Dar malas noticias nunca es agradable, pero alguien tiene que hacerlo. Asistimos a una campaña general a favor de los pactos y, a diferencia de la presidenta Ayuso, el alcalde Almeida ha hecho bandera del acuerdo. Muchos alaban su talante, empezando por la oposición que le ha dado su respaldo. Sin embargo, lo realmente elogiable de Almeida es su habilidad para embarcar al PSOE y a Más Madrid en un acuerdo del que los principales beneficiarios serán las grandes empresas, y su gobierno[1]. Hasta Vox se ha subido al carro, lo que debería darnos que pensar.
El acuerdo firmado en julio entre todos los partidos del pleno municipal de Madrid recoge hermosas declaraciones de intenciones. Y la más llamativa de ellas es su apuesta por “impulsar el desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler similar al existente en las ciudades europeas más avanzadas, como Viena, Berlín, Ámsterdam, o París, tendente a alcanzar un 20% del parque inmobiliario”.
¡Qué maravilla! Pero no plantean ni cifras concretas ni plazos para alcanzar ese objetivo, salvo que se continuará con la promoción de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) “hasta conseguir la construcción de aproximadamente 15.000 nuevas viviendas protegidas públicas en alquiler social a lo largo de los próximos años”.
Vivienda: mucho ruido y pocas nueces
Hagamos cuentas para ver qué nos están prometiendo. La EMVS tiene 6.300 viviendas. Si les sumamos las de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad, 17.800, el total de vivienda pública en alquiler en la ciudad de Madrid asciende a 24.100, el 1,1% del parque inmobiliario, que es de 1.530.000. Para llegar a ese 20% necesitamos incrementar el parque público de viviendas en alquiler en casi 290.000 viviendas más.
Eso nos acercaría al nivel de París, cuyo porcentaje de vivienda en alquiler social es de un 22%[2]. Y seguiríamos a años luz de Viena donde el 60% de sus 1,8 millones de habitantes vive en una casa protegida[3].
A principios de año, la EMVS tenía 38 promociones de vivienda pública en alquiler, con un total de 3.200 viviendas, de las cuales sólo estaban terminadas 5 promociones, 212 pisos[4]. Entre 2001 y 2015, en Madrid se promovieron 3.640 pisos públicos, mientras en París se promovieron 7.000 cada año[5]. Vamos a suponer que, a partir de ahora, se construyen 3.200 viviendas en cada legislatura. Las 15.000 a construir en los “próximos años” necesitarían 20 años. Si tenemos en cuenta que, en enero, para el último sorteo de 163 pisos de la EMVS, se presentaron 26.000 demandantes, no se cubriría ni la demanda existente (en realidad mucho mayor). Para alcanzar el 10% de vivienda pública del total de parque inmobiliario, harían falta 165 años.
Pero además la construcción de vivienda municipal en los nuevos desarrollos urbanísticos tiene como techo el 2% del parque inmobiliario de la ciudad[6]. Cruzar esa frontera para conseguir un parque público de tamaño digno requeriría una intervención activa del Ayuntamiento en el mercado inmobiliario que no aparece en los acuerdos, ya que se confía en la continuidad del programa actual de adquisiciones de vivienda, con el que se obtienen menos de 40 al año, un 1% del parque inmobiliario cada 400 años. En resumen, los acuerdos no proponen ningún plazo para conseguir su objetivo, pero con esas medidas no se alcanzaría antes de 6.000 años.
Respecto a la incorporación de vivienda vacía al parque público (con la compra de vivienda, ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, mediando en el alquiler, etcétera), ni tan siquiera se hace una estimación de los objetivos.
Se facilita el negocio privado
Si bien el acuerdo nos vende humo en lo que al parqué público de vivienda se refiere, lo que logra a cambio es facilitar el negocio a las empresas privadas, que es lo que realmente les importa: “Acometer la modificación de las normas urbanísticas para generar o visualizar contenidos económicos reales, mayor edificabilidad por ejemplo, que hagan atractivas estas actuaciones para los promotores privados”.
También se abre la puerta del suelo público a las empresas privadas en materia de alquiler: “Desarrollar fórmulas de colaboración público privada para construir vivienda de alquiler a precios asequibles en las parcelas municipales con la calificación de vivienda libre”. Una de las herencias envenenadas de la política urbanística de la derecha es que la mayor parte de las viviendas que puede promover directamente el Ayuntamiento está en ese tipo de parcelas, de modo que se nos anuncia su concesión a empresas privadas por plazos de hasta 75 años (el máximo legal en la Comunidad de Madrid).
Y aquí está la madre del cordero, hacer “atractiva” la inversión inmobiliaria. Es evidente que, cómo es previsible que la venta de vivienda privada no va a volver a ser el negocio que fue, se trata de abrir nuevos espacios de rentabilidad para el capital en el terreno del alquiler y la rehabilitación de vivienda, con abundantes ayudas públicas. Nada nuevo bajo el sol. Pero ahora, con el aval de la “izquierda”.
Además, se abre la puerta a la “transformación de parte del suelo dotacional en residencial”, una medida que, en manos de la derecha, es garantizar que ese suelo pasará a ser parte del negocio de la vivienda y que el déficit dotacional crónico de los barrios se agravará.
El objetivo mínimo en vivienda debería ser atender la demanda existente en una legislatura, 26.000 demandantes. Es decir, promover 6.500 viviendas públicas anuales, bien de nueva construcción por la propia EMVS, bien con una intervención a fondo en la vivienda vacía con todos los medios al alcance del Consistorio.
La clave es dejar de considerar la vivienda como un negocio y tratarla como un bien social básico. El coste real de construir una vivienda es muy inferior a los precios de mercado. Y con esos costes reales hay que trabajar para garantizar el acceso a un derecho básico como es la vivienda.
Y la primera condición es dejar de usar el suelo público como negocio. Por ejemplo, los terrenos de la Operación Campamento y de la antigua Cárcel de Carabanchel son, en su inmensa mayoría, públicos y deben dedicarse al 100% a dotaciones, a vivienda pública en alquiler y a preservar los espacios verdes. Eso reivindica el movimiento vecinal. El primer responsable de que eso sea así es el Ayuntamiento, pero esperar eso de la derecha es pedirle peras al olmo. Son los representantes de las grandes empresas, y su política está al servicio de ellas, como hizo Gallardón con Calle 30. Lo triste es que el PSOE y Más Madrid se presten a ese juego, como ya hicieron con su apoyo a la operación Chamartín (Madrid Nuevo Norte) a pesar del rechazo el movimiento vecinal y ecologista.
Los Servicios Sociales no se toman en serio
Pero si en un terreno es evidente cuáles son las prioridades del Consistorio de la derecha es en el de los Servicios Sociales. De las 352 medidas propuestas, sólo 8 corresponden a esta materia. En aras al “refuerzo del personal de Servicios Sociales” y dotarlos de los medios humanos necesarios, “en los próximos meses de realizará un análisis”. Ni una sola cifra. Deberían empezar por comprometerse en garantizar un trabajador/a social por cada 3.000 habitantes, que es lo que reclama el Colegio Oficial de Trabajo Social. Eso implicará algo más del doble de la actual plantilla. Dada la gravedad de la crisis sanitaria y social es lo mínimo que cabe hacer.
Sin embargo, por su actuación en esta crisis alimentaria ya podemos hacernos una idea de lo que nos espera. A pesar de los recursos económicos de los que dispone el Ayuntamiento, más de 45.000 personas han tenido que ser atendidas por el movimiento vecinal y social, porque el Consistorio no era capaz de hacerlo. ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento con un presupuesto de 5.500 millones de euros no haya sido capaz de garantizar la alimentación a todo el que lo necesitase durante la pandemia? ¿Y ahora nos dicen que van a hacer un análisis en “los próximos meses”?
Si no han atendido esta emergencia alimentaria como deberían es porque no ha sido su prioridad, digan lo que digan. Los contratos de emergencia alimentaria tramitados (que no necesariamente ejecutados) por el Consistorio, a fecha 6 de julio, son inferiores a 8 millones de euros, un 0,14% de todo el presupuesto. El Ayuntamiento debería haber creado despensas municipales en todos los distritos y doblado, como mínimo, el personal de servicios sociales. Nada de eso ha llegado.
Con estos antecedentes, no cabe esperar mucho de las palabras de Almeida y su equipo. Sólo quieren la fotografía del pacto, para reforzar su posición política. Y es difícil entender que la “oposición” les ayude a ejercer esa representación.
Almeida sabe que la gestión del PP durante la pandemia, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, ha sido un absoluto fracaso. La ejecución presupuestaria es ridícula y, aunque pondrán como excusa al coronavirus, no han sido capaces de gestionar ni siquiera el presupuesto extraordinario para hacer frente a sus efectos.
Han ahorrado una gran cantidad de dinero por la suspensión de contratos de servicios que no se sabe a dónde irá. Han utilizado los ERTEs para suspender servicios más allá de toda lógica social. Comedores escolares, Escuelas Infantiles… que han seguido trabajando, o podían haberlo hecho, durante la pandemia. Las Escuelas Infantiles se ofrecieron para hacer comida para las familias que cobraban RMI, y otras necesidades, pero se les negó tajantemente la posibilidad. Se cierran comedores escolares que podían haber evitado las colas del hambre, pero se prefiere hacer contratos vergonzosos con Rodilla o Telepizza. En vez de utilizar los propios recursos municipales, o que ya tenían contratados, aprovechan la ocasión para hacer contratos a grandes empresas para darles negocio durante el confinamiento. Ni siquiera ha tenido el gesto de hacer algunos contratos con el pequeño comercio de los distritos y barrios para ayudar a ese sector.
Llegar a un Pacto con ellos en estas circunstancias es respaldar su gestión, tanto la de recorte del gasto social plasmada en los presupuestos de 2020, ya puesta en marcha antes de la pandemia, y la gestión desastrosa durante ella. Es significativo del valor de este pacto para la inmensa mayoría que se haya dejado totalmente fuera temas como Igualdad y Género.
Una política a medida de la derecha
No se establecen objetivos concretos para ampliar la plantilla municipal. Por ejemplo, en la Asistencia a Domicilio, ya insuficiente antes de la pandemia y más necesaria que nunca. O en Limpieza. Si se van a ampliar los servicios de la EMT, ¿cuánto crecerá la plantilla, que ya es insuficiente para los servicios actuales? Se habla de solicitar que la plantilla municipal, los bomberos y el Samur sean considerados servicios esenciales para facilitar aumentar su número, lo que nos parece muy bien. Pero en qué cantidad ¿y el resto de los servicios? ¿Se van a auditar los servicios que prestan empresas privadas para ver si cumplen con las condiciones? ¿Son suficientes para atender las necesidades desde el inicio de la pandemia?
No se habla tampoco de recuperar su prestación pública directa, que permitiría disponer de más recursos para el propio servicio y garantizar condiciones de trabajo estables y dignas.
Ni una palabra de aumentar la progresividad fiscal para que paguen más los que más tienen. Nada de eso puede extrañarnos, pues el gobierno de Almeida se apresuró al inicio de la pandemia a bajar el IAE un 25% a buena parte de las grandes empresas, incluidas las casas de apuestas. La prueba última de que estamos ante una declaración de buenas intenciones, en el mejor de los casos, es la ausencia de medidas presupuestarias que respalden las propuestas. El texto usa más de 50 veces la palabra impulsar, así como la de “promover”, “estudiar”, “avanzar” y un sinfín de verbos lo suficientemente vagos para que no comprometan a nada.
La derecha actuará conforme a los intereses de clase que defiende, de acuerdo con su naturaleza. Lamentablemente, no están siendo igual de coherentes quienes representan a la izquierda en el Pleno municipal.
Desde luego, el Gobierno central debe garantizar recursos suficientes a los municipios para atender las necesidades sociales y dotarse de unos servicios públicos adecuados. Y el primer paso es levantar de una vez por todas las leyes que limitan que los ayuntamientos puedan hacer uso de la totalidad del superávit, igual que tiene que derogar la reforma laboral si no quiere dejar indefensos a los trabajadores y trabajadoras frente a la patronal.
Pero, a la vez, esos recursos deben estar condicionados a políticas sociales. Hay que regular los alquileres con una legislación estatal. Hay que permitir la ampliación de las plantillas públicas, derogando la tasa de reposición, y legislar para facilitar la devolución al sector público de los servicios privatizados y garantizar que los recursos, así como el suelo, se emplean en atender las necesidades sociales y no el negocio privado de un puñado de grandes empresas.
En sus manos está, también, que terrenos como los de la Operación Campamento y la Cárcel de Carabanchel, que son propiedad de los ministerios de Defensa e Interior, respectivamente, se empleen para atender las necesidades sociales y no para el lucro privado.
Si el Gobierno central actúa conforme a esa política en seguida será evidente la imposibilidad un gran pacto con la derecha. Por eso, PSOE y Más Madrid se equivocan al sembrar esperanzas en que un acuerdo con la derecha resuelva los problemas de la mayoría de la sociedad.
El único acuerdo posible es el de
todas las organizaciones de la izquierda política y sindical, del movimiento
vecinal, sindical, feminista y ecologista, de los colectivos de pensionistas,
inmigrantes, etcétera, para luchar de forma unitaria y democrática por nuestros
derechos, con la misma coherencia con que la derecha defiende a la élite
dominante.
[1] https://www.madrid.es/UnidadWeb/Coronavirus/20200702AcuerdosDELAVILLA.pdf
[2] https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2018/07/18/766622-radiografia-del-alquiler-social-en-paris-un-22-de-las-casas-son-vpo-frente-al-1-de
[3] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/03/economia/1556907468_058543.html
[4] https://www.emvs.es/Comunicacion/Noticias/2020/Paginas/primeraConvocatoria0611.aspx
[5] https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2018/07/18/766622-radiografia-del-alquiler-social-en-paris-un-22-de-las-casas-son-vpo-frente-al-1-de
[6] Los suelos de cesión obligatoria, que son el 10 % del aprovechamiento urbanístico, unas 20.000 viviendas de las 180.000 que faltan por desarrollar, aproximadamente el 2% del parque inmobiliario total que tendrá Madrid en el futuro, de 1,7 millones de viviendas
Jordi Escuer, miembro de la Colegiada de IU Madrid ciudad