nace no de la indiferencia sino del desgaste. Sería injusto leer ese escepticismo como falta de compromiso. Pero también conviene reconocer, al menos como hipótesis, que cuando una comunidad herida renuncia a reunirse porque piensa que nada puede cambiar, corre el riesgo de aceptar una derrota. No solo la derrota política o histórica, que cada cual interpretará a su manera, sino una derrota más profunda: la derrota del sentido. La idea de que nada sirve para nada es quizá uno de los efectos más hondos de toda violencia extrema. Por eso, organizarse puede tener valor incluso antes de producir resultados visibles: porque desmiente la pedagogía de la impotencia.
Hay además una cuestión que no debería subestimarse: quienes han sido víctimas, y de forma particular quienes han sufrido la tortura, poseen una autoridad moral singular. No una autoridad automática ni sagrada, ni una patente de razón sobre cualquier asunto. Pero sí una autoridad nacida de haber atravesado una experiencia límite que interpela al conjunto de la sociedad. Esa autoridad convierte a las víctimas en una referencia ética, social y también política. Es un capital colectivo. Y, como todo capital valioso, puede perderse, desperdiciarse o dejarse en manos de otras personas.
Esa autoridad no debería quedar encerrada en el testimonio puntual, en el homenaje esporádico o en la presencia simbólica en determinados actos. Puede y debe traducirse de forma más activa. Quienes han conocido por dentro las lógicas de la violencia estatal, quienes han aprendido lo que significa ser despojadas de voz, de control y de dignidad, tienen un conocimiento que no es solo biográfico: es también social y político. Saben algo sobre el poder, sobre sus máscaras, sobre sus justificaciones, sobre la facilidad con que una democracia puede tolerar zonas de excepción. Y ese saber no debería perderse.
Por eso conviene decirlo con claridad: el tema no es solo hacer memoria. O, mejor dicho, no se trata de hacer memoria como si la memoria fuera un fin en sí mismo. Se trata de hacer política desde la memoria y con el conocimiento que da lo vivido. No política partidista. No política entendida como la prolongación de viejos alineamientos. Sino política en el sentido más noble del término: lectura del presente, intervención en lo común, producción de criterio, transmisión de valores y defensa de límites éticos frente a nuevas formas de abuso y dominación.
Ese punto es importante porque la tortura y la violencia estatal no afectaron de manera homogénea ni pueden quedar narradas como si pertenecieran en exclusiva a una sola tradición política. Sería un error moral e histórico reducirlas a un único espacio, por mayoritario que este haya sido en determinados periodos. En torno a ellas hay trayectorias, sensibilidades y biografías diversas. Hay personas con recorridos muy distintos, personas sin adscripción partidista clara, familias atravesadas por el miedo o la estigmatización y generaciones que heredaron las consecuencias sin haber participado directamente en los acontecimientos. Si una red quiere ser un lugar de reconocimiento amplio, su punto de partida no puede ser una identidad política previa, sino una experiencia compartida de violencia y desposesión.
De ahí que la base de una red tenga que ser nítida: lo que une a quienes la integren es su condición de supervivientes de la violencia del Estado. Ese es el suelo común. No la adscripción partidista ni la familia ideológica concreta. Si se traslada al interior de la red todo ese repertorio de diferencias, el riesgo es reproducir precisamente aquello que tantas veces fragmentó y debilitó. La condición de superviviente remite a otra cosa: al hecho de haber atravesado una experiencia de sufrimiento que, sin borrar las diferencias, permite situarlas en otro plano.
Eso exige también despejar un malentendido importante. Una red así no tendría por qué basarse en la obligación de recordar una y otra vez lo que le ocurrió a cada persona. No tendría por qué consistir en revivir, exponer o narrar permanentemente el daño sufrido.
Hay quienes pueden encontrar ahí una vía de elaboración; otras personas, no. Y es perfectamente comprensible que alguien piense: yo ya sé lo que me pasó; no necesito volver a contarlo; no quiero convertirme otra vez en objeto de escucha, de compasión o de curiosidad.
Precisamente por eso la lógica de una red debería ser la contraria. No hace falta convertir el sufrimiento en palabra pública ni en requisito de pertenencia. No se trata de fijar una identidad basada exclusivamente en la herida. Se trata de partir de una experiencia compartida para producir algo en común: lectura política, apoyo mutuo, transmisión generacional, defensa de derechos, vigilancia crítica frente a nuevas formas de control y presencia pública. La red no tendría sentido porque obligue a volver al pasado, sino porque permitiría transformar ese pasado en capacidad de acción.
En este punto conviene entender y respetar que las distintas redes, asociaciones o espacios de víctimas no tienen por qué avanzar al mismo ritmo ni expresarse del mismo modo. Hay procesos más vinculados a marcos institucionales de reconocimiento y otros surgidos desde dinámicas más comunitarias. Hay sensibilidades diferentes respecto de la reconciliación, la no violencia o la propia presencia pública. Todo eso existe y no tiene por qué borrarse. Pero también hay una necesidad común: poner palabras a lo silenciado, transmitir a la sociedad lo vivido y hacer comprensible la tortura y sus consecuencias.
Desde ese punto de vista, la experiencia navarra ha abierto un camino que no debería ignorarse. Una red en Euskadi −y quizá, a medio plazo, una articulación más amplia en todo Euskal Herria− no nacería al margen de ese recorrido, sino apoyándose en lo ya andado, aun cuando los ritmos y marcos institucionales hayan sido distintos.
Y quizá uno de los cometidos más delicados tenga que ver con la transmisión. A veces se percibe cierta desmotivación en la generación siguiente, cierta fatiga histórica, cierta distancia respecto de aquello que fue central para quienes vinieron antes. No conviene convertir eso en un juicio moral sobre la gente joven. Pero sí puede formularse una hipótesis: parte de esa distancia no nace de la falta de sensibilidad ética, sino de la percepción de cansancio, escepticismo o ausencia de horizonte.
Si eso fuera así, una red de supervivientes podría tener una función decisiva. No como ejercicio nostálgico ni como apelación sentimental a un pasado heroico, sino como un espacio capaz de traducir experiencia en criterio.
No se trataría de pedir adhesión a una memoria cerrada, sino de ofrecer claves para pensar el presente, para reconocer mecanismos de dominación, usos del miedo, lenguajes que deshumanizan y zonas de excepción que vuelven a aparecer bajo formas nuevas.
Y ahí aparece otra idea central: aplicar el conocimiento acumulado sobre el sistema y sus lógicas a los problemas actuales. Quien ha sobrevivido a la tortura sabe algo sobre los mecanismos del poder cuando este decide convertir a una persona en objeto. Conoce las tecnologías del aislamiento, de la despersonalización, del miedo, del castigo ejemplar y del lenguaje que encubre la violencia. Ese aprendizaje no pertenece solo al pasado. Puede ayudar a leer el presente.
Vivimos en un mundo donde se imponen formas de control social cada vez más poderosas, más capilares y a menudo más invisibles. Formas de poder que convierten a las personas en piezas intercambiables, en datos, en cuerpos gestionados. Muchas de esas lógicas aparecen disfrazadas de modernidad, de eficiencia o de seguridad. Precisamente por eso el valor de una red organizada de supervivientes es inmenso. Porque puede aportar una sensibilidad crítica poco común frente a toda forma de cosificación y de dominación. Porque puede detectar antes que otras miradas cuándo un sistema empieza a tratar a los seres humanos como objetos. Porque puede alzar la voz frente al auge de la ultraderecha, de los discursos punitivos y de las derivas autoritarias antes de que estos se naturalicen.
En un tiempo marcado por el cansancio, el escepticismo y la fragmentación, quizá la pregunta correcta no sea si tiene sentido organizar una red así. La pregunta correcta es qué se pierde si no se hace. Se pierde la posibilidad de que la memoria sea también una herramienta política. Se pierde un capital moral difícilmente sustituible. Y, sobre todo, se deja abierta la puerta a que la historia la sigan escribiendo otras personas.
Tal vez no haya que pedirle a una red más de lo que una red puede dar. No resolverá por sí sola las fracturas históricas, no curará todo el daño, no suprimirá las diferencias internas ni disipará la fatiga de décadas. Pero puede hacer algo esencial: afirmar que lo vivido no termina en la intimidad de cada cual; que del sufrimiento también puede nacer criterio; que la dignidad compartida puede convertirse en vínculo; y que, frente a un mundo que insiste una y otra vez en aislarnos, organizarse sigue siendo una forma de resistencia y de lucha. También una manera de mostrar a las generaciones venideras que desde la unión se puede hacer frente a las políticas del poder; que compartir una memoria completa es empezar a tejer una reparación posible para este pueblo.
Donde el dolor se hace brújula: el sentido de una red de supervivientes de tortura para Euskal Herria
Fuentes: Naiz