Ayer, viernes 4 de abril, fue un día marcado por la violencia e ilegalidad contra quienes luchan por el derecho a una vivienda digna. A las 11:45 de la mañana estaba previsto el desahucio de Mónica, una inquilina de 70 años enferma de Alzheimer que no debe un solo euro al propietario. El piso en […]
Ayer, viernes 4 de abril, fue un día marcado por la violencia e ilegalidad contra quienes luchan por el derecho a una vivienda digna.
A las 11:45 de la mañana estaba previsto el desahucio de Mónica, una inquilina de 70 años enferma de Alzheimer que no debe un solo euro al propietario. El piso en el que vive desde hace 40 años, situado en el Paseo de la Castellana, constituye una oportunidad perfecta para la especulación. El propietario, tras años de pleitos y acoso inmobiliario, consiguió que una jueza decretase el desahucio, sin tener en cuenta el impacto que podía tener para la enfermedad de Mónica.
Desde las 10 de la mañana, más de 200 personas -entre vecinos y solidarios- se concentraban frente al portal para frenar esta injusticia. Poco después llegaban varias furgonetas de la UIP que, sin mediar palabra, desataron la violencia contra los presentes. En esta ocasión no hubo diálogo, negociación o requerimiento para abandonar voluntariamente la entrada. Los agentes arremetieron a empujones y golpes hasta que tomaron el control del portal, identificando a varias personas y deteniendo a un hombre de unos sesenta años. La dureza de la intervención se incrementó en el segundo acceso al portal, donde se sucedieron las cargas y las agresiones gratuitas. Numerosas personas fueron arrojadas y golpeadas contra el suelo; una mujer de 60 años tuvo que ser atendida por el SAMUR, fue trasladada al hospital y actualmente se encuentra ingresada en observación. Otra mujer de 50 años fue detenida mientras los periodistas que trataban de informar de lo sucedido fueron amenazados y agredidos. Cuando el desahucio se había paralizado y los concentrados abandonaban el lugar, una persona que volvía a casa fue retenida y el hijo de Mónica fue identificado.
Ayer también decenas de policías acudían a casa de Agripina y sus 3 hijos menores para echarlos de su vivienda, perteneciente a la EMVS. El desahucio se produce después de que la diputada Eva Durán se comprometiera a paralizarlo junto con otras 3 familias a las que van a desahuciar próximamente. La diputada mintió y ayer por la mañana Agripina y sus hijos han sido desalojados 20 días antes de la fecha fijada para el lanzamiento, quedándose literalmente en la calle al carecer de alternativa habitacional. La EMV ha cometido una manifiesta ilegalidad al ejecutar en el día de ayer un desahucio señalado para el 26 de abril.
Por último, la policía desalojó el centro social okupado Raíces, situado en un inmueble propiedad de Bankia abandonado desde hace años. El trabajo de construcción realizado durante meses por los vecinos, es arrojado por la borda para construir un hotel. Sabemos que los desalojos no frenarán la expansión de los centros sociales madrileños, que serán 10, 100, 1000.
Su represión no nos parará
¡Ni desahucios ni desalojos!