La propuesta de reforma del sistema público de pensiones que el Gobierno trasladará el próximo mes a sindicatos y empresarios pretende, entre otros aspectos, que uno de cada dos trabajadores del régimen general de la Seguridad Social prolongue su vida laboral hasta los 65 años, es decrir, que al menos el 50% de los trabajadores […]
La propuesta de reforma del sistema público de pensiones que el Gobierno trasladará el próximo mes a sindicatos y empresarios pretende, entre otros aspectos, que uno de cada dos trabajadores del régimen general de la Seguridad Social prolongue su vida laboral hasta los 65 años, es decrir, que al menos el 50% de los trabajadores se jubile después de esa edad.
Según indicó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dos de cada tres trabajadores del régimen general se jubilan antes de dicha edad y el Ejecutivo se plantea «invertir esta tendencia», lo que requerirá eliminar algunas «rentabilidades perversas» que han causado una elevada cifra de prejubilaciones.
La propuesta de reforma, basada en las medidas propuestas en 2003 por la comisión de revisión del Pacto de Toledo, pretende «prolongar la vida laboral» sin elevar el límite de 65 años y cambiar la actual situación en la que, a partir de 60 años, los trabajadores «tienen más incentivos para dejarlo que para seguir».
«Los únicos incentivos son para los empresarios y hay que lograr que la edad real se acerque a los 65 años, lo que hace necesario incentivar económicamente a los trabajadores, garantizarles que cuanto más tiempo hayan trabajado, más pensión tendrán», añadió. Apuntó que «no es lo mismo pedir que se jubile a los 65 años a quien empezó a trabajar a los 30 que a alguien que empezó a los 14», e indicó que algunos aspectos de esta reforma no entrarán en vigor hasta 2015 «porque también está pensada para quien empezó a trabajar en 1990 y no en 1970».
Asimismo, el Gobierno aspira a conseguir, según Granado, que la jubilación anticipada sea «un instrumento» para las situaciones de crisis industrial o de despido, pero que deje de ser utilizada por grandes empresas «para sanear su cuenta de resultados a cuenta del erario público». A su juicio, en España se han producido en los últimos años reconversiones industriales «traumáticas» de forma paralela a otras «blandas que ha pagado la Seguridad Social», e incidió en que el Gobierno pretende que a una empresa con beneficios «no le resulte rentable despedir a sus trabajadores».
Según el secretario de Estado, dado que el gasto de las pensiones en España se sitúa en el 8,19% del PIB y en el futuro alcanzará el 12%, es necesario acometer ahora y de manera «paulatina» las reformas para hacer «sostenible» el sistema público y evitar en el futuro «situaciones traumáticas o problemas de exclusión social».
Granado indicó que las medidas que planteará el Gobierno a los agentes sociales pretenden «garantizar la sostenibilidad» del sistema de protección y «consolidarlo» con especial atención a la mejora de las pensiones más bajas que, hasta 2005, «habían crecido durante muchos años por debajo de la riqueza nacional».
Aunque eludió concretar el contenido de la propuesta del Ejecutivo, adelantó que incluirá aspectos como la integración paulatina de los diferentes regímenes de la Seguridad Social, así como cambios en las pensiones de viudedad.
Apuntó que esta prestación se percibe hasta ahora de igual manera tanto si es la única renta disponible «como si se acumula a otra pensión» y consideró que, en este último caso, «tendría sentido» plantearse una reducción de la pensión.